El espinoso caso de Mijaíl Jodorkovski

Foto de Kommersant

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La sentencia del juzgado de Jamóvnicheski respecto al “segundo” caso Lébedev –Jodorkovski me produce una sensación ambigua. Soy incapaz de dar la razón a la oposición liberal, pero tampoco se la doy a la administración política. La posición de ambos me parece unilateral y poco objetiva. Paradójicamente, desde un punto de vista formal y jurídico, la sentencia puede resultar completamente legal. Imaginemos el ejemplo de una persona que roba una televisión a su vecino, la vende y después coloca el dinero en una cuenta bancaria. Teóricamente, se le podría acusar no sólo del robo, sino también de no haber pagado impuestos e incluso de intentar legalizar ingresos obtenidos por vía criminal. En Estados Unidos, sería una práctica jurídica corriente.

Sin embargo, ¿por qué en Rusia no resulta muy convincente? Porque aquí la gente está de acuerdo con las sentencias judiciales “no según la ley, sino según su conciencia”, es decir, según su propia idea de lo que es justo. El autor de estas líneas hace exactamente lo mismo.

EL TEST DEL BERD


Lo primero que quiero dejar claro es que comparto la opinión de los que aseguran que la empresa Yukos pagaba muchos menos impuestos de los exigidos por ley y considerablemente menos que muchas empresas petroleras de la competencia. Curiosamente, dos o tres años antes de que fuera detenido, cuando estaba en el clímax de su poder económico y político, Jodorkovski era considerado “un amigo del Kremlin”.En aquella época, tuve la ocasión de ver el informe interno del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), donde estaba trabajabando. El informe contenía un análisis de la situación financiera y económica y de la política corporativa de las cinco empresas petrolíferas privadas más importantes de Rusia. El objetivo de esta investigación consistía en valorar la posibilidad de que el BERD asumiera riesgos de crédito e inversión para el sector petrolero ruso. Según este análisis, tres de las cinco empresas analizadas, incluida Yukos, fueron excluidas del grupo de clientes potenciales del BERD por presentar riesgos impositivos inaceptables.

Los expertos del BERD compararon la carga tributaria real de las empresas petrolíferas rusas aplicando un indicador muy sencillo: la relación entre el importe de los impuestos pagados y el volumen de petróleo extraído. Resultó que Yukos era uno de los “outsiders” tributarios. Es decir, que pagaba por cada tonelada de petróleo extraída unos impuestos varias veces inferiores a los de las empresas de la “vanguardia tributaria”. Por lo tanto, la afirmación que hacen los defensores de Yukos sobre que “nadie pagaba impuestos” no es cierta. Las empresas petrolíferas rusas se diferenciaban considerablemente entre sí en lo referente a su política tributaria y Yukos ocupaba el último o el penúltimo puesto de todo el sector petrolero ruso en cuanto a la carga impositiva real. Es decir, la compañía se arriesgaba mucho y las acusaciones tributarias hacia ella eran totalmente justas.

Es de subrayar que las otras dos empresas excluidas de la lista de socios potenciales del BERD, al presentar altos riesgos tributarios, también tuvieron grandes problemas con las agencias tributarias rusas casi al mismo tiempo que Yukos. Tuvieron que pagar grandes atrasos, multas y penas monetarias. Sin embargo, estas compañías no fueron disueltas y sus dueños no han sido objeto de acciones penales. Existían los mismos motivos legales para perseguirles por vía penal, pero el estado no quiso utilizarlos. Es decir, no se trata de una aplicación aleatoria de las normas del derecho penal, sino del carácter selectivo de dicha aplicación.

En un mundo ideal la ley tendría que ser igual para todos. Por las mismas acciones la gente debería tener el mismo grado de responsabilidad. Pero en la vida real e imperfecta no ocurre así, ni en Rusia, ni en otros países. Por esta razón, las protestas de los mandatarios occidentales respecto a los motivos políticos de las sentencias acusatorias para el caso Lébedev –Jodorkovski parecen hipócritas. La política, en general, tiene mucho que ver con la hipocresía. El antiguo presidente de Estados Unidos Ronald Reagan afirmó una vez: “Se suele decir que la política es la segunda profesión más antigua. Pero he llegado a la conclusión de que tiene mucho más que ver con la primera”. Justo después de la detención de Jodorkovski les pregunté a mis colegas, banqueros estadounidenses, cómo valorarían las posibilidades de salir airoso de un juicio a un empresario norteamericano que no hubiera pagado impuestos y, además, fuera enemigo personal y adversario político del presidente. El pronóstico de los banqueros era unívocamente negativo.Entonces, resulta preciso elegir una estrategia: o bien uno paga impuestos y tiene una reputación inmaculada, o bien no se mete en política.

