Según los datos consultados por Efe, las
zonas "objetivo" se localizan básicamente en la Comunidad Valenciana,
fundamentalmente en poblaciones como Benidorm, Gandía y Oropesa del Mar,
y en la línea costera de Málaga, especialmente en Torremolinos o
Marbella.
Todas estas regiones han sido tradicionalmente muy
atractivas para los extranjeros que viajaban a nuestro país en busca de
un modelo turístico conocido como de "sol y playa".
Igualmente
hay oportunidades por este precio en localizaciones como Sitges en la
Costa de Garraf, Cambrils en la Costa Dorada y en Noja en Cantabria,
según los datos proporcionados por el portal inmobiliario Pisos.com.
Si nos alejamos de la costa, optamos por una vivienda usada o
centramos el foco en poblaciones con un metro cuadrado más económico,
las viviendas que se pueden encontrar por 160.000 euros son algo
mejores.
Por ejemplo, es posible encontrar un chalet por este precio en estas regiones, eso sí, no en primera línea de playa.
En cuanto a las capitales de provincia y según los datos del portal
inmobiliario Idealista.com, se puede comprar un piso de 89 m², con 3
dormitorios y reformado en una zona nueva de Valencia ciudad.
En San Sebastián, en cambio, se podría optar a un piso de 80 m² y 3
dormitorios pero en una de las zonas menos exclusivas de la ciudad,
mientras que en Granada la vivienda tipo sería una de 70 m² en un barrio
nuevo.
Si nos vamos a las islas, se puede comprar una finca
rústica de 4 habitaciones en el interior de Mallorca o una casa adosada
de 90 m² de segunda mano en la playa, mientras que en Menorca se puede
acceder a un apartamento de 70 m² de segunda mano en primera línea de
playa, según Fotocasa.
Y es que, en España hay 676.038
viviendas nuevas sin vender, según los datos de 2011 del Ministerio de
Fomento, más de la mitad de ellos ubicados en la Comunidad Valenciana,
Andalucía y Cataluña, aunque se desconoce el excedente de vivienda usada
que hay en estos momentos.
Los expertos del sector
inmobiliario consultados por Efe creen que esta iniciativa afectará
fundamentalmente a segundas residencias, que eran las que habitualmente
adquirían los extranjeros antes de la crisis y que son además las que
más pueden interesar a aquellos empresarios que busquen hacer negocios
en España.
Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva,
la propuesta de conceder el permiso de residencia a cambio de la compra
de un inmueble responde a la necesidad de dar salida -a un precio
razonable- al importante excedente de vivienda que hay en España.
No obstante, la propuesta ha generado mucha polémica entre algunos
partidos políticos y sindicatos, que temen que pueda servir para
reactivar la burbuja inmobiliaria y atraer la inversión de extranjeros
que pretendan blanquear dinero, y a los que además se daría el permiso
de residencia.
En España ya existe la posibilidad de conseguir
la residencia temporal no lucrativa, pero para obtenerla hay que
acreditar que se tienen medios económicos suficientes para vivir en el
país, cuantificados mensualmente en cuatro veces el Indicador Público de
Rentas Múltiples (IPREM), que equivale a 532 euros.
A ello hay que sumar otra cantidad equivalente al IPREM por cada miembro de la familia.
Al cierre del segundo trimestre en España había 123.167 personas con
este tipo de residencia, el 15,2 % del total de residentes temporales
autorizados, según los datos del observatorio permanente de la
inmigración del Ministerio de Empleo
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