La polémica rodea la lucha contra la corrupción

“Tenemos una corrupción sistémica y cientos de criminales impunes”, comenta Elena Panfílova, directora de Transparency International Rusia. La agencia Moody’s culpó a la corrupción de su decisión de no subir la calificación BAA1 de Rusia para inversiones a largo plazo en los últimos cinco años, a pesar de los bajos niveles de deuda y de que el país presenta superávit presupuestario.

Hace seis meses empezaron a rodar cabezas: el ex viceministro de Desarrollo Regional, Román Pánov, entró en prisión por malversación de 93 millones de rublos (unos 2,3 millones de euros) que estaban destinados inicialmente a la preparación de la cumbre de la APEC en Vladivostok; a su vez, los exministros de Defensa y Agricultura, Anatoli Serdiukov  y Elena Skrínnik, respectivamente se vieron envueltos en escándalos similares.

Rusia subió 21 puestos en el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparency International (no obstante, el salto fue del puesto 154 en 2010 al 133 el pasado año). El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), un organismo de control europeo, elogió las iniciativas de los gobiernos en un informe reciente.

“El ciudadano medio y los empresarios ya están notando los efectos”, afirmó Dmitri Butrin, editor empresarial del diario Kommersant, un destacado diario ruso.  “Las finanzas municipales son más transparentes y los jefes de la policía de tráfico local no quieren verse envueltos en asuntos de corrupción”.

Pero en cuanto la batalla se trasladó a la cámara baja del parlamento, los expertos comenzaron a ver motivaciones políticas. Varios diputados del Partido Comunista y del partido Rusia Justa, ambos de la oposición, han visto sus mandatos revocados a causa de supuestos conflictos de intereses.

Más adelante, el mismo partido oficialista, Rusia Unida, se convirtió en el blanco cuando Vladímir Pejtin, presidente del Comité de Asuntos Éticos, tuvo que renunciar a su cargo por la supuesta apropiación de bienes en Florida por valor de 2 millones de dólares. Se espera que se produzcan más renuncias.

“Las razones son políticas”, comenta Antón Beliákov, parlamentario de Rusia Justa y presidente del Comité Anticorrupción. “Después de las últimas elecciones, los miembros del parlamento, incluidos los del partido del gobierno, empezaron a dar signos de independencia y a desestimar la posición del Presidente. Su administración necesitaba demostrar quién es el jefe”.

“El problema es que, toda la campaña está dirigida desde arriba y no es sistemática”, indicó Butrin. “La cultura de corrupción actual es muy difícil de cambiar. Para acabar con ella completamente se tendría que desmantelar todo el sistema actual”, añadió.

Jon Hellevig, socio fundador de la filial moscovita de Awara Group, discrepa. “No se puede llamar campaña a lo que está ocurriendo ahora mismo, puesto que en los últimos cinco años se han aprobado numerosas leyes que limitan la burocracia y se ha establecido un gran número de inspectores, y las pymes están empezando a recoger los frutos. Las empresas que deciden no incurrir en prácticas corruptas pueden disfrutar ahora de una competencia más equitativa”.

“Aún nos quedan dos grandes lagunas legislativas por abordar”, anunció  Panfílova, directora de Transparency International en Rusia.

“Normalmente los cargos públicos con ingresos ilegales que son descubiertos solo son despedidos. No se enfrentan a verdaderas penas y, en la práctica, no existen mecanismos que protejan a los denunciantes. La gente tiene miedo de hablar porque podría sufrir repercusiones. El caso más famoso de este tipo es el escándalo levantado alrededor del caso de Serguéi Magnitski”. 

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