Según el Constitucional, esta situación
obedece a la interpretación de una serie de normas del Código Procesal
que contraviene los derechos ciudadanos contemplados en la Carta Magna.
El dictamen obliga al Legislativo a precisar el procedimiento de
impugnación de la acciones de las comisiones electorales locales.
Hasta que ello ocurra, los tribunales tendrán que acoger las
denuncias de los ciudadanos en defensa de sus derechos electorales
cuando éstas se refieran a los lugares de votación donde los
denunciantes hayan depositado su papeleta.
El Constitucional
recalcó que la actual práctica judicial, de hecho, no reconoce el
derecho de los ciudadanos de supervisar el escrutinio de los sufragios.
La consulta al TC sobre la posibilidad de recurrir los resultados
electorales fue hecha después de una ola de denuncias de fraude en las
legislativas de 2011, en las que según los datos oficiales ganó
ampliamente la formación del Kremlin, Rusia Unida.
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