Foto de Itar Tass
El año pasado la fiscalía rusa cumplió 290 años. Iván Yegórov, corresponsal de Rossíyskaya Gazeta, ha entrevistado a Yuri Chaika, fiscal general de Rusia, y han hablado sobre las acciones de protesta en Moscú, las redes sociales y las relaciones con otros países.
¿Qué opina sobre las últimas manifestaciones y las protestas en contra de los resultados de las elecciones parlamentarias?
Vivimos en un país democrático donde cada ciudadano tiene derecho a expresar su opinión. Pero todo hay que hacerlo respetando la ley de forma rigurosa. Es inadmisible que algunas personas utilicen a otras como meros instrumentos para conseguir sus propios fines políticos, muchas veces nada o poco honestos. El dinero para organizar todo lo que ha pasado proviene muchas veces de fuentes que se encuentran fuera de Rusia.
Efectivamente, se detectaron algunas infracciones en las elecciones. Todos estos hechos están siendo investgados no sólo por los fiscales, sino también por los organismos de instrucción. Puedo asegurarle que para cada uno de estos casos habrá una sentencia.
Las manifestaciones de la oposición transcurrieron sin incidentes dignos de mención, pero hubo algunos enfrentamientos aislados con los representantes de la autoridad. ¿Significa que este tipo de acciones ya no se penalizan?
Mucha gente piensa que después de la descriminalización, a partir del 8 de diciembre de 2011, de ciertas acciones delictivas que anteriormente eran juzgadas por lo penal según los artículos 129 (referido a la calumnia) y el 130 (relacionado con la afrenta) del Código Penal, todo está permitido y nadie tiene ninguna responsabilidad sobre nada. Pero eso no es cierto.
Se sigue siendo responsable tanto por las afrentas como por las calumnias, aunque ahora sean casos administrativos y no penales. Hay que señalar que la sanción, desde el punto de vista monetario, es cuantiosa.
Además, hay que tener en cuenta que en el Código Penal sigue manteniendo el artículo 319, que implica responsabilidad penal por afrenta pública a un representante de la autoridad en situación de cumplimiento oficial de sus obligaciones, o en relación con el complimiento de las mismas.
Borís Berezovski dijo hace poco que estaba dispuesto a volver a Rusia si el fiscal general dejara de llamarlo. ¿Está de acuerdo con esta propuesta?
El fiscal general no dejará de llamarlo porque tenemos preguntas que hacer al sr. Berezovski, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. Hay sentencias judiciales que han entrado en vigor y tienen que cumplirse. Además, respecto a él se están investigando otros casos penales, y no sólo en Rusia. De esta manera, tarde o temprano tendrá que responder por lo que ha hecho.
Actualmente las redes sociales son muy populares, sobre todo entre los jóvenes. ¿Está la Fiscalía General al tanto de las nuevas tendencias en este ámbito?
Lamentablemente, la popularidad de las redes sociales facilita muchas veces la actuación a los ciudadanos con tendencias extremistas. Por ello, los organismos de la Fiscalía observan regularmente Internet en busca de casos de distribución de materiales extremistas o terroristas. Tras analizar las denuncias presentadas por los fiscales, los tribunales adoptan sentencias para limitar el acceso a los mismos.
El año pasado, en una popular red social rusa se fueron detectados varios grupos que formaban parte de una organización extremista prohibida por los tribunales. Constaban de varios miles de personas y su número aumentaba constantemente. Ya ha sido iniciada una causa penal por este hecho.
Sin embargo, la mayoría de estas páginas web sigue funcionando y publicando materiales prohibidos. La causa principal consiste en que los servidores a través de los cuales se distribuye la información extremista se encuentran fuera de la jurisdicción rusa.
En el ámbito de la extradición y del apoyo jurídico, la Fiscalía General coopera con los organismos correspondientes de más de 80 estados, entre ellos los de la CEI, los miembros del Consejo de Europa y otros países. Anualmente recibimos más de 2.000 solicitudes de extradición desde el extranjero, y nosotros enviamos a nuestros socios alrededor de 500. Además, cada año se estudian y se resuelven alrededor de 6.000 solicitudes de ayuda jurídica para casos penales.
Se ha ampliado la geografía de la cooperación, existen tendencias positivas en las relaciones con una serie de estados, entre otros, Reino Unido, EE UU e Israel. Hemos conseguido traer al país a una serie de delincuentes fugados, implicados en casos penales muy conocidos, con una difusión social importante y relacionados con delitos muy graves.
Sin embargo, la Fiscalía General sigue encontrándose con algunos problemas, como las negaciones infundadas o que la parte a la que se envía la solicitud elige otras medidas preventivas respecto a la persona buscada. Muchas veces estas acciones imposibilitan la extradición. Por otra parte, los largos plazos de estudio de las solicitudes rusas de extradición y apoyo jurídico imposibilitan los procesos penales debido a la prescripción del delito.
¿Cómo valoraría el trabajo de la fiscalía durante el año pasado?
Entre las cuestiones prioritarias se encuentran los derechos civiles de los ciudadanos. Han sido restituidos los derechos de cientos de miles de personas. Una de cada cinco quejas recibidas ha sido satisfecha. En total, alrededor de tres millones de ciudadanos se dirigieron a las oficinas de la fiscalía.
Por otra parte, hemos establecido muy buenas relaciones con muchos colegas europeos. Por ejemplo, con el Reino Unido: por primera vez en los cien años de historia de relaciones con este país, se ha llevado a cabo la extradición de cuatro personas a Rusia.
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