Fuente: Reuters
Según el periódico Kommersant, ExxonMobil exige una reducción de los impuestos por sus beneficios del proyecto Sajalín-1 del 35% al 20% para recuperar las decenas de miles de millones de rublos que ha pagado de más. La empresa amenaza con dirigirse al Tribunal de Arbitraje de Estocolmo.
La cuestión de la tasa de impuestos surgió hace ya seis años. A partir de 2009 los participantes del proyecto comenzaron a pagar un impuesto sobre los beneficios del 35 %. Sin embargo, el viceministro de Finanzas, Serguéi Satálov, explicó en una carta sobre el proyecto: “El impuesto sobre los beneficios en la Federación Rusa es del 13 % y en la región de Sajalín es del 22 %, a menos que una ley, decreto o regulación reduzcan esta tasa a posteriori”. Este año en Rusia el impuesto sobre los beneficios ha sido reducido al 20 %.
“Las reclamaciones de los estadounidenses están justificadas, ya que cuando se estableció la tasa de impuestos para el proyecto se anunció que esta podía reducirse en caso de que la legislación cambiara más adelante. Como se ha producido dicho cambio, ExxonMobil tiene derecho a reclamar una compensación”, declara la analista de la compañía FBS, Elizaveta Beluguina.
Sin embargo, según Beluguina, en esta historia el efecto de las sanciones es innegable. “La empresa intentó conseguir una reducción de la carga fiscal en 2009, pero no defendió sus intereses con demasiada insistencia. Su discurso se reforzó tras la introducción de las sanciones contra Rusia”, señala Beluguina.
Debido a estas, las colaboraciones de la empresa se han congelado en muchos ámbitos. ExxonMobil ha estimado sus pérdidas en Rusia en 1.000 millones de dólares. “La directiva de ExxonMobil tiene la tarea de reducir costes y cerrar antiguas historias. Además, el plazo para presentar una demanda basándose en las leyes inglesas está próximo a expirar”, escribe el periódico Kommersant.
¿Es posible llegar a un acuerdo?
“Existe una alta probabilidad de que la empresa estadounidense gane esta disputa. Aunque lo más seguro es que ExxonMobil únicamente pueda recuperar el dinero pagado de más durante los últimos tres años debido a que el plazo para presentar una demanda por los otros años ha expirado”, señala Borís Fedósimov, director general de la compañía consultora internacional Gente de negocios, que forma parte de Business People Consulting Group.
Las reclamaciones de la empresa estadounidense podrían sentar un precedente para otras reclamaciones análogas por parte del resto de socios del proyecto Sajalín-1 (la japonesa Sodeco y la india ONGC), según opina Mijaíl Krutijin, socio de la compañía consultora RusEnergy.
El pasado 19 de marzo, el presidente de ExxonMobil, Rex Tillerson, asistió a unas negociaciones en Moscú. Tillerson se reunió con el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak. El encuentro se celebró a puerta cerrada. Tras esta reunión el ministro se limitó a señalar que Rusia está interesada en colaborar con ExxonMobil.
¿Quién más paga una tasa de impuestos tan elevada?
Además del proyecto Sajalín-1, existen otros dos proyectos concebidos en base a un acuerdo sobre el reparto de la producción: Sajalín-2 (en el que participan la empresa holandesa-británica Shell y un consorcio de empresas japonesas: Mitsui y Mitsobishi) y el proyecto Jariaguinski (en el que participan la francesa Total y la noruega Statoil). En cada uno de ellos se establecieron unas condiciones fiscales distintas, siempre coincidiendo con la tasa fiscal del momento.
En el proyecto Jariaguinski la tasa de impuestos es del 35 % (el acuerdo fue firmado en 1995, al mismo tiempo que el proyecto Sajalín-1). En el proyecto Sajalín-2 la tasa es del 32 % (correspondiente a la tasa fiscal vigente en 1994, cuando se firmó el acuerdo). En 2010 el operador del proyecto, Schlumberger, intentó rebajar esta tasa por la vía judicial. En aquel momento en Rusia ya existía una tasa reducida del 20 %. Sin embargo, el tribunal se negó a revisar el caso.
ExxonMobil es el operador del proyecto de extracción de gas y petróleo Sajalín-1 y posee un 30 % de participación. El resto de los accionistas son la empresa japonesa Sodeco (30 %), la rusa Rosneft (20 %) y la india ONGC (20 %). El proyecto se basa en un acuerdo sobre el reparto de la producción.
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