"Quiero declinar los servicios de mi abogada
Violeta Vólkova y en consecuencia de mis otros dos abogados dado que mi
postura respecto al caso penal no coincide con la suya", dijo
Samutsévich al tribunal sin aclarar las diferencias que la han llevado a
tomar esa decisión.
Comunicó al magistrado que ya tiene otro
letrado, pero que éste no puede aún tomar parte del proceso al no
existir entre ellos una relación contractual.
Aunque en un
principio el magistrado declinó la solicitud de Samutsévich ante la
ausencia de nuevos abogados que pudieran defender a la interesada, tuvo
que retirarse a deliberar después de que la chica manifestara que se ha
quedado sin defensor.
La defensa de Nadezhda Tolokónnikova,
Yekaterina Samutsévich y María Aliójina solicita a la corte "reconocer
que la sentencia es ilegal y sin base jurídica" y dejarla sin efecto al
considerar que no es delito el acto que protagonizaron en el templo de
Cristo Salvador de Moscú contra el actual presidente ruso, Vladímir
Putin, y la cúpula eclesiástica.
La Iglesia Ortodoxa Rusa
(IOR) pidió la víspera a la Justicia rusa que tenga clemencia con las
tres condenadas integrantes del grupo punk Pussy Riot si muestran
arrepentimiento por lo que han hecho.
"No entendemos a qué
clase de arrepentimiento hace referencia la Iglesia. Si como
arrepentimiento suponen que las chicas reconozcan su culpa es algo que
con toda probabilidad no sucederá, ya que contradice a toda lógica de
participación en el proceso judicial", manifestó hoy uno de los letrados
de las Pussy Riot, Mark Feiguín.
Otro letrado, Nikolái
Pólozov, recordó que las tres integrantes del grupo ya pidieron perdón a
los creyentes y aclararon que su actuación estaba dirigida
exclusivamente contra Putin y contra el patriarca de la IOR, Kirill.
El pasado 21 de febrero cinco mujeres encapuchadas penetraron en una
zona restringida del principal templo ortodoxo ruso, donde cantaron y
bailaron.
"Virgen María, echa a Putin", rezaba la famosa canción.
La condena de cárcel a Pussy Riot provocó un aluvión de críticas en
la comunidad internacional, que la consideró desproporcionada y un
atentado contra la libertad de expresión.
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