Legalizar el extremismo

Foto de AFP/East News

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El artículo 282 del Código Penal tiene por objeto combatir la incitación al odio o a la discriminación “en base al sexo, la raza, la nacionalidad, el idioma, la procedencia, las inclinaciones religiosas o por ser parte de cierto grupo social”. La ley es severa, en el sentido de que aún cuando no haya signos de violencia, la pena por la “incitación al odio” puede llegar a ser de hasta dos años de prisión. Tal vez piensen que tales medidas podrían poner fin al extremismo en Rusia.

Sin embargo, como resultado de tal ley han surgido una serie de complejas preguntas. ¿Cómo se define “la incitación a la discriminación”? ¿Gritar o escribir en las paredes es de por sí una incitación al odio? ¿Y qué es exactamente “el odio y la discriminación”? Además resulta muy compliado establecer los límites de lo que se considera un “grupo social”.

Cuando comenzó a implementarse el artículo 282 , varias cosas resultaron evidentes. Resulta que la policía se considera un “grupo social”, por lo tanto, insultar a la policía podría verse como una incitación al odio respecto de un grupo social —en este caso, “la policía”—. Por otro lado, los miembros del parlamento ruso se autodenominaron como grupo social. Por esa razón, Yaroslav Nemchaninov, el Comisionado Financiero del KPRF (Partido Comunista de la Federación Rusa) puede ser acusado de incitar al odio contra otro grupo social, “los miembros de la Duma Estatal, fuera de la facción del KPRF”.

Según el Centro SOVA de Información y Análisis, a Sergei Bashtiriov se le negó su derecho a registrarse como candidato a la Duma municipal en septiembre de 2010 tras un petición de un candidato de Rusia Unida. En este caso se esgrimió que Bashtiriov había “incitado al odio y discriminación social” en su campaña contra las escuelas privadas. Entre los grupos sociales que había ofendido estaban los “padres de los alumnos” y el “personal de la escuela”, así como “la gente joven” y “los miembros del partido Rusia Unida”.

Así es cómo las herramientas de lucha contra el extremismo se han convertido repentinamente en una manera para derrotar a los rivales políticos y a la gente común que de algún modo resulten ingratos. Un panfleto político publicado en Internet o incluso un texto literario podrían interpretarse como “incitación a la aversión” en contra de cierto “grupo social”. Los expertos deben definir claramente cuáles son los parámetros para catalogar a ciertas acciones como “incitadoras al odio” y decidir en qué casos se encuadran dentro del artículo 282. Al mismo tiempo,y los propios especialistas del ministerio de Justicia serán los primeros en admitirlo, no existe un método consistente y objetivo para resolver los veredictos. El mismo caso podría juzgarse como una incitación al odio o podría ser considerado inofensivo, dependiendo del experto que se consulte.

Mi experiencia personal me ha convencido. He tenido la oportunidad de conversar con expertos del Centro SOVA. Les he preguntado acerca de la exposición “Acto Prohibido” que parodia de modo burlón símbolos de la Iglesia Ortodoxa. Desde el punto de vista de estos especialistas, no había nada ofensivo o inducente al odio. Yo mismo carezco de fuertes creencias religiosas, pero todos mis amigos ortodoxos,que no son muchos, estaban profundamente ofendidos y rabiosos. Sin embargo, si estos expertos hubieran manejado el caso, los sentimientos de los ortodoxos no habrían tenido ninguna importancia.

De modo que los conceptos de “odio”, “grupo social” o “incitación” carecen de consistencia cuando se aplican en la legislación. Todo depende de una opinión subjetiva, el mismo hecho podría desestimarse, en otro caso, podría acarrear una investigación penal e, incluso podría conllevar un período entre rejas. En otras palabras, una ley que pretende luchar contra el extremismo ha terminado creando algo más peligroso: el extremismo legalizado.

De hecho, también podría haber un “grupo social” que considerase este mismo artículo como una “incitación a la discriminación”.

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