¿Nueva guerra del gas?

Un juzgado de Kiev ha declarado culpable a Yulia Timoshenko por abuso de poder cuando era primera ministra en 2009. Se le acusa de haber firmado un contrato de suministro de gas con Rusia oneroso para Ucrania, para decirlo claramente, por haber pagado precios demasiado altos. Timoshenko ha sido condenada a siete años de prisión, inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante tres años y multada a pagar 1.500 millones de hryvnias (alrededor de 190 millones de dólares) a la compañía estatal de energía, Naftogaz.

Poco después de la sentencia Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró que el caso de Timoshenko estaba politizado. “Para nosotros no es posible aceptar que un contrato legítimo que sigue vigente y que además no ha sido cuestionado legalmente sea causa para una sentencia como esta”, explicó. Una declaración oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores expresaba que la sentencia contiene “obvias connotaciones antirrusas”. Según fuentes del diario Kommersant fue el propio presidente Medvédev quien ordenó la utilización de un tono tan duro como respuesta.

Por su parte, Vladímir Putin declaró que “es peligroso y contraproducente cuestionar todo el sistema de acuerdos”. Él mismo fue quien llegó a un acuerdo con Timoshenko en 2009 en relación al suministro y tránsito de gas.

En tanto que mediador dijo: “no comprendo por qué ha sido condenada a siete años de prisión. Timoshenko no firmó nada: los contratos de gas entre Ucrania y Rusia de enero de 2009 se firmaron entre entidades económicas, Gazprom y NJSC Naftogaz de Ucrania, de acuerdo con las leyes de Rusia, Ucrania y la legalidad internacional”.

El abogado defensor de Timoshenko utilizó unos argumentos similares, pero no fueron suficientes para convencer al juez Rodion Kireev. Según él, ha quedado probado que la exprimera ministra ejerció una responsabilidad personal en la firma de los contratos de gas con Rusia, que a su vez resultaron perjudiciales para Ucrania.

Breve historia de las guerras del gas

100.000 millones de metros cúbicos de gas procedente de Rusia circulan por Ucrania hacia Europa.

Tras la desintegración de la URSS en 1991, Ucrania comenzó a recibir gas ruso a un precio inferior al de mercado. A pesar de ello, en 1993 ya había acumulado una gran deuda. Cuando Moscú amenazó con cortar el suministro, Kiev respondió desafiante con un posible corte del tránsito del gas a Europa. Aunque la deuda aumentase, Rusia no tomó ninguna medida extrema debido a causas políticas. Incluso permitió que se le pagara un precio todavía más reducido, 50 dólares por metro cúbico.

Entonces, la “revolución naranja” de 2004 supuso un giro hacia occidente y tensó las relaciones entre ambos países. Ucrania comenzó a pedir una tarifa más alta por el tránsito mientras que Rusia insistía en un mayor precio del gas. Las negociaciones llegaron a un callejón sin salida a finales de 2005 y el 1º de enero de 2006, Gazprom paró el suministro mientras seguía exportando a través de Ucrania y acusaba a Kiev de quedarse con gas de manera ilegal. Tres días después se firmó un contrato de compromiso de cinco años. Pero pasados tres años, el abastecimiento se suspendió durante casi dos semanas a causa de la deuda acumulada y las diferencias en los precios.

Tras largas negociaciones, el 19 de enero de 2009 se firmaron nuevos contratos que contenían por primera vez una fórmula clara para el cálculo del precio y del suministro del gas. Estos son los acuerdos por los que se ha condenado a Timoshenko. Hay que señalar que éstos siguen vigentes.

En Europa y EE UU se ha hecho hincapié en las consecuencias legales y humanitarias de la sentencia. Maja Kocijancic, portavoz de la jefa de Asuntos Exteriores de la UE, Catherina Ashton, declaró: “La UE está muy decepcionada con el veredicto. El juicio no ha cumplido con los mínimos para establecer un procedimiento justo, transparente e independiente.” Una nota de Ashton decía que la UE podría revisar su política hacia Ucrania. Está claro en qué dirección irá ese cambio de política. Por su parte, Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado de EE UU, señaló que el caso contra Timoshenko “tiene motivaciones políticas que despiertan preocupación acerca del compromiso del gobierno ucraniano con la democracia y el respeto a la ley.”

Aunque tenga sentido pensar que el presidente ucraniano, Víktor Yanukovich, ha empezado una persecución contra su rival por razones políticas, también podría haber tenido otro objetivo en mente, es decir, bajar el precio del gas ruso y aumentar la tarifa de su tránsito hacia Europa.

Parece que Kiev se está preparando para una nueva etapa de las “guerras del gas” con Moscú y que la sentencia contra Timoshenko se podría convertir tanto en justificación como en arma principal. Como si la lógica de fondo fuera la siguiente: “El acuerdo es ilegal, de modo que hay que cancelarlo”. Por su parte, Moscú ya ha declarado que no tocará las contratos. Así que todo indica que el conflicto no va acabar de una manera pacífica.

Independientemente de lo que ocurra en esa potencial batalla, lo que parece claro es que ninguna de las partes, ni tan siquiera una tercera (me refiero a los países europeos), va a obtener beneficio alguno.

Además, Ucrania ya ha sufrido su primer revés antes incluso del inicio de la batalla. Tras la “injusta y opaca” sentencia, su acercamiento hacia Europa se ralentizará durante un largo tiempo.

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