Un nuevo ataque contra las mujeres

El nuevo proyecto de ley del aborto propone cambios que recortan derechos. Foto de Itar-Tass

El nuevo proyecto de ley del aborto propone cambios que recortan derechos. Foto de Itar-Tass

La Duma estatal, junto con la intensa participación de la iglesia ortodoxa rusa, estudia desde principios de junio diversas iniciativas para limitar el derecho de aborto. Cuentan con el respaldo del presidente Dmitri Medvédev, que ha pedido una segunda lectura para en septiembre.

Fundamentalmente se propone que las mujeres paguen por abortar, al fin y al cabo es otra manera de reducir gastos presupuestarios. El estado, en una clara muestra de despreocupación por la salud de la madre o de los derechos de los niños, quedaría eximido de otra de sus obligaciones sociales.

Tal vez la propuesta más perniciosa que se discute es la que obliga a las mujeres a obtener un permiso por escrito del marido o, en caso de ser menores de edad, de los padres o tutores. Las mujeres ya están atadas económicamente a sus familias y cónyuges, pero en lugar de intentar cambiar esta situación, lo que proponen los diputados es legalizarla. Cuando las mujeres no logren obtener dicho permiso, tendrán que recurrir a clínicas ilegales.

Los autores del proyecto de ley proponen que haya un “periodo de reflexión” entre la solicitud de la mujer y el aborto como tal, lo que sin duda reduce la posibilidad de practicarlo mediante métodos médicos menos peligrosos y, de paso, aumenta el riesgo de posibles complicaciones.

Además, el estado y las autoridades religiosas no pretenden que las mujeres afronten este periodo a solas. La nueva ley las obligará a tener que asistir a una serie de consultas psicológicas previas para que “tomen conciencia de que van a truncar la vida de un feto deliberadamente”. Los autores del documento “Recomendaciones médicas para las consultas previas al aborto” (aprobado por el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social) trabajan para la fundación ortodoxa Andrei Pervozvanniy y declaran abiertamente que el objetivo de estas consultas es “asustar a las mujeres exagerando el riesgo de complicaciones posteriores al aborto”. Asimismo, reconocen que estas mentiras tan flagrantes sólo influirán en las mujeres que nunca hayan abortado.

Los autores de estas “recomendaciones” también proponen dotar de “personalidad” al embrión, en contra de la evidencia científica. Para ello sugieren proyectar películas antiabortistas y utilizar folletos divulgativos. Esta forma de refinada tortura incluye la visualización obligatoria del feto mediante equipos de ultrasonido y la escucha de los latidos de su corazón.

Hace tres años se prohibió la “publicidad” relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo, lo que redujo la divulgación de información fidedigna. En la actualidad, los diputados de la Duma proponen lanzar una campaña para informar a la población de las consecuencias nocivas del aborto.

Aunque para numerosas mujeres, sigue siendo una necesidad y la única alternativa real es la divulgación de los métodos anticonceptivos y una educación sexual basada en hechos científicos y no en textos religiosos. Sin embargo, en lugar de impartir una enseñanza sexual de calidad en los colegios, se ha preferido introducir la asignatura llamada “Principios básicos de la cultura ortodoxa” que enseña valores patriarcales. Por lo tanto, los adolescentes no reciben la información necesaria, y solamente se nutren de lo que les cuentan sus compañeros de clase, de pornografía o de lo que encuentran en las esquinas de la calle.

Las estadísticas demuestran que las chicas que reciben una educación religiosa no tardan más que el resto en tener relaciones sexuales, ni tampoco las tienen con menor frecuencia. La única diferencia es que no saben absolutamente nada ni de sexualidad ni de métodos anticonceptivos. El sagrado tabú que supone la discusión de la vida sexual se convierte, a raíz de esos contactos sexuales tempranos e indeseados, en falta de satisfacción o frigidez, o incluso en embarazos no deseados y violencia sexual.

Los estudios sociológicos y demográficos demuestran que cuando se prohíbe el aborto, el número de esta práctica desciende drásticamente por un breve periodo de tiempo y a continuación vuelve a aumentar, sólo que para ello se utilizan clínicas ilegales y clandestinas. Las tasas de infertilidad y mortalidad maternal también comienzan a crecer a consecuencia de diversas complicaciones posteriores a este tipo de abortos. La atrocidad de los abortos clandestinos y la desesperación de las mujeres que se ven obligadas a experimentarlos queda ilustrada en el famoso símbolo de los abortos ilegales: la percha de alambre.

Por otra parte, la educación sexual tampoco es suficiente en sí misma. Las mujeres se ven empujadas a abortar por una serie de factores económicos: desempleo, salarios y subsidios sociales bajos, carencia de garantías sociales y de una atención sanitaria gratuita de calidad. Es más, el principal problema demográfico no es la disminución de la tasa de natalidad, sino la elevada tasa de mortalidad como resultado del bajo nivel de vida.

Esta ocurrencia legislativa de los diputados se produce en el contexto de otras iniciativas de recortes presupuestarios. A partir de ahora la medicina, la educación, la ciencia y la cultura estarán obligadas a “autofinanciarse”, del mismo modo que se suprimen las ayudas a las mujeres embarazadas y madres jóvenes y los subsidios a los padres con niños enfermos.

Además, las mujeres embarazadas lo tienen difícil para mantener su puesto de trabajo o buscar empleo. Los recortes en prestaciones sociales las obligan a aceptar trabajos duros y mal remunerados o a depender por completo de sus maridos. Si tienen que pagar la guardería, el jardín de infancia y la policlínica, no les quedará más remedio que buscar otro empleo adicional para pagar estos servicios o abordar ellas mismas estas tareas.

Por todo ello, las mujeres deben tener el derecho inalienable a recibir un servicio sanitario gratuito de calidad que incluya el aborto. Asimismo, deben recibir educación sexual y tener la posibilidad de obtener unos métodos anticonceptivos accesibles y modernos. Finalmente, es necesario luchar contra los recortes presupuestarios y las medidas que atentan contra el bienestar social para que las mujeres no sólo tengan el derecho de abortar, sino la posibilidad de evitarlo.

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