El mayor productor de aluminio del mundo
anunció hace una semana el cierre de ésta y al menos otras tres plantas
en todo el país.
El cierre de una parte de la planta dejará a
más de 25.000 personas sin medios para subsistir, denunció en el mitin
Ildus Jakímov, diputado de la asamblea municipal de la ciudad.
Difícilmente Vaksleberg podría solucionar hoy en día los problemas de
la planta, pues desde que la dejó el precio del aluminio ha caído un 20
por ciento en los mercados internacionales mientras que la factura
energética para su producción ha subido un 40 por ciento.
Como
resultado, según cálculos recogidos por la agencia Novy Región, la
planta pierde 500 dólares en cada tonelada de aluminio que produce.
Sin embargo, Vakselberg, cuya empresa Sual Partners posee el 15,8 por
ciento de Rusal, critica la "ineficaz gestión" de BAZ y otra plantas y
hasta ha amenazado con vender sus acciones.
Dos mítines casi
seguidos, uno convocado por los sindicatos y otro por el "Comité por la
salvación de BAZ", de corte político, coincidieron en clamar al Kremlin.
"Moscú, el Ural está muriendo" y "Gobierno, es hora de intervenir"
fueron los lemas más suaves que portaban y coreaban los participantes,
que llegaron a amenazar incluso con huelgas de hambre si no se adoptan
medidas urgentes para salvar la planta y la ciudad de 60.000 habitantes
que de ella depende.
El Kremlin, coinciden los analistas,
tendrá que salvar la situación, y no precisamente por simpatía a
Deripaska, unido por lazos matrimoniales a la familia del ex presidente
de Rusia, Borís Yeltsin.
El "zar del aluminio" es blanco de
una investigación por parte del Ministerio del Interior ruso, que en
abril empezó a estudiar los expedientes facilitados por la Justicia
española, que le acusa de blanqueo de dinero en España.
Esta
investigación surgió a raíz de la "operación Avispa" desarrollada en dos
fases en España en 2005 y 2006 y por la que ya fueron condenados seis
miembros de la mafia ruso-georgiana.
Según el auto español,
Deripaska y sus ex socios controlaban varias de las empresas de aluminio
de Rusia que la organización criminal habría ido "conquistando"
mediante la extorsión y el asesinato, y de las cuales obtenían el dinero
que luego blanqueaban.
El martes llegará a Krasnoturinsk una
comisión gubernamental para hallar una solución, pues de lo contrario,
los habitantes amenazan con huelgas de hambre en masa.
No sería la primera vez que el Kremlin se vea obligado a intervenir entre los trabajadores y las empresas de Deripaska.
En 2009 el entonces primer ministro y hoy presidente de Rusia,
Vladímir Putin, tuvo intervenir en persona en una situación similar para
obligar al oligarca que mantuviera en funcionamiento las únicas
industrias de la localidad de Pikaliovo.
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