En una rueda de prensa, el portavoz de la
Oficina del Alto Comisionado, Rupert Colville, dijo que el organismo
lamentó la adopción el pasado 2 de octubre en primera lectura de un
borrador de ley (la número 8711) que criminaliza cualquier referencia a
la homosexualidad en los medios de comunicación o en el dominio público.
De adoptarse finalmente esta ley en su forma actual, podría suponer
multas y penas de hasta cinco años de prisión para aquellos que la
infrinjan.
"La ley, que introduce enmiendas antihomosexualidad
en cuatro leyes existentes, así como en el Código Penal ucraniano, es
claramente discriminatoria y va contra los compromisos internacionales
de Ucrania para asegurar la libertad de expresión e información",
denunció Colville.
El portavoz alertó también de que la
aprobación final de esta ley podría minar el derecho a la salud y opinó
que plantea "graves incógnitas sobre la adhesión del país a los valores
de los derechos humanos".
A su juicio, el borrador de la ley
8711 "no puede entenderse junto a la adopción de la ley
antidiscriminación que aprobó Ucrania, y que supone un paseo en la
dirección correcta".
Sin embargo, opinó que para "evitar
algunas de las contradicciones", la ley antidiscriminación debería
reforzarse con referencias explícitas a la orientación sexual y la
identidad de género como posibles vías de discriminación.
Colville recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania
manifestó su esperanza de que el Parlamento tenga en cuenta las
obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos
para proteger los derechos de las minorías en su futura consideración de
la ley 8711.
Finalmente, el portavoz urgió al Gobierno
ucraniano a tomar todas las medidas necesarias para reforzar las
garantías de respeto de los derechos humanos y opinó que la segunda
lectura del borrador, que se completará próximamente, "es una
oportunidad para el Parlamento de rectificar la situación".
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