La nueva enmienda a la ley 283.1 del Código
Penal de Rusia propone castigar a las personas que obtengan acceso a
secretos de Estado a través de secuestro, engaño, soborno o amenazas,
con multas de entre 200.000 (alrededor de 6.500 dólares) y 500.000
rublos (unos 16.000 dólares) o penas de hasta 4 años de cárcel.
Además, la nueva modificación de la ley amplia el círculo de las
personas que podrían considerarse como traidores de la patria, así como
la interpretación del propio concepto de la traición.
Así,
entre los "traidores" también pueden figurar organizaciones
internacionales que actúen contra los intereses de Rusia y que, según el
Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), son utilizadas como
cobertura de los servicios de inteligencia extranjeros.
Cualquier ayuda de carácter financiero o hasta consultivo a estas
organizaciones también podría ser considerada como traición al Estado.
Las polémicas enmiendas rechazadas en su tiempo por el ex presidente
ruso, Dmitri Medvédev, hoy fueron aprobadas casi por unanimidad a puerta
cerrada.
Con anterioridad, la Duma aprobó otro polémico
proyecto de ley que establece el estatus de "agente extranjero" para las
ONG que reciben financiación del exterior.
Los llamados
"agentes extranjeros" han de ser inscritos en un registro "ad hoc", tras
lo cual deberán rendir cuentas a través de una auditoría contable anual
e informes semestrales sobre sus actividades en el plazo de 90 días
tras su entrada en vigor so pena de multas o de suspensión de
actividades.
Además, Rusia comunicó el pasado 19 de septiembre
a Estados Unidos que debe cerrar la representación de su Agencia para
el Desarrollo Internacional (USAID) en territorio ruso.
Moscú
alegó que la USAID ha intentado influir mediante la entrega de
subvenciones en los procesos políticos, incluidas elecciones de distinto
nivel, y las instituciones de la sociedad política.
Dichas
iniciativas llegaron a raíz de las multitudinarias manifestaciones de
protesta contra el fraude electoral desde diciembre de 2011 en las que
se exigió entre otras cosas la destitución del presidente ruso, Vladímir
Putin, por la rampante corrupción y la persecución de la oposición.
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