La situación de los derechos fundamentales
"es desastrosa", la tortura "sigue siendo endémica" y la libertad de
expresión está "severamente limitada" en ese país centroasiático, donde
una quincena de periodistas, miembros de la oposición y religiosos
defensores de los derechos humanos están detenidos, explicaron.
Denunciaron, igualmente, que todavía perdura la impunidad tras la
masacre de Andiyán, en la que cientos de manifestantes pacíficos fueron
asesinados en 2005.
Además, criticaron la represión continua e
implacable contra los defensores de los derechos humanos, "bajo la
excusa de la lucha contra el terrorismo y del extremismo religioso".
Ante el silencio de la comunidad internacional, el régimen "suprime
toda voz disidente" y abogados independientes, periodistas, opositores
políticos y miembros de grupos musulmanes independientes son "detenidos,
torturados y condenados a severas penas de prisión" tras procesos
inicuos, afirmaron.
"Es indispensable" que Francia condene las
violaciones cometidas y pida cumplir con las "obligaciones
internacionales" a las autoridades de ese país, donde defender los
derechos fundamentales, criticar la política gubernamental o practicar
pacíficamente su religión puede ser motivo de encarcelamiento,
consideraron.
Recordaron, no obstante, los elementos políticos
y económicos de los intereses de Francia y de sus socios europeos en
Uzbekistán, relacionados respectivamente con sus recursos energéticos
naturales y las consideraciones estratégicas relacionadas con la
situación en el vecino Afganistán.
Junto con la FIDH firman el
comunicado la Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
(ACAT), la Association Internationale de Défense des Droits de l'Homme
"Club des Coeurs ardents" y la Association Droits de l'Homme en Asie
Centrale (AHRCA).
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