Esta sentencia -detrás de la cual la
oposición extraparlamentaria rusa ve al mandatario del país- ha sido
dictada tras el juicio por lo ocurrido en febrero pasado cuando cinco
miembros de Pussy Riot irrumpieron encapuchadas en una zona restringida
del altar de la catedral de Cristo Redentor en Moscú, empezaron a tocar
la guitarra eléctrica, a bailar en ropa interior y a cantar un tema en
el que se pedía "Madre de Dios, echa a Putin".
Ante la dureza
de la condena judicial, tanto países como organismos internacionales y
organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron a Moscú la
revisión de la misma, al considerarla un ataque a la libertad de
expresión.
Así, el Gobierno de EEUU instó a Rusia a revisar
esta sentencia "desproporcionada" y resaltó su "impacto negativo" sobre
la libertad de expresión.
Pidió a las autoridades rusas que se aseguren de que "el derecho a la libertad de expresión está consagrado" en el país.
En la misma línea, la Unión Europea calificó de "desproporcionada" la
condena y reclamó a Moscú la revisión de la sentencia, con la que la
jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se declaró "muy
decepcionada".
Ashton aseguró que este veredicto, junto a las
supuestas irregularidades durante el juicio, "van en contra de las
obligaciones internacionales de Rusia en lo que se refiere a la libertad
de expresión".
Los países europeos reaccionaron también en
contra de este fallo judicial y, en este sentido, el ministro alemán de
Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, criticó esta dura condena, que,
en su opinión, no está "en proporción con la acción de ese grupo
musical".
Asimismo, Francia deploró la "particularmente
severa" sentencia contra las tres miembros de Pussy Riot, "teniendo en
cuenta los hechos menores que se les reprochan", y pidió que se revise
la misma, pues las vías penales para que ésta no sea efectiva no se han
agotado.
Los organismos paneuropeos también expresaron su
preocupación y, así, la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) criticó la condena impuesta a las integrantes de Pussy
Riot, dado que "las acusaciones de vandalismo y odio religioso no deben
de ser utilizadas para restringir la libertad de expresión".
También calificó de "desproporcionada" la sentencia el Consejo de
Europa, cuyo presidente de la Asamblea Parlamentaria, Jean-Claude
Mignon, pidió la revisión de la misma, al considerar que "las sanciones
deben estar en proporción con la gravedad de los actos cometidos".
Por su parte, Amnistía Internacional pidió a las autoridades rusas la
anulación del fallo judicial y la liberación "inmediata e
incondicional" de las condenadas, pues considera el veredicto un ataque a
la libertad de expresión.
Mientras tanto, en varias capitales europeas se llevaron a cabo manifestaciones en protesta por esta sentencia.
En Berlín, unos 200 manifestantes, encabezados por la jefa del grupo
parlamentario verde, Renate Künast, participaron en una concentración
ante la embajada rusa, mientras en Hamburgo, alrededor de un centenar de
personas desfilaron por la ciudad vestidas con colores chillones, en
solidaridad con las integrantes de Pussy Riot.
En París,
varios cientos de personas se congregaron junto al Centro Pompidou,
convocadas por una decena de asociaciones y ONGs, para pedir la
"inmediata liberación" de las tres integrantes de Pussy Riot.
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