Una mujer con coraje

Yana Yákovleva era en 2006 una ambiciosa copropietaria de una compañía de productos químicos llamada Sofex. Yákovleva era una ejecutiva inteligente que conocía bien el ámbito empresarial ruso. En cualquier caso, se llevó una gran sorpresa cuando una división especial de la policía antidroga llegó a sus oficinas con el objetivo de obtener sobornos de su compañía. Parecía que la policía tomaba lo que le correspondía “legalmente”.

Como mujer joven y con principios, Yákovleva se negó a pagar. La noble decisión le valió, primero la detención y después el encarcelamiento. Antes de que pudiera darse cuenta estaba dando clases de ejercicios para mujeres en un centro de detención femenina.

“En Rusia hay una guerra contra los empresarios que son considerados delincuentes por los funcionarios gubernamentales”, dijo Yákovleva. “Pueden abordar a un empresario, iniciar un caso penal y empezar a extorsionarlo. El empresario, por su parte, debe entender que tendrá que librar una guerra a muerte con la maquinaria burocrática”, agregó.

Yákovleva tiene treinta y nueve años y pasó siete meses en la cárcel a la espera de juicio. Tal y como declaró a Rusia Hoy, languideció en la cárcel porque se negó a participar en el plan urdido por los funcionarios de lucha contra las drogas. “No podía creer lo que me estaba pasando. Mi reputación y todo aquello por lo que había trabajado, de pronto estaban amenazados. Me encontraba en un centro de detención. Nunca en la vida había tenido tanto miedo.”

Vivió en un centro de detención para mujeres en condiciones difíciles. “No había duchas ni nevera: colocábamos los alimentos junto a la ventana, hervíamos agua en un calentador e improvisamos una antena de televisión. La forma en que se trata a los presos no ha cambiado desde la década de los 30”, explicó Yákovleva. Su caso atrajo la atención de activistas de derechos humanos tanto dentro como fuera de Rusia, así como del presidente Dmitri Medvédev. Según Yákovleva, la división policial antidrogas había tratado de extorsionarla basándose en que solvente industrial que producía su compañía podía considerarse una sustancia controlada. Las acusaciones se retiraron cuando un tribunal eliminó la norma que limitaba el uso del solvente. Yákovleva presentó una queja, pero la policía lo negó todo.

Yákovleva contraataca

Cinco años más tarde, Yákovleva tal vez sea la activista empresarial más conocida en contra de la corrupción. Colabora con empresarios emprendedores y trabaja con el gobierno ruso. Según los activistas hay decenas de miles de personas detenidas a la espera de juicio a las que se acusa de delitos de guante blanco. No existen estadísticas oficiales. Sin embargo, pocos resultan absueltos. “Es como una cadena de montaje”, bromeó alguna vez Yákovleva ante periodistas occidentales.

No sólo los inversores extranjeros se preocupan a causa de los funcionarios y políticos que exigen sobornos, detienen ejecutivos sin causa y se apropian de empresas. Según una reciente investigación del gobierno, el 17% de los empresarios rusos trata de emigrar, mientras que un 50 % no lo descarta.

Un éxodo amenaza los planes modernizadores del presidente. Medvédev ha dicho en varias ocasiones que es necesario apoyar a las empresas para impulsar la economía, abandonar la dependencia de las materias primas y crear nuevos empleos para eliminar el déficit presupuestario.

En lugar de abandonar Rusia, Yana Yákovleva optó por un camino audaz. Creó su propia organización, llamada “Solidaridad Empresarial”, para defender a los empresarios que sufren los abusos de las autoridades y las reparticiones policiales.

Hace poco se designó a Yákovleva presidenta de un centro que lucha contra la corrupción y acaba de empezar a trabajar con “Delovaya Rossiya” (Rusia Empresarial), la asociación de empresas no pertenecientes al sector del gas ni del petróleo más grande del país.

El objetivo del centro es prestar apoyo a los empresarios que luchan contra los ataques burocráticos. “Se trata de la unión de dos fuerzas: las autoridades y las empresas”, dijo Borís Titov, presidente de “Delovaya Rossiya” y del centro contra la corrupción junto con Yákovleva.

Una compañía apropiada

Uno de los primeros casos del centro fue el de Galina y Yevgueni Konovalov, un matrimonio de empresarios de Krasnodar cuya compañía había quedado en manos de funcionarios locales.

“En 2008 nos enteramos de que el propietario de la compañía había sido reemplazado de forma misteriosa. Cuando fuimos a la justicia, detuvieron ilegalmente a mi esposo por acusaciones falsas”, relató Galina Konovalov.

Los abogados apenas tenían esperanzas, sin embargo este año la pareja obtuvo dos importantes victorias: en febrero un tribunal dictaminó que había varios asuntos sin resolver en el caso contra Yevgueni, mientras que en marzo otra corte devolvió la compañía a los Konovalov. Aunque todavía el caso no está cerrado, ya que los bienes raíces de la empresa se vendieron durante la batalla legal.

“Se trata de la típica instancia de agresión. Ahora estamos tratando de ayudarlos a recuperar lo que les pertenece”, dijo Yákovleva.

Titov, presidente de Delovaya Rossiya, dice que el centro es el primer intento de los empresarios por combatir la corrupción, que tal como afirmó el presidente Medvédev el pasado 31 de marzo, “no se debilita y tiene a la economía agarrada del cuello.” “Cada año unas 70.000 mil empresas son víctima de los ataques. Alrededor del 10% por ciento de los gastos de las compañías se destina a cumplir con las corruptas exigencias de los funcionarios de distintos niveles. Se trata, en efecto, de una actividad ilegal en la que incurren todos los niveles del gobierno”, dijo Titov. Según Yákovleva, en la actualidad el derecho penal es el principal canal para la apropiación de empresas. “Antes eran los tribunales de arbitraje, pero la profesionalidad y la independencia de los jueces en ese ámbitó aumentó”.

La imposición de nuevas leyes

El mes pasado entraron en vigor nuevas enmiendas al código penal que suavizan las penas para los delitos económicos. “Durante la gestión de Dmitri Medvédev se han aprobado gran cantidad de buenas leyes, pero el problema reside en su implementación”, dijo Yákovleva, que mencionó el caso Konovalov como ejemplo.

El diputado de la Duma estatal Alexéi Nazarov, vicepresidente de la Comisión de Legislación, opina que el problema reside en la imposición de las leyes en los tribunales, algo que debería abordar la Corte Suprema. “Las enmiendas son efectivas y crean las condiciones necesarias para mejorar el clima de inversión, pero hace falta más trabajo; sobre todo en lo relativo a la introducción de normas que garanticen la apertura de un proceso penal solamente en cado de que lo solicite la víctima”, señaló Nazarov.

Tal y como informó el ministerio del Interior, a petición de un diputado, la cantidad de casos penales por motivos económicos declinó un 35% en 2010. El Kremlin está preparando la tercera etapa –la más drástica- de liberalización de la legislación criminal. Se estima que la mayor parte de los delitos económicos se castigará con una multa en lugar de penas de cárcel.

En la actualidad, Yákovleva cuenta con una amplia serie de colaboradores, desde gerentes generales de empresas petroleras hasta Liudmilla Alexeyeva, célebre disidente de la era soviética que ahora dirige la ONG Grupo Moscú Helsinki. “Trato de ayudar a la gente a partir de mi propia experiencia para cambiar la situación”, explicó Yákovleva. “Antes de que me detuvieran, pensaba que las empresas no tenían obligaciones sociales y que debían guardar silencio, tal y como piensa la mayoría de la gente. Tienen que tratar de cambiar el contexto en el que existen.”

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