Rusia, enfrentada a Occidente por su posición
en la crisis ucraniana, aceptó a regañadientes las elecciones
presidenciales convocadas para el próximo día 25 en Ucrania, aunque no
ha aclarado si reconocerá al vencedor como su legítimo presidente.
El cambio de rumbo lo marcó el día 7 el presidente ruso, Vladímir
Putin, cuando de forma inesperada declaró que los comicios
presidenciales ucranianos, los primeros desde la llegada al poder de la
antigua oposición europeísta el pasado febrero, son "un paso en la buena
dirección".
Ese día, a menos de tres semanas de las
elecciones, Putin también se desmarcó de las consultas separatistas
organizadas en las rebeldes regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, y
que arrojaron una aplastante mayoría a favor de la independencia de
Ucrania.
El visto bueno del jefe del Kremlin a los comicios
ucranianos sorprendió a los observadores, pues contradecía a su propio
ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien un día antes aún
denunciaba ante sus colegas europeos que se fuera a celebrar la jornada
electoral en medio de la ofensiva militar de Kiev en las regiones del
sureste prorruso.
Desde la caída del régimen de Víktor
Yanukóvich en Kiev el 22 de febrero, después de tres meses de protestas
populares y la muerte de un centenar de personas, Moscú nunca reconoció
la legitimidad de un Gobierno al que califica de "junta", que considera
el resultado de un golpe de Estado.
Tampoco reconocía por
tanto la convocatoria de elecciones y exigía, en cambio, la celebración
de un referéndum nacional para acordar un cambio constitucional que
diera mayor poder a las regiones, con un sistema federalista.
Moscú no ha aludido hasta el momento al boicot a los comicios del
domingo de los dirigentes prorrusos del sureste de Ucrania ni ha
confirmado si reconocería una votación que incluso Kiev duda de poder
garantizar en las regiones rebeldes, que cuentan con más de seis
millones de habitantes.
El giro de Putin se produjo tras
reunirse en Moscú con el jefe de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), Didier Burkhalter, quien acordó con el
presidente ruso una "hoja de ruta" para resolver la crisis ucraniana que
Moscú ha hecho suya y defiende desde entonces.
Se trata de
"crear las condiciones necesarias" para un diálogo entre el Gobierno de
Kiev y los insurgentes prorrusos que dé a las regiones rebeldes una
mayor autonomía, para lo cual Moscú exige el fin de la operación militar
ucraniana y el desarme de todos los grupos armados.
Putin
dejó claro que las elecciones del 25 de mayo no decidirán nada "si todos
los ciudadanos de Ucrania no entienden cómo se garantizarán sus
derechos después de su celebración", una clara alusión a la reforma
constitucional que Rusia demanda.
"Entiendo a la gente en el
sureste de Ucrania que se pregunta por qué en Kiev se les dejó hacer lo
que hicieron -montar un golpe de Estado, armarse y asaltar los edificios
administrativos, la Policía y las unidades militares-, por qué a Kiev
se le permitió hacer todo, mientras que ellos no pueden defender sus
intereses y sus derechos legítimos", comentó el líder ruso.
Como parte de la nueva estrategia y de la posición de prudencia asumida,
Rusia expresó su respeto, pero se abstuvo de reconocer los resultados
de los referendos independentistas celebrados el 11 de mayo en las
regiones insurgentes prorrusas de Ucrania.
Además de insistir
en su exigencia a Kiev de cesar una ofensiva que califica de "operación
de castigo" contra los prorrusos, Putin ordenó esta semana la retirada a
sus cuarteles habituales de las tropas rusas desplegadas junto a la
frontera ucraniana.
Esas fuerzas, calculadas en 40.000
efectivos por la OTAN, realizaban, según Moscú, ejercicios militares en
las regiones de Rostov, Bélgorod y Briansk, todas en la frontera con el
país vecino.
Este martes, el Ministerio de Defensa ruso
anunció que "los efectivos desmontan los campamentos de campaña, cargan
los equipos y conforman las columnas de transportes militares y
vehículos blindados".
Un claro paso del Kremlin para rebajar
la tensión en vísperas de las elecciones en el país vecino, dado que
Estados Unidos y la Unión Europea consideraban que esa presencia militar
constituía una amenaza para Ucrania.
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