Las empresas que Rusia se guarda

El estado ruso quiere reducir su nivel de propiedad en la economía durante los próximos años. Aunque la medida despierta un cierto escepticismo, el gobierno asegura que el objetivo sigue siendo la privatización.
En contraste con la creencia general de sus vecinos occidentales, la privatización sigue siendo casi una palabrota para muchos rusos. El caos que siguió a la caída de la Unión Soviética, la conmoción económica provocada por la súbita liberalización del mercado y los escándalos de las privatizaciones que permitieron el surgimiento de los clanes oligarcas han calado muy hondo en la psiquis rusa. Con todo, es esto último –el intercambio de bienes estatales por un puñado de monedas que tuvo lugar en la década de 1990– lo que sigue siendo objeto de reproches diarios tanto en la TV como en las portadas de los periódicos.

La actual dirigencia política siempre ha mantenido que las empresas privadas deben dominar la economía, lo que no impide que también haya facilitado el crecimiento de la propiedad estatal. La nueva oleada de privatizaciones anunciada a fines del otoño pasado con fecha de comienzo en 2010 es coherente con las intenciones declaradas, aunque suponga un marcado cambio de dirección en la política que se ha venido llevando a cabo durante la década pasada. En septiembre, el viceprimer ministro Igor Shuvalov anticipó que 5.500 empresas podrían privatizarse (al menos parcialmente) durante los próximos años, 449 de las cuales saldrán a la venta en 2010. En febrero anunció que se ampliará sustancialmente el plan de privatización para el presente año.

Los números originales incluyen una serie de empresas de escasa actividad que llevan años en venta sin que se hayan presentado interesados. Si bien es cierto que pronto saldrá al mercado una selección de activos más interesantes, la comunidad inversora tendrá que esperar si quiere conseguir una mayor tajada del codiciado botín: petróleo y gas, negocios bancarios y otros valores de primera línea.

El gobierno no ofrecerá más que participaciones de intereses minoritarios y de bloqueo de las empresas más atractivas que han entrado definitivamente en el programa de privatización (por ejemplo, la empresa de servicios públicos TGK-5 y tres grandes compañías aseguradoras). Estas ventas, pues, no mejorarán en gran medida la posición de las acciones flotantes o la liquidez. Entre las empresas de propiedad estatal que saldrán al ruedo, tal vez sea la constructora Mosmetrostroi la única que puede suscitar mayor interés.

Sin embargo, también saltó a la luz una segunda lista de nombres en la que figuran algunas de las empresas navieras y de infraestructura de transporte más grandes de Rusia. El potencial de este segmento se debe a la dependencia de la economía rusa respecto de las exportaciones a granel, no sólo de petróleo, sino de metales y productos mineros, cereales y madera, por mencionar algunas. Por eso las participaciones en los puertos marítimos Múrmansk y Novorossiysk y en la naviera Sovkomflot serán con toda probabilidad las que despierten el interés de los inversores. Sin embargo, aún deben salir al mercado, lo que no está garantizado pues siguen figurando en la lista de activos estratégicos con restricciones en cuanto a la propiedad extranjera. La tarea de borrarlas de la lista corresponde únicamente al presidente Dimitri Medviédiev, y éste todavía no lo ha hecho.

Se supone que Medviédiev, en su papel de policía bueno, está en ello; pero como suele ocurrir, la brecha que separa las decisiones políticas y su ejecución práctica es amplia. Con todo, el presidente sigue dispuesto a impulsar su programa de orientación liberal. Ivan Ivánchenko, estratega y analista del banco VTB Capital, sugiere que la dirigencia política tuvo que hacer una pausa con el fin de consolidar el alcance de su poder, necesario para llevar a cabo una serie de medidas impopulares como la privatización.

“La crisis no ha hecho más que reforzar la urgencia de escapar de las garras del petróleo”, señaló Ivánchenko. De ahí que en febrero Medviédiev hiciera pública una lista de iniciativas y plazos para mejorar el clima de las inversiones en Rusia. Entre ellas figura la exigencia de multas contra los agentes que obstruyan políticas o proyectos de inversión, además de un plazo –fijado a mitad de marzo– para plantear la inclusión de nuevas empresas “importantes y estratégicas” en el programa de privatizaciones.

Hay más en juego

En este momento, la privatización es una de las pocas palancas que tiene Rusia para atraer la inversión extranjera directa (FDI). No siempre ha sido así, como demuestra el aumento sustancial de la propiedad del estado en la economía rusa desde 2004, pasando de un 25-30 por ciento a más de un 50 por ciento según la mayoría de las estimaciones. Esto se debe, en gran medida, a un esfuerzo acordado de recuperar los activos perdidos a manos de los oligarcas hace ya años, aunque la campaña fue implacable y con poca pretensión de imparcialidad.
Este proceso, de hecho, se aceleró durante la actual crisis económica cuando el gobierno sacó de apuros a una serie de corporaciones excesivamente apalancadas.

En la práctica, sin embargo, esta acción no fue muy distinta a los rescates que hemos visto en otras partes del mundo. El primer ministro Vladimir Putin salió a decir con insistencia que el estado no tenía el menor interés en nacionalizar activos. En unas declaraciones más recientes, el ministro de economía Alexei Kudrin ha prometido que la participación estatal en el sector empresarial se reducirá al 30 por ciento en los próximos años. El gran reto consiste en traspasar la barrera de los intereses creados del Kremlin, del aparato burocrático y del mundo empresarial.

