El precio del soborno

Según relató a Védomosti un funcionario cercano al Consejo de Lucha Contra la Corrupción, la administración de la presidencia preparó un nuevo “paquete anticorrupción”. Se establece un nuevo tipo de sanción por dicho delito: multas que se calculan en base al importe del soborno. En el nuevo esfuerzo por luchar contra la corrupción también se incluye un nuevo tipo de receptor de sobornos: el funcionario de una organización internacional oficial. Incluso se tipifica un nuevo delito: la intermediación en la recepción. Finalmente, se crea una nueva forma para luchar contra la corrupción en las empresas y organizaciones: la investigación por las instituciones rusas en el exterior.

Las distintas sanciones serán establecidas según 4 artículos del Código Penal (CP) sobre el cohecho comercial y la recepción de sobornos. Según el artículo 204 (cohecho comercial), existirá una multa por entregar a un funcionario dinero, valores, etc. a cambio de favores. El “donante” deberá multiplicar la canitdad del soborno entre 10 y 50 veces. Mientras que el propio funcionario pagará una suma entre 15 y 70 veces el importe recibido.

Según establece el artículo 290 un funcionario ruso será sancionado por recibir un soborno con una multa de 60 a 80 veces el importe del mismo, a su vez perderá el derecho a ocupar su puesto durante tres años. También es posible que haya una multa de 50 veces el soborno, y una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En el artículo 291 se dice que los sobornadores tendrán que pagar una multa de 15 a 60 veces el importe del soborno. Los sobornos especialmente cuantiosos, es decir, los que superen el millón de rublos, están establecidos con una multa de 80 a 100 veces al valor del mismo, o bien 70 veces, pero con una pena de prisión de 8 a 15 años.

Según una fuente cercana a la administración de la presidencia, en el Consejo presidencial hay opiniones diversas sobre las multas. Algunos consideran que es una medida eficaz. En cambio, otros creen que las multas tienen que combinarse obligatoriamente con penas de cárcel. La segunda versión es compartida por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que observa la situación de la corrupción en Rusia. GRECO considera inadecuado el procedimiento según el cual un mismo delito pueda derivar en muchos años de prisión o en una simple multa. Creen que ello permitiría a los funcionarios corruptos eludir su responsabilidad.

En el Código Penal ruso se establece también un nuevo delito: la intermediación (artículo 291). No sólo se trata de la entrega del soborno, sino también de la intervención para conseguir la aceptación del mismo. El intermediario podría ser sancionado con una multa, cuyo importe será de 20 a 90 veces el importe, y con la pérdida del derecho a ocupar ciertos cargos, o bien con una pena de prisión de hasta siete años junto con la correspondiente sanción económica.

Los empresarios que informen a las autoridades del intento de soborno, igual que los intermediarios que colaboren en la investigación del delito, podrían resultar exentos de responsabilidad.

La abogada Victoria Burkóvskaya está segura de que este nuevo artículo no resolverá el problema. Hoy en día la recepción de un soborno está establecida como fraude, porque las personas que resultan detenidas con el dinero no son las que tienen capacidad para cumplir con lo prometido. Sin embargo, según Burkóvskaya, esta gente puede ser procesada, incluso ahora, por complicidad en el delito si se comprueba su relación con las personas autorizadas. El mayor obstáculo en este caso es el pésimo nivel de instrucción.

El proyecto presidencial establece una nueva categoría de funcionarios corruptos: el funcionario extranjero y el funcionario de una organización internacional. Puede tratarse de cualquier persona designada o elegida para ocupar un puesto en un órgano legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero. Dentro de la nueva categoría se incluye cualquier persona que trabaje para un estado, así como un funcionario o una persona autorizada por una organización internacional. Las sanciones previstas para esta categoría son algo menos severas que para los funcionarios rusos.

También se pretende establecer sanciones por corrupción en otros países: por ejemplo, un empresario ruso que soborne a un funcionario de la ONU o a un funcionario de Angola para obtener un contrato ventajoso será sancionado también en Rusia, tal y como explicó Elena Panfílova, directora de Transparency International Russia.La introducción de este tipo de responsabilidad constituye una condición obligatoria para adherirse a la Convención de la OCDE contra la corrupción.

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