Cómo luchar contra la corrupción

Gracias a la intercesión de Andréi Makarévich, los políticos rusos, periodistas y blogueros han vuelto a discutir en los últimos dos días de comisiones fraudulentas y sobornos. La principal conclusión es que el actual contexto es desesperado y que no se puede erradicar la corrupción. Los sobornos han existido desde el origen de los tiempos y seguirán existiendo. De hecho, la opinión generalizada es que si los empresarios no pagaran sobornos a los funcionarios no habría corrupción. Y si lo hacen es que les conviene. Así que son 'los únicos a los que hay que culpar'.

En mi opinión, todo eso es un disparate. Luchar contra la corrupción en Rusia es una empresa del todo realista e incluso bastante fácil: es una cuestión de voluntad. Para ello, bastaría con introducir un pequeño cambio en la legislación: eximir de responsabilidad al sobornador si éste colabora con la investigación y refiere honestamente todos los detalles del crimen. Entonces el problema comenzará a resolverse en un abrir y cerrar de ojos.

En la actualidad, cualquier oficial corrupto está protegido por una garantía de responsabilidad mutua. Le puede exigir a uno lo que le convenga, pero si va y se lo cuenta a la policía puede acabar en la cárcel por cómplice. Por eso, no hay más remedio que pagar y guardar silencio.

Si pagar un soborno dejara de considerarse delito, muchos empresarios que han pagado el dinero requerido acudirían con sumo gusto a informar del incidente a las autoridades. Porque son pocos los que pagan por voluntad propia. La mayoría son víctimas de una extorsión evidente o velada. Una vez han sucumbido a las exigencias, son culpables de soborno y no se les puede eximir de responsabilidad.

Además, en los últimos tiempos cada vez es más común que los funcionarios exijan el pago de un soborno al empresario y, una vez cobrado, no cumplan lo prometido. Con la legislación actual la justicia no ampara al pagador. Si uno va a quejarse a la policía, será el único que acabará entre rejas. Es evidente que, aprobada la enmienda que propongo, la mayoría de las veces se informaría de estos casos.

No veo en ello ningún problema desde el punto de vista ético. La persona que cobra el soborno y la que lo paga se encuentran en posiciones totalmente desiguales. Uno cuenta con un estatus oficial, enormes posibilidades y toda la maquinaria del Estado a sus espaldas. El otro sólo quiere librarse de los problemas creados por el primero. Mientras que uno se enriquece a resultas del delito, el otro se ve obligado a repartir el dinero que ha ganado con esfuerzo.

¿Cómo es posible que se los ponga al mismo nivel? Para entender el completo disparate de esta lógica, basta con aplicarla a cualquier otro artículo del código penal. Por ejemplo, a la violación o al robo. A nadie se le ocurriría considerar a una víctima de violación o robo como cómplice del crimen. ¿Por qué estamos dispuestos a sí hacerlo con alguien que se ha visto obligado a dar dinero a un bandido que lo amenaza con privarle de la oportunidad de realizar el trabajo que quiere?

La experiencia de otros países muestra que la introducción de semejantes innovaciones legislativas puede ser muy efectiva. Por ejemplo, el crimen organizado causaba estragos en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Los agentes del orden público americanos eran muy conscientes del problema, pero no podían hacer nada al respecto porque la mafia no quería entregar a los suyos. En primer lugar, porque entendían que si empezaban a hablar los meterían en la cárcel por copartícipes. Sin embargo, después de que en 1970 se aprobara la ley de control del crimen organizado, que eximía de responsabilidad criminal a los bandidos que testificaran en contra de sus compañeros delincuentes, la situación comenzó a mejorar a ojos vista. En la actualidad, la mafia en los Estados Unidos ha sido destruida casi por completo o, al menos, ha sido empujada a una clandestinidad profunda. El problema, en esencia, se ha solucionado.

Todavía más cercana a Rusia es la experiencia de Hong Kong. En 1974, aquellos que llamaban a una línea telefónica especial para denunciar casos de corrupción eran absueltos de cualquier responsabilidad en el crimen, incluso si el denunciante estaba implicado. El gobierno de Hong Kong también dejó de considerar como delito “la corrupción por causas ajenas a la voluntad de la persona” (por ejemplo, si un empresario tenía que sobornar a un funcionario a fin de obtener el permiso para abrir un negocio, etc.). Por aquel entonces, según informes independientes, el 94 % de todo el sector gubernamental estaba impregnado de corrupción. Hoy en día, Hong Kong ocupa el puesto 12º en la lista de países menos corruptos del mundo, por delante de Japón, Alemania y Reino Unido. Y ha ocurrido en tan solo 30 años.

Estoy convencido de que estas medidas serían igualmente efectivas en Rusia. Si la persona que ha pagado un soborno pudiera informar en cualquier momento del hecho a la policía, los funcionarios corruptos se echarían a temblar y se revolverían con nerviosismo ante cada llamada a la puerta con el temor de que las autoridades fueran a detenerlos.

Es estúpido decir que nada depende de nosotros y que hay problemas fundamentales que no tienen solución. Es la vía de los perdedores. Cualquier problema puede ser solucionado si hay voluntad política.

Valeri Fédotov es miembro del partido Rusia Unida.

Artículo publicado originalmente en Vzgliad. 

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