Rusia endurece las penas por acceso ilegal a secreto de Estado

La nueva enmienda a la ley 283.1 del Código Penal de Rusia propone castigar a las personas que obtengan acceso a secretos de Estado a través de secuestro, engaño, soborno o amenazas, con multas de entre 200.000 (alrededor de 6.500 dólares) y 500.000 rublos (unos 16.000 dólares) o penas de hasta 4 años de cárcel.

Además, la nueva modificación de la ley amplia el círculo de las personas que podrían considerarse como traidores de la patria, así como la interpretación del propio concepto de la traición.

Así, entre los "traidores" también pueden figurar organizaciones internacionales que actúen contra los intereses de Rusia y que, según el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), son utilizadas como cobertura de los servicios de inteligencia extranjeros.

Cualquier ayuda de carácter financiero o hasta consultivo a estas organizaciones también podría ser considerada como traición al Estado.

Las polémicas enmiendas rechazadas en su tiempo por el ex presidente ruso, Dmitri Medvédev, hoy fueron aprobadas casi por unanimidad a puerta cerrada.

Con anterioridad, la Duma aprobó otro polémico proyecto de ley que establece el estatus de "agente extranjero" para las ONG que reciben financiación del exterior.

Los llamados "agentes extranjeros" han de ser inscritos en un registro "ad hoc", tras lo cual deberán rendir cuentas a través de una auditoría contable anual e informes semestrales sobre sus actividades en el plazo de 90 días tras su entrada en vigor so pena de multas o de suspensión de actividades.

Además, Rusia comunicó el pasado 19 de septiembre a Estados Unidos que debe cerrar la representación de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en territorio ruso.

Moscú alegó que la USAID ha intentado influir mediante la entrega de subvenciones en los procesos políticos, incluidas elecciones de distinto nivel, y las instituciones de la sociedad política.

Dichas iniciativas llegaron a raíz de las multitudinarias manifestaciones de protesta contra el fraude electoral desde diciembre de 2011 en las que se exigió entre otras cosas la destitución del presidente ruso, Vladímir Putin, por la rampante corrupción y la persecución de la oposición.

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