Se aprueba en Rusia la ley del derecho al olvido

8 de julio de 2015 Ekaterina Sinélschikova, RBTH
El pasado 3 de julio la Duma Estatal aprobó en lectura final la llamada “ley del derecho al olvido”, que permite reclamar a los buscadores de internet eliminar la información personal de los usuarios de los resultados de búsqueda.
Yandex, principal buscador de Rusia. Fuente: Shutterstock / Legion Media
Yandex, principal buscador de Rusia. Fuente: Shutterstock / Legion Media

Los operadores contarán con un plazo de diez días una vez que el interesado ha presentado la petición. La ley también prevé que, en caso de que el operador se niegue (siempre de forma fundamentada) a suprimir esos enlaces de sus resultados, el ciudadano estará en su derecho de emprender acciones judiciales. Está previsto que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2016.

Fuentes de la Cámara Baja del Parlamento ruso han explicado a RBTH que “hacía tiempo que la gente hablaba de esto” y que la nueva norma se ajusta “absolutamente” a la práctica europea.

“Es una aspiración de la ciudadanía, no de las autoridades. La gente quiere borrar aquello que le acompleja, le disgusta o perjudica su reputación”, dice Vadim Denguin, coautor de la ley y vicepresidente primero del Comité de la Duma para políticas de la información, tecnologías de la información y comunicación.

Denguin explica que una persona puede suprimir la información que le atañe dirigiéndose directamente al recurso, pero “¿qué ocurre cuando el recurso se encuentra fuera de la jurisdicción de la Federación de Rusia? Los diputados creen que, entonces, únicamente se puede suprimir la información dirigiéndose al motor de búsqueda.

“La ley se orienta a luchar contra aquellos ciudadanos que calumnian impunemente a los demás desde fuera de las fronteras de Rusia. Ellos mismos saben perfectamente que, si enlazan esta información en los buscadores rusos, les pillarán fácilmente”, explica Denguin.

Críticas de los motores de búsqueda

“Desde Yandex  [principal buscador del país] y otras empresas de internet hemos criticado el proyecto de ley desde el mismo momento en que tuvimos noticia”, declararon a RBTH los servicios de prensa de Yandex.

En realidad lo que se está haciendo es delegar en los motores de búsqueda funciones que son propias de los tribunales y las fuerzas del orden público. La empresa sostiene que eso no entra en sus competencias.

Yandex considera que el enfoque adoptado, que supone que la información permanezca publicada en las páginas de las fuentes originales, y solo se borren los resultados que arrojan los buscadores, “no es efectivo”.

“En la práctica” ofrece la posibilidad de limitar la búsqueda y el acceso a información sobre cualquier suceso que haya ocurrido en el pasado, y eso contradice frontalmente el derecho constitucional a buscar y obtener información”, indica.

Galina Arápova, directora del Centro de Protección de Derechos de los Medios de Comunicación y miembro de la Asociación Internacional de Expertos en Media (IMLA) en colaboración con la Universidad de Oxford, también ha declarado a RBTH que la ley entra en conflicto con la Constitución rusa y los estándares internacionales recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Además, opina que los legisladores rusos están “reemplazando conceptos”. “¿Cómo se promueve el derecho al olvido en el caso de Rusia? Nos explican que se ajusta a las tendencias progresistas de Europa, pero al mismo tiempo Europa se escandaliza ante su carácter reaccionario y critica la ley con bastante dureza”, dice Arápova.

La abogada señala que “información obsoleta” es un concepto muy ambiguo. “Al cabo de un año la situación puede haber cambiado, y aquella información puede volver a ser vigente. Una persona que no quería meterse en política de pronto decide dedicarse a la política, y en este caso todo lo que le ocurrió en el pasado vuelve a ser de interés público”, expone como ejemplo.

Bajo su punto de vista, ahora, gracias a esta ley, las autoridades disponen de nuevos resortes para presionar a los periodistas, los blogueros y la gente que tiene presencia en internet.

Por contra, desde la Duma Estatal consideran que acusar la ley de “no ajustarse a la legalidad” es “una solemne estupidez”.

“No contradice nada. Quieren causar revuelo porque les conviene”, considera Denguin, y recuerda que, entre otros, la ley no permite “lavar delitos”, porque el documento prohíbe suprimir información “relativa a acontecimientos que incluyan elementos propios de un delito penal” que no hayan prescrito, ni tampoco eliminar información “relativa a delitos que haya cometido un ciudadano sin ser eximido de condena ni haber obtenido la cancelación de los antecedentes penales”.

En segundo lugar, siempre será un magistrado quien dicte la sentencia, y, aun así, “no podemos dar por hecho que el juez resuelva suprimir la información”, señala el diputado.

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