El 17 de abril un grupo de presos incendió siete edificaciones en la prisión, a lo que siguieron desórdenes masivos, reprimidos mediante el empleo de torturas y de la fuerza bruta por parte de los funcionarios del penal.
En la actualidad, las autoridades judiciales de la región investigan a varios funcionarios por el trato dispensado a los internos. "Los activistas propusieron a la fiscalía garantizar la seguridad de más de 60 internos que fueron víctimas de la violencia en abril, ya que disponen de información de que los afectados están siendo torturados y golpeados para que cambien su declaración a favor de los funcionarios imputados", señala la ONG.
Algunos presos consiguieron ponerse en contacto con la ONG para denunciar que los hechos de abril se están repitiendo. "En la denuncia que hemos presentado en la fiscalía subrayamos que no podemos cerciorarnos de la veracidad de la información, pero las denuncias que nos llegaron en abril sobre torturas masivas fueron más tarde confirmadas tanto por la fiscalía como por la investigación", dijo Vitali Cherkásov, director de la ONG. Según la información de los activistas, la administración de la prisión "presiona psicológicamente" a los testigos de la investigación "para que cambien su declaración acusadora".EFE
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