Agregó que tras la aprobación de la
nueva ley "la parte más afectada" será la oposición liberal no
parlamentaria, que según el oficialismo cuenta con apoyo financiero
desde el exterior.
Con anterioridad, la iniciativa propuesta
por el partido oficialista Rusia Unida, del presidente Vladímir Putin,
causó protestas por parte de numerosos activistas de los derechos
humanos que la consideran como "retorno a los métodos del Estado
totalitario del siglo pasado".
Alegan que este paso tiene como
objetivo acallar los ánimos de protesta en la sociedad rusa y "hallar
un chivo expiatorio, un agente extranjero".
La ley considera
políticamente activas a "las ONG que, independientemente de sus fines
declarados, financien u organicen acciones políticas que persigan
influir en la toma de decisiones de instituciones estatales" y
participen en la formación de la opinión pública con dicho objetivo.
Los llamados "agentes extranjeros" serán inscritos en un registro
creado a tal fin, tras lo cual deberán rendir cuentas a través de una
auditoría contable anual e informes semestrales sobre su actividad.
Las propias ONG que reciban financiación del exterior deberán
inscribirse en la "lista negra" en el plazo de 90 días tras la entrada
en vigor, bajo la amenaza de multas o incluso penas de prisión.
Así, los responsables de las organizaciones que se nieguen a presentar
la documentación para ser incorporadas al registro podrán ser
sancionados con multas de hasta 300.000 rublos (9.200 dólares), 480
horas de trabajos comunitarios e, incluso, penas de prisión de hasta dos
años.
Las ONG que participen en la vida política del país
como "agentes extranjeros" sin figurar en el registro recibirán otras
sanciones: multas de hasta 500.000 rublos (15.350 dólares) para sus
responsables y de hasta un millón de rublos (30.700 dólares) para las
personas jurídicas. EFE
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