Hay quien afirma que más que el compromiso de reducir el control del estado sobre la economía, se trata sencillamente de aprovechar el apuro económico actual para alimentar las últimas iniciativas de privatización. Kudrin estima un déficit presupuestario de alrededor del 6,8 por ciento para este año, mientras que en 2009 fue del 5,9 por ciento. Aunque ninguna ayuda es despreciable, los 2.400 millones de dólares que espera ganar en 2010 con las privatizaciones no son gran cosa frente a un déficit de 100.000 millones. La teoría parece aún menos convincente si consideramos que Rusia prepara su primera emisión de bonos en el extranjero desde 1998 (aunque son pocos los que creen que el país podrá alcanzar los 18.000 millones de dólares mencionados en el presupuesto de 2010). Para mayor confusión, Rusia también dispone de los terceros fondos de riqueza soberana más grandes del mundo, con cerca de 400.000 millones de dólares.

Con todo, parece que la necesidad de efectivo en este contexto es un posible impulsor para incluir varios activos de transporte en la lista de empresas estratégicas. En los años de bonanza económica inmediatamente anteriores a la crisis, el estado se concentró principalmente en la debilitada infraestructura rusa, prometiendo realizar una formidable inversión de un billón de dólares. El sector eléctrico fue la prioridad, con una necesidad imperiosa de efectivo para renovar la red eléctrica y aumentar la capacidad; pero, quién lo iba a decir, a partir de 2007 el sector terminó siendo objeto de considerables privatizaciones. Aunque las corporaciones rusas y extranjeras luchaban por la adquisición de activos energéticos, las autoridades desviaron el rumbo de sus declaraciones hacia el transporte.

La crisis, evidentemente, pulverizó estos planes. Los dueños privados de los activos energéticos se ven cada vez más presionados por parte del estado para que cumplan las promesas de inversión que hicieron en el momento de la adquisición; mientras tanto, el estado destina gran parte del gasto público a garantizar la estabilidad social y, por tanto, la estabilidad política. De ahí que los inversores hayan sido invitados a poner la rueda en marcha y a reconstruir la infraestructura del país.

Al mismo tiempo, la dirigencia política sabe que el dinero, por sí mismo, no basta para solucionar las cosas. Una fuente gubernamental declaró recientemente a los medios locales: “Todos sabemos que [las empresas supervisadas por el gobierno] son excesivas. Es imposible manejar eficientemente semejante volumen”.
La administración privada, junto con la tecnología y la pericia extranjeras, son los pilares del esfuerzo del Kremlin por diversificar y modernizar la economía. Esto coincide con la conjetura de Angelika Henkel del Alfa Bank, quien sugiere que la mayor parte de las empresas mencionadas “son buenas candidatas a ser adquiridas por inversores estratégicos que ya tienen intereses sustanciales en ellas”. Por ejemplo, no sería de extrañar que el 25 por ciento más uno de participación estatal en la empresa TGK-5 termine en manos de su principal accionista, KES-Holding; del mismo modo, es muy probable que la participación del 25 por ciento en la compañía Sovkomflot vaya a parar a uno de los socios.

De hecho, son pocas las empresas mencionadas que parecen dispuestas a presentarse en el mercado, tanto ruso como internacional, a pesar de que Kudrin en diciembre pasado aseguró que la mayoría de las próximas privatizaciones no se llevarían a cabo mediante “una venta de acciones, ingresando las ganancias en el presupuesto, sino mediante… oferta pública inicial”. Por ejemplo, en el caso de una empresa como Mosmetrostroi, que en principio puede resultar atractiva, el 100 por ciento que el gobierno quiere vender prolongaría la capacidad de entrada de fondos a Rusia y por lo tanto tendría dificultades para competir con las empresas establecidas que cotizan en bolsa.

Por esta razón, aunque el gobierno pretende ganar puntos en sus relaciones públicas gracias a su impulso privatizador (el Financial Times cita a un funcionario del gobierno que sugiere que con ello “demostraremos al mundo el liberalismo del gobierno”), en la comunidad de inversores son muchos los que no están impresionados por los nombres que aparecen en la lista hasta la fecha.

Rusia no vende barato

La gran pregunta sigue siendo cuánto tiempo tardará el estado en sacar a la luz los grandes premios. La invitación a involucrarse más por los gigantes del estado ruso y otros atractivos activos tendrá que esperar hasta que la dirigencia política logre traspasar la barrera de intereses creados, incluidos los de sus propias filas, además de llevar a cabo la necesaria reestructuración. Esto podrá ocurrir cuando los flujos de inversión y el apetito de riesgo se reanimen. Ahora que los gobiernos del mundo se aferran a los grandes activos, las autoridades rusas no tienen ninguna intención de vender barato.

Lo que no se discute, sin embargo, es el control mayoritario en las empresas más grandes del país. Pocos temas hacen sufrir más a los comentaristas y cierto es que los derechos de los accionistas minoritarios son generalmente pisoteados en Rusia. Como respuesta, Ivánchenko asegura que las denuncias presentadas por los inversores en los últimos tiempos tienen más éxito: “la situación está mejorando, poco a poco”.

Los gigantes del estado ruso ofrecen unos beneficios tan estables y atractivos que no son muchos los gestores de fondos que, haciendo alarde de un idealismo inusitado, los ponen en la lista negra. Además, en un país en el que la corrupción y el delito acechan a las empresas con tanta frecuencia, quizá lo más seguro sea aliarse con el estado.