El proyecto de ley prevé reconocer
como "agentes extranjeros" a aquellas ONG que reciban financiación de
otros Estados o sus instituciones, organizaciones foráneas o
internacionales o ciudadanos de otros países y que, al mismo tiempo,
participen en la actividad política.
La ley considera
políticamente activas a "las ONG que, independientemente de sus fines
declarados, financien u organicen acciones políticas que persigan
influir en la toma de decisiones de instituciones estatales" y
participen en la formación de la opinión pública con dicho objetivo.
Los llamados "agentes extranjeros" serán inscritos en un registro
creado a tal fin, tras lo cual deberán rendir cuentas a través de una
auditoría contable anual e informes semestrales sobre su actividad.
Las propias ONG que reciban financiación del exterior deberán
inscribirse en la "lista negra" en el plazo de 90 días tras la entrada
en vigor, bajo la amenaza de multas o incluso penas de prisión.
Así, los responsables de las organizaciones que se nieguen a presentar
la documentación para ser incorporadas al registro podrán ser
sancionados con multas de hasta 300.000 rublos (9.200 dólares), 480
horas de trabajos comunitarios e, incluso, penas de prisión de hasta dos
años.
Las ONG que participen en la vida política del país
siendo "agentes extranjeros" sin figurar en el registro recibirán otras
sanciones: multas de hasta 500.000 rublos (15.350 dólares) para sus
responsables y de hasta un millón de rublos (30.700 dólares) para las
personas jurídicas.
"Esto es el retorno a los métodos del
Estado totalitario del siglo pasado", declaró el líder del partido
liberal Yábloko, Serguéi Mitrojin, al comentar el polémico proyecto de
ley.
La líder histórica del Grupo de Helsinki de Moscú (GHM),
Ludmila Alexéyeva, dijo a Efe que esa ONG boicoteará la ley que prepara
el Parlamento ruso para dar un estatus de "agentes extranjeros" a las
organizaciones civiles que se financien desde el exterior y participen
en la vida política.
La dirigente de GHM, que recibe fondos de
la Comisión Europea, el Fondo McArthur y la Agencia para el Desarrollo
Internacional estadounidense, se negó tajantemente a pasar por ese
trámite.
"No sé qué habrá que sacrificar y hacer para lograrlo, pero mientras esté viva no lo consentiré", aseguró Alexéyeva.
La jefa de la rama rusa de Transparencia Internacional, Yelena
Panfílova, señaló en declaraciones publicadas hoy por el periódico "The
Moscow News" que las autoridades rusas "necesitan con urgencia hallar un
chivo expiatorio, un agente extranjero".
Según Panfílova, el
proyecto de ley no sólo es una señal para presionar a las ONG, sino que
muestra también que las autoridades no han superado los "problemas
psicológicos" que les crearon las protestas masivas de los últimos
meses.
"Esta ley está más allá del campo de la jurisprudencia:
entra en el campo de la psiquiatría", afirmó por su parte Alexandr
Cherkásov, director de la organización de defensa de derechos humanos
Memorial. EFE
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