Una ley para controlar los gastos de los funcionarios

El Senado ruso da el visto bueno a una medida que tiene como objetivo de atajar la corrupción entre los empleados públicos. Fuente: Kommersant

El Senado ruso da el visto bueno a una medida que tiene como objetivo de atajar la corrupción entre los empleados públicos. Fuente: Kommersant

El pasado viernes, el Consejo de la Federación, equivalente al Senado, ha dado el visto bueno a un paquete de leyes presidenciales sobre el control de gastos de los funcionarios. A partir del año que viene los empleados públicos estarán obligados a rendir cuentas de sus gastos y de los desembolsos de sus parientes.

En consonancia con las nuevas normas, quedarán sujetos a control los gastos “relacionados con transacciones para adquirir parcelas de tierra y otros bienes inmuebles, medios de transportes, valores y acciones, si el importe supera los ingresos globales del adquiriente y de su cónyuge, durante los tres años precedentes a la realización de la transacción”. 

Los funcionarios tendrán que presentar un informe no solo de sus propios gastos, sino también de los desembolsos de sus cónyuges e hijos menores de edad. 

Será imprescindible justificar de qué forma se ha logrado adquirir cualquier propiedad. Si no se consigue justificar la compra, el funcionario será despedido y el estado se quedará con ella. 

Al mismo tiempo, los funcionarios que no paguen la multa establecida por ser incapaces de explicar determinadas propiedades se enfrentarán a nuevas responsabilidades penales. 

Las sanciones serían un arresto domiciliario o trabajos de reeducación, y la privación de libertad está excluida. 

Estas normas entrarán en vigor el 1 de enero del año 2013. Los requerimientos se van a ampliar a las transacciones realizadas en el año 2012. 

Así, en abril de 2013, al presentar la declaración, el funcionario va a tener que rendir cuentas no solo de sus ingresos durante el 2012, como siempre, sino también de los gastos durante ese periodo. 

La nueva ley afecta a diputados y senadores, a miembros del gobierno, a los empleados de los entes federales y de los organismos municipales, y también a los trabajadores del Banco Central y del Fondo de Pensiones. 

Según palabras de Vladímir Vasíliev, vicepresidente de la Duma y miembro de Rusia Unida, las enmiendas van a alcanzar a casi diez millones de personas. 

En una entrevista a RossíyskaiaGazeta, Vasíliev ha declarado que la aprobación de la ley sobre el control de gastos de los funcionarios va dirigida, en realidad, a cumplir con el artículo 20 de la Convención de la ONU contra la corrupción, aunque implica una renuncia parcial a la presunción de inocencia. 

“Sí, en cierta forma es una presunción de culpabilidad, pero de eso se trata: es el artículo 20 de la Convención lo que estamos ejecutando con toda esta serie de leyes”, ha resaltado Vasíliev. 

“Lo más importante es que no va a tener que demostrarse por la vía judicial los elementos del delito; será suficiente con una solicitud del fiscal, quien, ante la aparición de discrepancias entre los ingresos y los gastos declarados, presentará una demanda con esa 'incoherencia' en la cantidad, y un tribunal tomará la decisión de confiscar esa propiedad (conseguida con ingresos ilegales) en pro de la Federación Rusa”, dijo Vasíliev. 

En una entrevista a la revista Forbes, el presidente del Tribunal Superior de Arbitraje Antón Ivanov ha expresado su escepticismo en relación a los mecanismos para cumplir la nueva ley. 

“Es imposible comprobar todos los gastos de los funcionarios, es una cantidad ingente de información para cuyo tratamiento faltan recursos humanos y materiales”. 

En su opinión, el sistema de control de gastos será efectivo cuando el funcionario gaste por sí mismo el dinero. 

“Otra cuestión será si todos esos gastos los va a realizar no el funcionario, sino sus parientes o conocidos, por no hablar de que en nuestro país hay una enorme circulación de dinero en efectivo, y no hay forma de calcular una parte muy significativa del mismo”, ha señalado Ivanov. 

El presidente del Tribunal Superior de Arbitraje opina que más tarde o más temprano, Rusia tendrá que pasar a un sistema del control de gastos de todos los ciudadanos. 

“Y entonces será prácticamente imposible esconder dinero o bienes. Pero si, por el mismo tipo de infracción, vamos a cargar a los funcionarios con una responsabilidad penal y no a los demás ciudadanos, entonces estaremos violando el principio constitucional de igualdad, algo inadmisible”. 

El paquete de anteproyectos de ley sobre el control de los gastos de los funcionarios fue propuesto a la Duma Estatal por Dmitri Medvédev en marzo de 2012. 

Con anterioridad, Medvédev había reconocido que el método antiguo para luchar contra la corrupción, la publicación de informes de ingresos, no estaba funcionando. Además, declaró que la primera campaña de promulgación de ingresos de los funcionarios había tenido un efecto prácticamente nulo. 

Para la realización de este artículo se ha utilizado inforamción de Lenta.ru, portal del Consejo de la Federación, Vek, Rossíyskaia Gazeta,Federálnie Nóvosti y  Forbes.

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