Denuncian un empeoramiento de su situación después del atentado que dejó 19 muertos en Grozni. Fuente: Reuters
“Si un militante comete asesinato en Chechenia, su familia será expulsada inmediatamente de la república, sin derecho a retorno, y su casa demolida desde los cimientos”, afirmaba en su blog el presidente checheno, Ramzán Kadírov, el pasado 5 de diciembre, un día después de que un grupo de hombres lanzara un ataque terrorista en el que murieron diez agentes y nueve guerrilleros.
Las palabras de Kadírov en esta república del Cáucaso Norte, por regla general, reflejan la posición oficial del poder, por lo que sus declaraciones fueron tomadas en serio. Estas palabras también se comentaron en la rueda de prensa que dio Vladímir Putin el pasado 18 de dicimbre: "No hay y no puede haber un enfoque diferente: en Rusia, todos deben de cumplir en vigor en nuestro país de leyes. Nadie es culpable hasta que no es considerada por un tribunal", dio Putin.
El activista por los derechos humanos Ígor Kalyapin, que dirige el "Comité contra la Tortura" (KPP) y lucha contra los casos de brutalidad policial en toda Rusia, envió a la Comisión de Investigación y apeló a la Fiscalía, donde señaló un desajuste de la aplicación de la Constitución y el Código Penal y pidió verificar las palabras de Kadírov para abrir un proceso penal. Las autoridades no hallaron el cuerpo del delito.
La reacción del presidente de Chechenia no se hizo esperar. Indirectamente acusó Kalyapin de apoyo al terrorismo y destacó que todas las acciones de las autoridades chechenas están dirigidas a proteger a los ciudadanos respetando la ley.
El pasado 12 de diciembre en Grozni tuvo lugar una concentración contra el terrorismo y sus partidarios; allí se acusó a los defensores de los derechos humanos de que nunca hablan de las víctimas del terrorismo pero siempre se preocupan por los familiares de los militantes y, así, hacen oídos sordos a los actos de terrorismo. El mismo día por la noche ardió la oficina del Comité contra la Tortura en Grozni. Las causas del incendio no han sido establecida.
Ígor Kalyapin explicó en una entrevista para la web Meduza, que "a pesar del empeoramiento de la situación, el Comité contra la Tortura continuará trabajando en Chechenia”; aunque tal vez la nueva oficina de la organización se sitúe en otro territorio del país. El activista pro derechos humanos cree que la represión aplicada a los familiares de militantes sólo contribuye al crecimiento del sentimiento de venganza.
Mientras tanto, desde el ataque terrorista en Grozni, se han quemado casas de familiares de militantes. La asociación para los Derechos Humanos Memorial, reportó siete casos, siempre llevados a cabo por hombres armados y enmascarados. Las familias cuyas casas fueron quemadas, por regla general, se mudan a una dirección desconocida.
Los defensores de tan duras medidas, entre las que se encuentra el diputado de la Duma Estatal de origen checheno Hozh Magomed Vakhaev, se refieren a la experiencia de Israel, donde este año se ha renovado la práctica de las demoliciones de casas de terroristas.
Evgueni Satanovski, presidente del Instituto de Oriente Medio y experto en Israel es también partidario de estas medidas. "Según las estadísticas, en los años en que Israel aplicaba estas estrictas medidas, la actividad terrorista cayó, y en los años en que renunció a este tipo de prácticas, creció. Esto se debe al hecho de que en el Oriente Medio, así como en el Cáucaso, siempre hay alguien en la familia. Y si la familia sabe que sufrirá por las acciones de su pariente, puede ejercer presión sobre él y detener un ataque terrorista", argumentaba Satanovski a RBTH.
Asesinatos de defensores de los derechos humanos
El trabajo de los defensores de los derechos humanos en Chechenia ha sido siempre muy complicado y, a veces, peligroso. En 2009 fue asesinada en Grozni Natalia Estemírova, de la asociación Memorial, por hablar en contra de la tiranía de las fuerzas de seguridad en la república. Este asesinato sigue sin resolverse. En el mismo año acabaron con la vida de Zarema Saduláieva, que trabajaba en la ONG "Salvemos la generación", y la de su marido.
Ramzán Kadírov dijo entonces que los asesinatos eran indignantes y que haría todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. Desde entonces no se habían dado casos de ataques contra defensores de los derechos humanos o contra sus propiedades; hasta la semana pasada.
El representante de Memorial Alexander Cherkásov expresó A RBTH su preocupación por este hecho: "La situación en Chechenia ha cambiado claramente a peor".
"Hace 15 años que la operación antiterrorista en el Cáucaso del Norte está en marcha”, explica Cherkásov. “Pero no todos los poderes están llevando a cabo políticas duras como las de Chechenia. Si miramos la vecina república de Ingushetia, donde hace seis años llegaba al poder Yunus-Bek Yevkurov, vemos que en seis años Yevkurov logró estabilizar la situación con el uso de métodos suaves: se redujo la actividad de la clandestinidad a través de la legalización de las comunidades salafistas y se permitió el regreso a la sociedad de militantes arrepentidos que no hubieran cometido delitos graves”.
Ramzán Kadírov, en contraste con el líder de Ingushetia, sigue una política de "tolerancia cero" y, según Cherkásov, “esta política es efectista, pero ineficaz. Cuando las fuerzas de seguridad demolieron los hogares de los parientes de quienes habían 'entrado en el bosque', incluso aunque no hubiesen cometido ningún delito grave, sólo sirvió para extender la base de opositores a su régimen”.
Oleg Yegórov es un activista defensor de los derechos humanos que trabaja en el Cáucaso Norte.
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