Polémica enmienda afecta a familiares y amigos de los terroristas

A finales de septiembre Vladímir Putin introdujo una serie de enmiendas relacionadas con la responsabilidad por la actividad terrorista para que fueran estudiadas en la Cámara Baja del parlamento. En concreto, se pretende crear un mecanismo para verificar la procedencia legal de las propiedades de "los familiares cercanos de los terroristas y de aquellas personas con las que tengan parentesco (allegados) u otras personas cuya vida, salud o bienestar sea importante para ellos debido a sus relaciones personales".

Si se descubriera base suficiente para suponer que las propiedades se han obtenido mediante actividades terroristas, serían requisadas para compensar los daños causados por los actos terroristas.

Cualquier investigación relacionada con los familiares se podrá realizar una vez que el terrorista haya sido juzgado y se haya dictado una sentencia firme. Probablemente, en caso de atentados suicidas, bastará con una confirmación mediante una prueba de ADN.

Vladímir Osechkin, miembro del Consejo para el Desarrollo del Control Social de la Asamblea General de la Duma, dice que este proyecto de ley debería ser ampliamente discutido en la sociedad con la participación de expertos y defensores de los derechos humanos. "En mi opinión, los corruptos también destrozan los fundamentos del Estado y se podría comprobar si las propiedades de sus familiares han sido obtenidas legalmente. Si la ley se vuelve en esta dirección, obtendría un apoyo más amplio por parte de la sociedad. El enfoque de este tema debería ser amplio", dice.

Los defensores de los derechos humanos están convencidos de que antes de aplicar un documento de este tipo se debería asegurar si menoscaba o no los derechos civiles.

Uno de los principales temores es que la investigación no profundice lo suficiente con lo que la condena no solo la sufriría un ciudadano sino también su familia.

Mariam Ajmátova, directora de la organización "Madres de Kabardino-Balkaria en defensa de los derechos y las libertades civiles", y madre de un acusado del ataque de Nálchik en 2005, considera que con el actual sistema legal la aprobación de una ley como esta es innecesaria. "No estoy de acuerdo con el proyecto de ley porque las investigaciones casi siempre son superficiales. Casi nunca hay pruebas, tan solo existe la versión de los órganos judiciales. Podría haber gente que sufriera las consecuencias sin haber cometido ningún crimen", comentó a un corresponsal de BigCaucasus.

El director del centro de derechos humanos Memorial, Alexander Cherkasov, señala que ya tenemos leyes de sobra para incautar las propiedades obtenidas ilegalmente. "Por lo que surge una pregunta: ¿hablamos de propiedades adquiridas ilegalmente o de las propiedades de los familiares de los terroristas? Si no, puede resultar que lo que introducimos es la responsabilidad colectiva para los familiares, que puede que ni siquiera sepan a qué se dedica su hermano o su tío. Estas medidas de responsabilidad colectiva son más propias de los terroristas", explica este defensor de los derechos humanos. “Esto es justo lo que pensaba Basayev cuando capturó a los rehenes, quería vengarse de los rusos. Una ley como esta nos devuelve a la Edad de Piedra".

Cherkasov cree que una solución como esta daría alas a los corruptos. "Ahora, por ejemplo, está en vigor la ley de no entregar el cuerpo de los terroristas. La gente que decide de quién es un cuerpo puede declarar, por dinero, que el muerto es un ciudadano normal y entregarlo. El nuevo proyecto promociona la corrupción. En general es un error pensar que los terroristas son gente compasiva que se preocuparán por sus familiares". Los expertos señalan que la confiscación de las propiedades de los familiares de los terroristas es una medida muy efectista, pero nada efectiva. 

El exdirector de los servicios especiales "Alfa", Serguéi Goncharov, coincide en gran parte con el defensor de los derechos humanos. Señala que el proyecto de ley está poco elaborado y que los juristas deberían perfeccionarlo. "Hay términos jurídicos que no tienen ninguna base formal. Por ejemplo, ¿qué es un 'allegado'?", pregunta. 

Este especialista dice que con un enfoque como este se provocará una ola de violencia en el Cáucaso Norte aún mayor de la que hay ahora. "La ilegalidad de los bienes debe quedar demostrada por un tribunal. Esta idea es legítima, pero la actual redacción de la ley no puede ser aprobada", concluye el experto. 

Sin embargo, Andréi Epifantsev, experto en el Cáucaso, apoya este proyecto de ley y dice que las tradiciones caucásicas contemplan la responsabilidad colectiva. "Apoyo este proyecto de ley porque la práctica demuestra que para las sociedades colectivistas  estas medidas de presión pueden ser las más efectivas. Esta sociedad esconde a los terroristas, los ayuda, basándose en los principios del colectivismo: 'Para nosotros siempre tendrá razón porque es un miembro de nuestra sociedad', explican. Y si esto sucede, la sociedad debería ser responsable de ello. La experiencia de la guerra del Cáucaso, del Israel actual, nos dice que estos métodos son correctos. Incluso las prácticas del presidente de la república de Chechenia, Ramzán Kadírov, son más efectivas que el enfoque liberal para tratar con una gente que se rige por otros principios vitales. Kadírov se dirigía a las familias de los combatientes y les decía: 'Chicos, si vuestro hijo sigue en las montañas con un fusil no tendréis ni ayudas, ni educación, ni un buen trabajo'. Y la gente llamaba a sus hijos de las montañas. Algunos dejaban esta vida y se legalizaban, otros se iban a regiones vecinas. En cuanto la gente veía que podían sufrir por culpa de miembros de su comunidad comenzaban a negarles refugio, protección. Hay que mostrar que la intención del gobierno en esta cuestión es muy seria".

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