Por un lado, restringen el acceso a las
páginas que las autoridades consideran dañinas para el público, sea la
difusión de pornografía infantil, venta de drogas "on-line" o
llamamientos al odio étnico y religioso.
Mientras, por el
otro, allanan el camino para la persecución de portales críticos con el
poder debido al papel clave que jugó internet en las protestas
antigubernamentales rusas sin precedentes que estallaron tras las
denuncias de fraude oficialista en las elecciones legislativas del
pasado diciembre.
Dicha iniciativa se sumó a toda una serie de
controvertidas medidas tomadas por las autoridades rusas en los últimos
meses, como la ley sobre "agentes extranjeros", la ley sobre los
delitos de calumnia y difamación, o el endurecimiento de las penas por
acceso ilegal a secretos de Estado.
Los expertos coinciden en
que las nuevas modificaciones de la legislación rusa están hechas de tal
manera que permiten perseguir a la oposición al Kremlin bajo cualquier
pretexto.
"Bastaría con dejar algún comentario extremista en
uno de los portales opositores para que éste resulte cerrado", afirmó el
'bloguero' y dirigente opositor Alexéi Navalni en su portal antes de
que la Duma (Cámara baja del Parlamento ruso) aprobase en julio pasado
sin debate alguno las enmiendas a la ley de información.
"En
calidad de medida para proteger a niños y prevenir la propagación de
materiales no deseados esta ley no sirve en absoluto", afirmó a la
agencia Interfax Antón Nósik, 'bloguero' y director de la empresa SUP
Media.
Explicó que el plazo de 4 días previsto por la ley para
bloquear el contenido dañino y, además, el tiempo que se requiere para
encontrarlo no sería suficiente para la avalancha de esos materiales:
"Es como tapar la fuga en una presa con un dedo".
La rapidez
con la que las autoridades rusas aprueban las restricciones y las ponen
en práctica para incoar causas penales contra los opositores asombra a
aquellos que esperan justicia desde años o decisión alguna con respecto a
sus denuncias.
"Ojalá las autoridades muestren tanta
operatividad en la investigación de los asesinatos de (la periodista
opositora) Anna Politkóvskaya o (del abogado) Serguéi Magnitski", quien
denunció una red de policías corruptos, escriben usuarios rusos de
internet.
La iniciativa de prohibir a los funcionarios
públicos adquirir, a través de fondos públicos, coches cuyo coste supere
los dos millones de rublos (alrededor de 65.000 dólares) propuesta hace
más de un año por la organización "RosPil" se la llevará el viento,
según sus activistas.
Lo mismo ocurre con las denuncias de
corrupción de altos cargos del Gobierno ruso, según la oposición no
parlamentaria, que no ha dejado de revelar numerosos casos de
malversación de fondos públicos por funcionarios.
"Por
supuesto, siempre hay 'un componente subjetivo' a la hora de reaccionar:
las autoridades harán todo lo posible para aplazar la toma de las
decisiones que no les convengan", afirmó a Efe el politólogo Alexandr
Shatílov.
Aseveró que siempre será más fácil aprobar una ley
con restricciones "que aparentemente buscan combatir, como en este caso,
la pornografía o extremismo, algo apoyado por todas las fuerzas
políticas".
Con todo, dudó que las enmiendas, que hoy entran
en vigor, tengan en un futuro próximo un carácter de represalia ya que
"aún no se ha calentado hasta ese extremo la lucha entre la oposición y
el oficialismo".
Todos los derechos reservados por Rossiyskaia Gazeta.