Los otros rusos que (mal)viven en España

El anuncio del gobierno ha suscitado reacciones de todo tipo.  Entre los defensores, se encuentra, lógicamente, el sector inmobiliario, ya que la medida está pensada para dar salida al gran stock de viviendas que existe en España. 

Sin embargo, no son pocos los que desconfían de sus efectos, por ejemplo, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, Joan Ollé,  o el cónsul ruso en Barcelona, Yuri Klimenko. Sus argumentos son, de un lado, que la mayoría de los rusos que compran casa en España la quieren como segunda residencia y, por otro, que las facilidades  en los visados (actualmente, se conceden de hasta cinco años de duración) hacen que el permiso de residencia permanente no sea tan codiciado. 

Por su parte, las entidades sociales han puesto el grito en el cielo. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, no ha dudado en calificar de “inmoral” esta iniciativa. 

“¿Cuál es el objetivo de esta medida?”, se pregunta la presidenta de la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes de Cataluña, AMIC-UGT, Raquel Gil. Y ella misma responde: “Ayudar a la gente que vive aquí y que se ha quedado sin casa, seguro que no”. 

Gil lamenta que el gobierno español no haya emulado a otros países, donde se establece una suma económica mucho mayor para el permiso de residencia y, donde se liga la obtención de este documento a la creación de empresas y de puestos de trabajo. Sin embargo, con la modificación de la ley de extranjería del gobierno español “ni se crea riqueza, ni se crea ocupación”, concluye. 

Baile de cifras 

Según la embajada de Rusia, viven en España entre 60.000 y 65.000 rusos. Estas son las cifras oficiales. Sin embargo, las extraoficiales se aumentan hasta los 600.000 ciudadanos rusos, es decir, diez veces más. 

Lamentablemente, muchos de los ciudadanos rusos que viven aquí lo hacen de manera irregular, por lo que se ven obligados a trabajar en la economía sumergida, según admiten desde AMIC-UGT y también fuentes diplomáticas. 

Son la otra cara de la moneda de los ciudadanos rusos que se instalan en España. Los que no salen en los reportajes estereotipados de los medios de comunicación españoles, en los que sólo se muestran las grandes mansiones y los caprichos carísimos de los nuevos rusos. 

Atrapados en la burbuja inmobiliaria 

Iulia Benzal -el apellido es el de casada porque el de soltera es tan difícil que no me lo quiere ni decir- no es, desde luego, una nueva rusa, pero tampoco vive de manera irregular en España. Tiene nacionalidad rusa y su permiso de residencia en España, gracias a su matrimonio con Antonio, con quien ha tenido un hijo, Enric, que tiene cinco años de edad. 

Iulia vino desde su Toliatti natal (en la región de Samara) para instalarse en la ciudad de la Seat, Martorell, a unos 30 kilómetros de Barcelona. Al principio vivía con su marido y sus suegros en un buen piso de más de 100 metros cuadrados, pero cuando ella y Antonio quisieron ampliar la familia, decidieron que lo mejor era vender este inmueble y comprar dos pisos más modestos para poder vivir ellos en una casa y sus suegros, en otra. 

En aquel momento, invertir en vivienda parecía seguro, así que, hicieron una hipoteca puente y compraron un piso pequeño para los padres de Antonio. Durante un año, tenían que pagar 1.500 euros mensuales en concepto de intereses y calculaban que, en ese tiempo, encontrarían comprador para el piso grande y podrían comprarse otro pequeño para ellos. 

Pero no apareció ningún comprador. Les atrapó la crisis inmobiliaria. El periodo de carencia se agotó y los 1.500 euros mensuales se convirtieron en unos 2.600, una cifra inasumible. Pidieron varios créditos para hacer frente a los pagos, pero en 2009 dejaron de pagar la hipoteca definitivamente y el banco, que les reclama 500.000 euros, inició el proceso de desahucio. 

La subasta de los dos pisos todavía no se ha ejecutado, pero es inminente. 

Murió la madre de Antonio y se quedaron con un ingreso menos. Además, el marido de Iulia tuvo que cambiar de trabajo y en el nuevo el salario es menor. Y hace unos pocos meses, el padre de Iulia, de 81 años, vino a vivir con ellos desde Rusia. 

Pero, dentro de lo que cabe, han tenido suerte, ya que, a diferencia de lo que les ocurre a muchas familias, los dos tienen trabajo –aunque sea precario- y han podido acceder a un piso de alquiler social, por el que pagan 440 euros al mes. 

“Todo mi sueldo va a pagar el alquiler de este piso, los gastos que aún me generan los otros dos pisos y la comida”, explica Antonio, resignado. 

Han hecho tantos recortes como han podido: seguros, el comedor escolar del niño, viajes y comidas fuera de casa, etcétera, pero intentando preservar lo más sagrado, su hijo. 

“Aunque nos ve preocupados, intentamos que la situación le afecte lo menos posible”, asegura Iulia. 

Es más que probable que los pisos se adjudiquen por la mitad o menos del dinero que les pide el banco –una cifra, además, muy inferior al precio al que ellos compraron en su día sus viviendas- , con lo cual, se quedarán sin pisos y con una considerable deuda por saldar. 

Esta es la perversión del sistema financiero e inmobiliario español que ha atrapado a miles de personas como Iulia y Antonio.

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