¿QUÉ ROBÓ JODORKOVSKI?

Actualmente, muchos comentan que Lébedev y Jodorkovski fueron sentenciados dos veces por el mismo delito, relacionado únicamente con el impago de impuestos. Asumen que, efectivamente, había habido evasión fiscal, pero argumentan que ya han sido sentenciados por ello. El robo de petróleo y dinero a su propia compañía, es algo excesivo, dicen. Aunque algunas transacciones realizadas por la administración de Yukos pudieran interpretarse formalmente como robo de activos, en el fondo se trataba de transacciones imaginarias, ficticias, que enmascaraban el impago de impuestos. Ahora los jueces, además del impago, les incriminan el robo y el blanqueo de ingresos ilegales. Formalmente parece lógico, pero en el fondo es incorrecto e injusto, ya que no se trata de un robo real: ¡no puedes robar activos a tu propia compañía!

No puedo estar de acuerdo con estas afirmaciones: es muy posible robar a tu propia empresa. Los empleados muchas veces roban a los propietarios. También los principales propietarios, en connivencia con los empleados, quitan beneficios a los accionistas minoritarios. Se trata de una práctica muy difundida. No quiero afirmar que estas reprochables acciones hayan sido llevadas a cabo por el propio Lébedev y Jodorkovski. Sin embargo, que unos dirigentes abstractos de la empresa sacaran una parte del beneficio para evitar pagar impuestos, es algo que sólo es posible extrayendo de la compañía una porción de sus activos (no importa si éstos eran materiales o inmateriales). No vamos a definir esta actividad desde un punto de vista jurídico (por ejemplo, calificándola de robo), pero después de haber sacado los activos de la empresa, alguien tenía que beneficiarse de ellos administrando los recursos obtenidos.

Es posible que se hayan apropiado de este dinero los principales propietarios de la empresa y/o sus empleados de alto rango, también se puede haber utilizado con fines benéficos o reinvertirse en la empresa. Cualquiera de estas cosas suelen ocurrir sin que los accionistas minoritarios se enteren y expresen su consentimiento, por lo tanto, se trata de menoscabar sus derechos legales. Es algo que no se puede poner en duda. Incluso si los dirigentes de la compañía hubiesen querido compartir “de una manera justa” con los accionistas minoritarios el beneficio obtenido al evitar los impuestos, esto sería imposible incluso desde el punto de vista técnico. Y es que no se puede decir oficialmente en la junta general de accionistas: “debido a que hemos pagado menos impuestos de lo debido, los señores accionistas pueden pasar por caja para cobrar lo que les corresponde”. Cualquier acción para evitar pagar impuestos en una empresa de la talla de Yukos no sólo menoscaba los intereses del estado, sino también los de los accionistas minoritarios que no pueden estar al tanto de estas estrategias. Es razonable pensar que la mayoría de los accionistas minoritarios hubiera preferido que su compañía mostrara en su contabilidad financiera un beneficio auténtico, pagara los impuestos correspondientes y que luego repartiera los dividendos correspondientes al beneficio restante.

Incluso sabiendo que los dirigentes de Yukos se comportaban, por decirlo de alguna manera, no de una manera completamente legal, o incorrectamente con el estado y los accionistas minoritarios, no puedo estar de acuerdo ni con la primera, ni con la segunda sentencia a Lébedev y Jodorkovski. Creo que se trata de sentencias demasiado severas, inadecuadas para las circunstancias actuales, y que contradicen los intereses de los ciudadanos y del estado. Por un lado, estas sentencias judiciales evidencian una profunda crisis de todos los sistemas de nuestra administración estatal y la falta de profesionalidad y perspicacia en lo que se refiere a los funcionarios. Por otro, debilitan aún más las frágiles estructuras del estado ruso, restándole autoridad.

