De este modo, la aprobación de las nuevas
medidas restrictivas superó las reticencias que Letonia y Eslovenia
mantenían hasta el último momento.
Esos países ya habían
frenado anteriormente la propuesta comunitaria de introducir sanciones
económicas al régimen por la presencia en la lista de Yuri Shish, un
poderoso empresario bielorruso dueño de un conglomerado de entidades con
intereses e inversiones en ambos Estados.
Esta nueva ronda de
sanciones, aunque llevaba en preparación varias semanas, se aprobó
finalmente pocos días después del fusilamiento, el pasado fin de semana,
de los dos condenados a muerte por el atentado terrorista de hace un
año en el metro de Minsk.
La Unión Europea condenó firmemente esas ejecuciones.
Actualmente, 227 individuos de Bielorrusia tienen prohibida su
entrada en territorio de la Unión y sus activos en Europa congelados.
El pasado 28 de febrero Bielorrusia llamó a consultas a sus
embajadores ante la UE, e invitó a los enviados de la Unión a abandonar
el país, en protesta por la última ronda de medidas restrictivas
aprobadas contra ese país, en la que se incluían en la "lista negra a 19
jueces y dos mandos policiales implicados en la represión de la
oposición".
Ese mismo día, los países de la Unión Europea
acordaron llamar a consultas a sus embajadores en Bielorrusia en
respuesta a las medidas diplomáticas tomadas por Minsk.
La UE
continúa exigiendo la puesta en libertad de todos los opositores
detenidos y encarcelados tras los disturbios que estallaron en la
capital bielorrusa el 19 de diciembre de 2010, cuando la oposición salió
a las calles para denunciar el fraude en las elecciones presidenciales.
Tres candidatos presidenciales, Nikolái Statkevich, Dmitri Uss y
Andréi Sánnikov, fueron condenados a penas que van desde los cinco a los
cinco años y medio de cárcel por organizar disturbios masivos. EFE
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