Luchando por los niños

Foto de Ria_Novosti

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Según las estadísticas oficiales, la cantidad de casos de privación de patria potestad se redujera de 74.000 en 2008 a 56.000 en 2010. Sin embargo, en la sociedad se hace cada vez más patente la sensación de que el Estado se entromete deliberadamente y de forma descarada en la vida privada de las familias.

Lo cierto es que existen motivos para tener esta sensación. La estadística oficial no incluye el número de niños retirados a los padres antes de que tenga lugar un juicio. Se desconoce la cantidad de casos de este tipo que haya podido haber en todo el país, pero cada caso que parece ilegal a los ojos de los ciudadanos, provoca un fuerte escándalo y acaloradas discusiones en Internet y en los medios de comunicación. Como nadie explica a la población de una forma clara en qué circunstancias y por qué los niños pueden ser retirados de las familias, el pánico crece y no hay indicios de que las cosas se aclaren.

La situación se ha agravado con la aprobación de los nuevos reglamentos para las comisiones de menores en las regiones rusas. Estas comisiones son las que coordinan la actividad de los organismos de tutela. En Moscú este nuevo reglamento ha entrado en vigor el pasado uno de enero. Según este documento, los profesionales de educación infantil están obligados a observar a los niños para detectar señales de malos tratos, comunicar a las autoridades si los padres se han presentado borrachos a recoger al niño y organizar concursos de dibujo que, tras ser analizados por profesionales, según los autores del reglamento, permitan sacar conclusiones sobre el bienestar o malestar general en la familia del menor.

En las reuniones de padres, se pide que se escuche lo que pasa en los pisos vecinos y que se llame a la policía en caso de que se oigan “ruidos de una pelea seria”. La administración espera incluso que los ciudadanos más concienciados se denuncien a sí mismos: muchos padres han recibido encuestas elaboradas en el Departamento de Educación de Moscú que contienen preguntas del estilo de “¿Sería usted capaz de pegar a su hijo o hija en un lugar público?".

Los ciudadanos tienen su propia hipótesis acerca del inesperado interés inesperado del Estado hacia los niños. Se argumenta que tienen la intención de crear en el país un sistema de justicia juvenil, aunque sería más correcto hablar de principios juveniles, ya que la justicia juvenil es un sistema de juzgados especiales dedicado tanto a los casos de infracciones de los menores, como a los delitos cometidos contra menores. Así que la justicia juvenil en sí sólo constituiría uno de los principios. En realidad, lo que más preocupa a la gente es la práctica ya existente de quitar la custodia de los menores antes del juicio. Cuando unas señoras que representan a los organismos de tutela, con mandatos poco definidos y simplemente utilizando como pretexto un piso demasiado pequeño o la pobreza de los padres, pueden considerar que los niños se encuentran “en una situación de riesgo social” y, con las mismas, quitarle la custodia a sus padres.

Para aclarar quién, cómo y de quién se quiere proteger a los niños rusos y por qué estos defensores se han hecho más activos últimamente, Vlast conversó con Yuri Kótov, secretario responsable de la Comisión de Menores y Defensa de sus Derechos de Moscú.

La opinión al respecto del catedrático de Sociología de la Familia y Demografía de la Universidad Estatal de Moscú y presidente del Departamento de Pronósticos Demográficos de la Academia Internacional de Investigación del Futuro, Anatoli Antónov, es que los métodos de la justicia juvenil en Rusia son inadmisibles.

Para entender mejor cómo los métodos del gobierno ruso para proteger a los menores de sus propios padres se relacionan con la experiencia de otros países, Vlast estudió la experiencia de Alemania y Finlandia, en los que el sistema de justicia juvenil funciona desde hace muchos años.

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