EL PETRÓLEO Y LA CORRUPCIÓN

Hace poco el primer ministro Vladimir Putin expresó su posición respecto al caso Lébedev –Jodorkovski mediante la cita de una frase de una popular película soviética sobre la posguerra en la que el policía soviético Gleb Zheglov dice: “Un ladrón tiene que estar en la cárcel”. Está bien dicho, y el 90% del electorado ruso estaría totalmente de acuerdo. Pero cada vez menos gente en Rusia cree que la severidad de los jueces con Jodorkovski está relacionada con la intolerancia del gobierno con los ladrones. Demasiados personajes considerados poco honestos por la opinión pública ocupan puestos en la administración o gozan de su apoyo. Todavía más, la gente no cree que Jodorkovski sea castigado tan severamente por estos delitos al ser imposible juzgarle por algo mucho más grave: la participación en la organización de los asesinatos relacionados con el caso Nevzlin-Pichuguin (en analogía a la famosa historia de la condena de Al Capone). La gente no cree, ni siquiera, que Jodorkovski hubiera sido escogido entre otros oligarcas rusos metidos en historias sucias de la misma índole debido a su oposición política al gobierno.

¿Cómo hubiera sido posible “aniquilar” a Khodorkovski como adversario político potencial mediante un golpe de efecto eficaz que estropeara para siempre su reputación tanto dentro del país como en Occidente? Mediante una sentencia de libertad vigilada por delitos tributarios y otros delitos económicos, y con varias insinuaciones no probadas sobre su participación en la organización de varios asesinatos. Así, Jodorkovski quedaría desprestigiado para el resto de su vida, igual que, por ejemplo, el antiguo ministro de Justicia ruso, que fue condenado a 9 años de libertad vigilada por prevaricación. De esta manera, carecería de ese halo de mártir, luchador por la verdad y preso político que tiene para la oposición. En el peor de los casos, también podían haberlo condenado a prisión, pero durante un período muy corto. Se podría haber hecho con una sola sentencia, sin iniciar casos penales adicionales mientras estaba en la cárcel. Pero nada de eso, la administración empezó a agitarse como si tuviera miedo. Surge entonces una pregunta bastante lógica: ¿a qué puede tener miedo si la fuerza está de su lado?

Es ahí donde, desgraciadamente, a la mayoría de la gente capaz de pensar (no se sabe si justamente o no) le surgen inevitablemente preguntas sobre el posible componente corrupto en el caso Lébedev –Jodorkovski. Unos meses antes de ser detenido, el acusado se dirigió públicamente a la administración rusa pidiendo que se revisaran varios episodios importantes ocurridos en el sector petrolero relacionados con la corrupción del estado (se trataba de la compañía privada “Sévernaia Neft”, que había ganado inesperadamente las licitaciones para explotar un importante yacimiento petrolero, y de la posterior adquisición de esta empresa por parte de la compañía estatal “Rosneft”). Este llamamiento en contra de la corrupción en boca de alguien como él sonaba, por lo menos, bastante gracioso y poco convincente, pero, inexplicablemente, provocó una reacción emocional, incluso enfermiza, de los representantes de la administración rusa. En poco tiempo, primero Lébedev y luego Jodorkovski, fueron aislados de la sociedad y encerrados en la cárcel. Estas coincidencias no tienen buena pinta, sobre todo porque la historia de “Sévernaia Neft” mencionada por Jodorkovski realmente parecía muy sospechosa.

Objetivamente, la administración rusa se está perjudicando al adoptar una actitud extremadamente severa y selectiva con Lébedev y Jodorkovski y, al mismo tiempo, hacer la vista gorda ante varias acciones socialmente peligrosas de otros muchos empresarios poco honestos y funcionarios corruptos. De esta manera y sin pretenderlo, el gobierno ha convertido a Jodorkovski, una persona con un pasado muy dudoso y contradictorio, en un héroe, fortaleciendo así la posición de la oposición política liberal. Es más, la administración está perdiendo la confianza de los patriotas partidarios de un estado fuerte porque da motivos para dudar sobre su honestidad y pone en tela de juicio el hecho de no estar involucrado en casos de escándalos relacionados con la corrupción. En una palabra, tal y como dijo el clásico: “Something is rotten in the State of Denmark” (“Hay algo podrido en el Reino de Dinamarca”). Y no sólo en Dinamarca, y no sólo en los tiempos de Shakespeare.

Dmitri Tulin es el antiguo vicepresidente del Banco Central de la Federación de Rusia

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