Una lucha eficaz contra la corrupción

Dibujo de Niyaz Karim

Dibujo de Niyaz Karim

La lucha contra la corrupción va más allá de las fronteras nacionales.

Lo habitual en Rusia es que la persona que habla públicamente sobre un delito de corrupción de algún funcionario acabe siendo objeto de una persecución penal. Un testigo así se encuentra en una situación aún más vulnerable cuanto más alto sea el perfil del acusado. En la mayoría de los casos, los funcionarios corruptos a nivel federal no guardan su capital en Rusia, sino en bancos extranjeros. Tampoco suelen poseer bienes importantes ya que los ponen a nombre de otros, habitualmente miembros de la familia o testaferros. Incluso un reloj que cuesta cientos de miles de dólares, resulta ser el regalo de unos viejos amigos o parientes y nada, lógicamente, tiene que ver con asuntos laborales. Y aunque estos funcionarios vivan en el extranjero en sus chalets de lujo y gasten cientos de miles de dólares en diversión, en su Rusia se le considera personas honestas y de modestos ingresos. Cuando hay alguna demanda por corrupción, los controles más exhaustivos en el propio país no demuestran los excesos. Como resultado, los denunciantes terminan, en el mejor de los casos, como difamadores y sus acusaciones acaban siendo perseguidas por vía penal.

En una democracia, las personas que ostentan el poder representan los intereses de un determinado grupo social. La carrera de los cargos depende de elegir adecuadamente el grupo social, y de la influencia que este tenga en la sociedad en general.

En cambio, en la Rusia actual la situación es completamente distinta. En la práctica, la carrera de cualquier cargo no depende de ningún grupo social, sino de sus relaciones con un número reducido de personas provistas de poder dentro de las propias autoridades. Estas últimas podrían dividirse en dos categorías: por un lado, están las que deciden la designación y la promoción del funcionario; y por otro, las que tienen capacidad para despedir. Dentro de este paradigma la sociedad no desempeña ningún papel, los ciudadanos no tienen opción de participar en el proceso. De modo que las autoridades, a todos los niveles, dependen sólo de sí mismas.

Por ello, para luchar contra la corrupción en Rusia, resulta imprescindible crear cuanto antes un mecanismo adecuado jurídicamente que permita a los ciudadanos llevar ante la ley a los funcionarios de los gobiernos local y federal. De esta manera se rompería el círculo vicioso de las relaciones de poder y se dotaría de más poder a la población civil. El derecho a realizar una reclamación debería hacerse en una institución cívica, independiente del poder político.

Tal mecanismo permitiría reducir la corrupción de las autoridades, ya que esta está inevitablemente relacionada con la baja productividad del trabajo de los funcionarios. Lo que la corrupción hace en el fondo, es sustituir al trabajo. La compra de cargos públicos, tan difundida hoy en día, carecería en gran medida de sentido si hubiese un mecanismo jurídico independiente. Simultáneamente, aumentaría la protección de las personas que  denuncian los casos de corrupción, porque tendrían el respaldo de una institución de la sociedad civil.

Aunque se trata de un problema que va más allá de las fronteras rusas. En el mundo hay numerosos lugares donde se puede lavar el dinero fácilmente, y después, redirigirlo, una vez limpio, a los mercados financieros de Estados Unidos y de la Unión Europea. Al mismo tiempo, las agencias nacionales destinadas al cumplimiento de la ley muchas veces son incapaces (o no quieren) de realizar investigaciones acerca de corrupción fuera de su propia jurisdicción, sobre todo en los países en los que la propiedad privada se protege por un sistema de autoridades públicas.

Para luchar contra este problema habría que crear un centro internacional especializado dentro de  la ONU, destinado a luchar contra la corrupción y a proteger a los testigos. El centro podría contar con un cuerpo supranacional capaz de crear un programa internacional de  protección de testigos y con un equipo con capacidad para llevar a cabo investigaciones sobre casos de corrupción relacionados con el capital y las propiedades de altos mandatarios y funcionarios. En caso de que tal información sea corroborada, las pruebas correspondientes se enviarían a las fuerzas de orden público de todos los países implicados para que tomasen las medidas oportunas de acuerdo a la legislación nacional de cada uno de ellos. Este mismo organismo debería otorgar inmunidad penal y protección jurídica internacional a los testigos que denuncien este tipo de casos.

Somos conscientes de que semejantes acciones podrían interpretarse como una intromisión en los asuntos internos de los países implicados. Sin embargo, estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción, cuyos ingresos se acumulan y se utilizan fuera de las fronteras nacionales, ya no constituye un asunto exclusivo de los países, ni simplemente un asunto de las relaciones entre los países donde residan los altos funcionarios implicados. El capital acumulado por vía criminal se mueve, libre y legalmente, hacia el mundo entero. Y si no hay mecanismos que dificulten estos movimientos es iluso esperar conseguir un éxito real en la lucha contra la corrupción. 

Rusia y Estados Unidos, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen la posibilidad de proponer a la comunidad internacional una iniciativa conjunta en forma de convención internacional. A nuestro parecer, los países que se nieguen a unirse a esta convención deberían convertirse en objeto de atención, en lo que concierne al flujo de capitales,   del mismo modo lo son los paraísos fiscales hoy en día.

Anatoli Gólubev, presidente del consejo de la ONG “Comité para la lucha contra la corrupción” y miembro del comité directivo de la UN Global Compact Network Russia

Artículo en versión abreviada. Original publicado en:  http://www.com-cor.ru/en/zashita-zayavitelei-o-corrupcji

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