Los jueces, que reconocieron en el veredicto
que la medida puede "invitar a otros problemas, concretamente al perfil
racial", mantuvieron bloqueada la cláusula que criminaliza a quienes
transporten, alberguen o ayuden a un inmigrante indocumentado en el
estado.
La ley HB 87 de Georgia entró en vigor el 1 de julio
de 2011 sin varios de sus apartados más controvertidos, incluido el que
permitía a las autoridades locales cuestionar a cualquier persona sobre
su estatus migratorio cuando exista alguna "causa probable" de que esté
en el país de forma ilegal.
La Unión de Libertades Civiles
(ACLU), el Centro Sureño contra la Pobreza (SPLC) y del Centro Nacional
de Leyes de Inmigración (NILC) y otras organizaciones forman parte de la
coalición que presentó la demanda para detener la implementación de la
controvertida ley
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