“Durante los últimos años cada vez se hace más propaganda entre la población de una visión de la época estalinista idealizada, unilateral y que no corresponde a la realidad histórica”, se dice en la nota que acompaña al texto que explica qué es lo que impulsó al senador a registrar en la cámara el proyecto de ley.
En este contexto “se practica la negación de hechos claramente probados (…) de represiones en masa arbitrarias o bien de su rehabilitación”. Esto, según el parlamentario, “conduce al aumento de la popularidad de los movimientos radicales” y “a la consecuente desestabilización de la situación interna del país, ya que puede contribuir a que lleguen al poder fuerzas que practiquen infundadas represiones en masa”, se dice en la nota. RBTH trató de ponerse en contacto con Dobrinin, pero no consiguió ninguna declaración.
Una encuesta del Centro Levada realizada en marzo de 2015 puede darnos una idea acerca de las opiniones imperantes en la sociedad en relación con el pasado estalinista. En la pregunta: “¿Las víctimas que sufrió el pueblo soviético en la época estalinista quedan justificadas por los grandes objetivos y los resultados que se consiguieron en plazos muy cortos?”. Un 7% respondió “definitivamente sí”, un 38% dijo “sí, en cierta medida”, un 41%, “no, esas víctimas no se pueden justificar de ninguna forma”, un 13% “tuvo dificultades para contestar”. Hace cinco años los que pensaban que las víctimas que hubo no pueden ser justificadas de ninguna forma formaban el 58%. Llama la atención que en la formulación de la pregunta no aparezca la palabra “crimen”.
El proyecto de ley solo se refiere a los crímenes del estalinismo reconocidos oficialmente como tales. Sin embargo, esos todavía son pocos: “las represiones políticas masivas” se condenan en las leyes del año 1991 sobre la rehabilitación de las víctimas y los pueblos represaliados.
En este sentido, Yan Rachinski, miembro de la organización en defensa de los derechos humanos, Memorial, destaca que “no hay suficiente base (jurídica)”para una aplicación efectiva de la ley, ya que “a día de hoy no se ha hecho una valoración jurídica plena de los crímenes del régimen comunista”.
Rachinski destaca que el texto del proyecto de ley necesita correcciones y valoraciones “desde el punto de vista de la limitación de la libertad de discusión y de la del acceso a la información”. En general, según este activista, la iniciativa de Dobrinin es “un intento de buena fe de solucionar los problemas existentes”. Para este trabajador de Memorial esos problemas existen en Rusia y esto lo atestigua la propia existencia del Partido Comunista, “cuyo líder [Guennadi Ziugánov], junto con los así llamados compañeros de filas realiza ofrendas florales en la tumba de Stalin”.
Al mismo tiempo, como explicó el diputado de la Duma Vadim Soloviov, jefe del Servicio jurídico del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, los comunistas no niegan el hecho de las represiones.
“Hubo represiones y ya se dio la valoración de todo esto en el XXII congreso del PCUS (en 1961)”, explicó el diputado comunista que destacó que el PCFR es el sucesor legal del PCUS. Al mismo tiempo destacó que es difícil hablar de “los crímenes probados del estalinismo ”, ya que “no hay valoraciones jurídicas de estos hechos: no existen ni sentencias judiciales ni fiscales” y la legislación – y aquí Soloviov está de acuerdo con el representante de Memorial – sobre las víctimas de las represiones en masa y los pueblos represaliados es insuficiente. Sin embargo, él ve en eso la manifestación de una época en que el lugar central no lo ocuparon las represiones sino la conversión del país en una súper potencia.
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