La mitad de los rusos desconfía de las acusaciones contra ministro detenido

25 de noviembre de 2016 EFE

Más de la mitad de los rusos desconfía de las acusaciones de soborno presentadas contra Alexéi Uliukáyev, detenido la semana pasada cuando aún era ministro de Economía, según un sondeo publicado hoy por el oficialista Centro de Investigaciones de la Opinión Pública.

Un 54 % de los encuestados piensa que el ya exministro fue detenido por un ajuste de cuentas con otro grupo de poder, mientras que tan sólo un 30 % se cree la versión oficial, según la cual Uliukáyev fue sorprendido in fraganti cuando aceptaba un soborno de dos millones de dólares.

Pese a los numerosos escándalos de corrupción y detenciones de destacadas personalidades que se suceden en los últimos meses, sobre todo en el ámbito regional, apenas un 13 % de la población considera efectiva la campaña anticorrupción desplegada por las autoridades.

La mitad de los rusos califica los resultados de esa campaña como "menores", mientras que uno de cada cuatro ciudadanos cree que "todo sigue como siempre".

Según la versión de las autoridades rusas -avalada por la Fiscalía y por el juez que decretó arresto domiciliario para el extitular de Economía- Uliukáyev extorsionó a la petrolera pública Rosneft a cambio de permitirle privatizar otra empresa del sector.

El Comité de Instrucción ruso, la autoridad que instruye el caso, sostiene que Uliukáyev amenazó a la compañía con ponerle las cosas difíciles si no le recompensaba por autorizar la compra del paquete de acciones en manos del Estado de la petrolera Bashneft.

La mayoría de los analistas, sin embargo, han apuntado al todopoderoso Ígor Séchin -presidente de la petrolera y amigo personal de Putin desde que ambos trabajaban en el KGB- como el hombre detrás de la caída de Uliukáyev.

Tras el anuncio de los planes para privatizar Bashenft, Uliukáyev tachó de incoherente el interés de Rosneft por esa empresa, con el argumento de la titularidad pública de ambas petroleras, aunque luego precisó que la operación era jurídicamente posible pues la ley sobre la privatización no lo prohibía expresamente.

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