La alta comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció hoy las "graves violaciones" de
los derechos humanos que tienen lugar en Bielorrusia desde finales de
2010 y alertó de su "carácter sistémico".
Pillay presentó ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre Bielorrusia,
en el que recordó que tras las elecciones presidenciales del 19 de
diciembre de 2010 "se produjo un importante deterioro de la situación de
los derechos" en el país.
La alta comisionada criticó que el
Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, considerado por
la oposición el último dictador de Europa, respondiera a una
manifestación "mayoritariamente pacífica" contra el desarrollo del
proceso electoral con una "represión en masa" de los opositores
políticos.
"Después de las elecciones la situación de los derechos humanos se ha seguido deteriorando", lamentó Pillay.
Agregó que "el 19 de diciembre y con posterioridad a esa fecha se
ejecutaron una serie de medidas claramente encaminadas a limitar los
derechos de asociación, de reunión y de expresión, así como el derecho a
un juicio imparcial".
La alta comisionada aseguró que las
denuncias sobre torturas y malos tratos durante la detención "persisten a
día de hoy", al igual que las quejas por la violación de las garantías
procesales.
Según las cifras aportadas por Pillay, "el día de
las elecciones o poco después fueron detenidas 600 personas y fueron
condenados 43 dirigentes de la oposición, activistas y periodistas,
incluidos cinco de los nueve candidatos opositores" a la presidencia del
país.
Pese a que en agosto y septiembre de 2011 se puso en
libertad a varias de estas personas encarceladas, la alta comisionada
denunció que las enmiendas introducidas en varias leyes "han limitado
aún más los derechos civiles y políticos".
"Esta situación
indica el carácter sistémico de los problemas existentes en la esfera de
los derechos humanos de Bielorrusia", expuso en su informe.
El documento elaborado por la alta comisionada recomendó al Gobierno de
Bielorrusia la creación de una institución nacional de derechos humanos,
ya que a su juicio la carencia de este mecanismo "agrava la situación e
impide lograr progresos".
Asimismo, reclamó la puesta en
libertad "sin demora e incondicionalmente" de los opositores, activistas
políticos y periodistas que todavía permanecen encarcelados y solicitó
investigaciones que aclaren las circunstancias de estas detenciones.
Pillay también instó al Gobierno bielorruso a poner fin "de
inmediato" a las formas de presión contra periodistas y a eliminar la
censura y la autocensura en los medios de comunicación.
Solicitó una revisión del código penal para "armonizarlo con las
obligaciones internacionales del Estado" y una moratoria sobre todas las
ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.
Finalmente, llamó al Gobierno bielorruso a autorizar la visita de la
Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas al país para
entrevistarse con autoridades y representantes de la sociedad civil, ya
que, tal y como recordó Pillay, hasta el momento "no se ha permitido el
acceso de la alta comisionada a Bielorrusia".
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