Dibujo de Niyaz Karim
Habría que remontarse a comienzos de los años 90 para ver un activismo político en Rusia como el visto estos últimos días. Solo en Moscú, entre 25.000 y 85.000 personas participaron en la manifestación del 10 de diciembre (la cifra final se desconoce) para protestar contra lo que consideran un fraude electoral en las pasadas elecciones parlamentarias. En todo el país se llevaron a cabo acciones similares, y también fuera de él. Por su parte, los activistas favorables al Kremlin también realizaron sus propias acciones, aunque no fueron tan numerosas.
Lo increíble es que durante las protestas acaecidas en Moscú inmediatamente después de las elecciones se detuvieron alrededor de un millar de personas, mientras que en la manifestación del 10 de diciembre la policía tuvo una actitud extraordinariamente cordial. No es que hubiera motivos para que se comportaran de forma diferente: los manifestantes tuvieron especial cuidado y evitaron hasta el más mínimo intento de provocación.
Aunque el artículo 31 de la constitución rusa garantiza la libertad de reunión el trámite para solicitar una manifestación lo conceden las autoridades locales por escrito. En Moscú es la oficina del alcalde la que concede dichos permisos. La explicación que se da es que este trámite es necesario debido a los atascos o molestias a otras personas que pueden causar las manifestaciones.
En la solicitud para realizar una manifestación se debe indicar el lugar y el número de participantes. Si se excediera dicho número, los organizadores deben hacer frente a una multa, aunque suele ser simbólica. Así ocurrió en la primera manifestación de protesta tras las elecciones el 5 de diciembre, cuando en Chistie Prudi se reunieron 8.000 personas, en lugar de las 300 iniciales. A los organizadores se les impuso una multa simbólica de 1.000 rublos (unos 24 euros) por haber superado el número indicado inicialmente.
Los lugares para manifestarse llevan años enfrentando a los organizadores y a las autoridades. En ocasiones, el ayuntamiento de Moscú rechaza el lugar designado y propone otro; por lo general lejos del centro de la ciudad y de la vista de los ciudadanos. La oposición social no parlamentaria suele oponerse a ese nuevo enclave, aludiendo al derecho a la libertad de reunión. La policía dispersa con violencia estas manifestaciones ilegales, así ha ocurrido con muchas de las celebradas en la plaza Triumfálnaya de Moscú.
Si los manifestantes se resisten a la policía, se les impone una multa de hasta 1.000 rublos o quince días de arresto, tras una sentencia judicial basada en el artículo correspondiente del código penal. En realidad, este castigo se puede llegar a aplicar a viandantes, que simplemente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado, como ocurrió en la manifestación del 5 de diciembre de Chistie Prudi. Según testigos presenciales, alguien sugirió dirigirse hacia el edificio de la Comisión Electoral Central, y para hacerlo, los manifestantes tuvieron que atravesar la cadena de las fuerzas antidisturbios. En ese momento, la policía empezó a arrestar de forma indiscriminada. Uno de detenidos fue Fiódor Amirov, pianista y ganador de varios premios de música, que volvía a casa tras un concierto y se encontró con la escena de casualidad. Estuvo cuatro días bajo arresto porque los tribunales no pudieron hacer frente a tal número de detenidos y se le puso en libertad cuando intervino el mundo de la música (tras una manifestación en otoño, la policía se llevó arrestado a un niño de ocho años).
En ocasiones, también se detiene a periodistas acreditados para cubrir las manifestaciones. Como regla general, suelen recobrar la libertad poco después, tras recibir las disculpas pertinentes. A los manifestantes se les suele acusar de resistencia a la autoridad. Esto permite a la policía detenerles un máximo de 48 horas antes de que el caso pase a manos de los tribunales.
La celda de cada detenido debe ser, al menos, de dos metros cuadrados. Si permanecen en la comisaría de policía de noche durante más de tres horas, se les deberá proporcionar una cama, comida y agua. Según los testigos, estas normas no siempre se cumplen. En los días en los que tuvieron lugar las protestas los detenidos estaban hacinados en las comisarías, muchos de ellos fueron trasladados en coche por todo Moscú durante horas antes de poder encontrar un espacio en una jefatura policial.
Las personas que fueron a la manifestación del pasado día 10 esperaban ser detenidos, ya que hasta el último momento, la cifra permitida era de 300. Un gran número de personas anónimas y activistas de la sociedad civil escribieron y difundieron consejos en Internet acerca de cómo comportarse durante la manifestación, dónde llamar y cómo ayudar a otros. También informaron sobre cuáles serían los centros provisionales para recoger información, en una palabra, intentaron garantizar la seguridad de las personas. Además, había observadores de varias ONGs en la manifestación.
Las autoridades, por su parte, también se prepararon: se desplegaron unos 50.000 efectivos, entre policía y los miembros del Ministerio del Interior. Mucha gente atribuyó la ausencia de disturbios y arrestos al hecho de que la policía pudo comprobar que los manifestantes no tenían intención de causar disturbios y que todo discurría de forma pacífica. En segundo lugar, las fuerzas del orden público se sentían más cómodas al tratar con cientos de miles de ciudadanos corrientes, y no con un grupo de alborotadores. Además, algunos de ellos tampoco creían que el recuento de votos había sido del todo legal, y compartían en parte la opinión de los manifestantes. Y lo más importante de todo, al darse cuenta de que la manifestación iba a ser multitudinaria, tanto Vladímir Putin como Dmitri Medvédev hicieron hincapié en que los ciudadanos tenían derecho a expresar su opinión.
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