Sin embargo, según la fiscal Victoria Kalitá,
un estudio de los antecedentes clínicos de la acusada, que se negó a
ser sometida a un reconocimiento médico, señala que su estado de salud
le permite participar en las audiencias.
La exjefa del
Gobierno es acusada de causar pérdidas de 3,75 millones de dólares al
Estado durante su etapa al frente de la corporación Sistemas Energéticos
Unidos de Ucrania (SEUU), a mediados de los pasados años noventa.
Timoshenko cumple actualmente una condena de siete años por abuso de
poder, delito del que se declara inocente, por firmar unos contratos de
gas con Rusia considerados onerosos por el Gobierno actual de Ucrania.
El segundo juicio contra Timoshenko podría no ser el último en la
ofensiva legal emprendida por las autoridades ucranianas contra la líder
opositora.
La Fiscalía General anunció en junio que prepara una acusación formal por asesinato contra la ex primera ministra.
El número dos de la Fiscalía, Renat Kuzmín, aseguró que el órgano
judicial tiene pruebas de que Timoshenko está involucrada en el
asesinato del empresario Yevgueni Sherbán, perpetrado en 1996.
Desde que ingresó en prisión en agosto del año pasado, primero de forma
preventiva, Ucrania se enfrenta a una gran presión de toda la comunidad
internacional, y especialmente de la Unión Europea, para que libere a
la líder opositora, que se declara inocente de todos los cargos que se
le imputan.
Las relaciones entre Bruselas y Kiev no han dejado
de empeorar, sobre todo después de la apertura del segundo proceso
contra Timoshenko.
La UE denuncia que el encarcelamiento de la
líder opositora ha sido por motivos políticos y demanda que ésta pueda
participar en las elecciones parlamentarias ucranianas previstas para
octubre de este año.
Timoshenko afirma que los procesos en su
contra fueron ordenados por su rival político, el actual presidente
ucraniano, Víctor Yanukóvich, para apartarle de la vida política e
impedirle participar en los comicios parlamentarios y presidenciales.EFE
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