Causas para encerrar a Jodorkovski

El anuncio del veredicto contra Mijaíl Jodorkovski y Platón Lébedev, antiguos dueños de la petrolera Yukos, se pospuso doce días. Finalmente, el 27 de diciembre el juez Viktor Danilkin comenzó a leer la extensa sentencia. La lectura de las 800 páginas de las que consta el veredicto terminó el día 30 a las cuatro de la tarde, tan solo dos horas antes de la recepción oficial de Año Nuevo en el Kremlin. El juez aceptó casi en su totalidad los argumentos de la acusación, por lo que Jodorkovski y Lébedev han sido sentenciados a trece años y medio de cárcel. El nuevo dictamen se añade a la sentencia de ocho años promulgada el 2005, de modo que no saldrán de prisión en 2011, un año antes de las próximas elecciones presidenciales, fecha de la finalización de su primera sentencia, sino que cumplirán condena hasta el 2017, un año antes de la siguiente cita con las urnas.

El caso contra el multimillonario se ha convertido en el proceso judicial más relevante de la Rusia pos-soviética y la opinión pública se muestra dividida. Las personas de tendencia más liberal creen que el caso tiene motivaciones políticas y lo consideran una venganza del propio primer ministro, Vladímir Putin, por el pulso que Jodorkovski les echó a las autoridades a principios del 2000, cuando financió abiertamente a partidos de la oposición. Sin embargo, otras personas pueden empatizar con la situación personal del magnate, pues tal compasión por un hombre encarcelado por crímenes no violentos es habitual en Rusia; pero, al mismo tiempo, consideran justa la sentencia. Esta opinión se debe a la riqueza y fama que el oligarca Jodorkovski amasó en los años 90. Los medios utilizados no fueron muy nobles, por no utilizar otro término, y las violaciones de la legalidad vigente, independientemente de lo imperfecta que fuera, se convirtieron en habituales. Jodorkovski es un símbolo de las salvajes políticas de privatización de principios de los 90, cuyos resultados no acepta todavía una parte importante de la sociedad rusa.

Jodorkovski y Lébedev fueron acusados de evasión de impuestos en el primer juicio. En el segundo, que empezó poco después de la implementación del primero, se les acusó de robar grandes cantidades de petróleo de Yukos, su propia empresa, a través de un complicado sistema de relaciones dentro del “holding” vertical de la compañía, así como de manipular los precios del crudo, a través de empresas subsidiarias y también en el mercado de la exportación. A todo esto se añade que Jodorkovski estaba negociando la venta de acciones de Yukos a corporaciones extranjeras como Exxon y Chevron, en un intento de expansión internacional que chocaba frontalmente con los deseos del Kremlin. Por otra parte, es preciso referirse al asunto de la fijación de precios y a la legislación especial para lo que se ha denominado “fluido del pozo petrolífero”, con lo que se conseguía evadir determinados impuestos. No obstante, maniobras de este tipo eran comunes entre casi todas las empresas petrolíferas rusas, como también lo era el resto de prácticas de las que se ha acusado a Yukos. Los críticos afirman que todas las compañías deberían regirse por las mismas reglas, según el principio de igualdad ante la ley; sin embargo, tal llamamiento no ha encontrado respuesta en la judicatura rusa. Sorprendentemente, es la misma lógica que se aplica con cualquier policía de tráfico de tres al cuarto: cuando un conductor tiene mala suerte y lo paran por quebrantar las normas, este argumenta que todo el mundo hace lo mismo. Lo normal es que el policía replique al infractor que se ocupe de sus asuntos: es él a quien han pillado con las manos en la masa.

Para ser justos con Jodorkovski, hay que reconocer que no se resignó a su suerte, aunque esta fuera estar entre rejas. Concedió entrevistas con regularidad y publicó numerosos artículos en los medios rusos. En algunos de ellos se mostraba arrepentido por la privatización, considerada injusta por muchos rusos, y clamaba por un futuro democrático para el país. En otras ocasiones, criticaba duramente al gobierno por la política económica y la corrupción. A causa de sus comentarios Jodorkovski llegó a ganarse a los miembros de la oposición radical, quienes lo proclamaron su líder oficioso. Pero esto fue un error a ojos del público en general. Según los sondeos de opinión, la mayoría de los encuestados apoya la sentencia contra el magnate: es precisamente aquí donde difieren el público ruso y el occidental.

A escala internacional, la segunda sentencia contra Yukos fue recibida con rechazo. Criticaron el juicio jefes de estado como el presidente Obama o la canciller alemana Angela Merkel, así como numerosas organizaciones. Se considera que hay una motivación política detrás del caso Yukos, lo cual podría acarrear a Rusia serios problemas diplomáticos. El gobierno norteamericano ha llegado a amenazar con dificultar el acceso de Rusia a la OMC; esto supone un auténtico jarro de agua fría, ya que parecía que todas las trabas estaban superadas y que, tras más de una década de tira y afloja, las largas negociaciones iban a llegar a buen término.

Aparentemente, no hay solución simple ni constructiva para salir del atolladero. Los dirigentes rusos, aun reconociendo que podrían tener prejuicios contra Jodorkovski, son incapaces de considerarlo un prisionero político. Esto ocurre porque sus ambiciones políticas y sus críticas al gobierno previas a su arresto no lo eximen de los cargos de los que se le acusa bajo la legislación rusa, que tiene la tarea de regular las relaciones entre las autoridades y las empresas privadas. A menudo estas relaciones resultan complicadas y contradictorias. Además, una amplia parte de la ciudadanía rusa considera a Jodorkovski un producto de los 90 que ha recibido su merecido, de modo que Jodorkovski debe continuar entre rejas, aunque ello resulte difícil de comprender para nuestros amigos occidentales.

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