La CEC mantiene que Timoshenko no puede en
ningún caso ser candidata en unas elecciones al no haber cumplido aún la
pena de siete años de cárcel a la que fue condenada en octubre del
pasado año por abuso de poder.
Según el artículo 9 de la ley
sobre elección de diputados populares, no se pueden postular como
candidatos los ciudadanos que han cometido delitos y cuyas penas no
hayan expirado o hayan sido anuladas por vía legal.
El recurso
opositor señalaba que, en virtud del artículo 76 de la Constitución,
"los antecedentes penales pueden ser motivo para rechazar la elección
como diputado popular, pero no puede ser razón para impedir el registro
como candidato".
"En el momento en que concluya el proceso electoral la pena puede expirar o ser condonada", añadía.
El partido que encabeza Timoshenko, Batkivschina (Patria), adelantó
hoy que recurrirá de nuevo esta decisión ante las instancias judiciales
locales y, si es necesario, ante el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo.
La líder de la Revolución Naranja, en prisión
desde hace más de un año, había sido designada el pasado 30 de julio el
número uno de la lista por Batkivschina.
La oposición
unificada ucraniana confiaba en el tirón electoral de Timoshenko para
derrotar al Partido de las Regiones del presidente, Víctor Yanukóvich.
Batkivschina se ha dirigido a la comunidad internacional para que
interceda por Timoshenko y Lutsenko ante lo que calificó de "medidas
antidemocráticas de las autoridades ucranianas".
La oposición
insiste en que "sólo la victoria electoral permitirá apartar al actual
poder criminal y poner en libertad a Timoshenko a los otros presos
políticos".
La carismática política ucraniana, cuya libertad
ha sido demandada por las cancillerías occidentales, se encuentra
convaleciente de sus problemas de espalda en una clínica de la ciudad
oriental de Járkov.
Timoshenko, quien acusa a Yanukóvich de
orquestar una campaña de persecución judicial de la oposición, aún tiene
que comparecer ante los tribunales por un segundo proceso abierto en su
contra por malversación de fondos públicos y evasión fiscal.EFE
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