Cómo abordar el déficit de legitimidad en la ONU

Los países mencionados (excepto Alemania) son precisamente los que forman parte, con carácter permanente y derecho de veto, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo que de acuerdo con su Carta tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Se produce así una aparente paradoja, que no hace sino a contribuir al déficit de legitimidad que se percibe en una organización clave para la sociedad internacional, a la que también se suman los problemas endémicos de ineficacia burocrática de sus estructuras y las acusaciones de corrupción.

Los orígenes del problema

Como es bien sabido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) nació en 1945, reemplazando a la fracasada Sociedad de Naciones, como un intento de prevenir nuevas guerras. Para ello se dotó de un órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para los Estados miembros.

Así como en la Asamblea General cada país dispone de un voto, el Consejo tiene una composición limitada a 15 Estados, cinco de los cuales son las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial (EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia), mientras que los otros diez se asignan por periodos de dos años en función de un reparto geográfico.

Además, los cinco miembros permanentes gozan del derecho a vetar cualquier iniciativa que consideren contraria a sus intereses. Por ello, durante la Guerra Fría el Consejo de Seguridad estuvo prácticamente paralizado por el enfrentamiento entre EEUU y la URSS, lo que supuso una dejación de sus funciones.

Con la caída del Muro de Berlín, y tras heredar Rusia en 1992 el asiento de la URSS en el Consejo, se impuso el consenso y se consiguió aprobar gran número de resoluciones, pero con los desacuerdos sobre Kosovo en 1999 y la invasión americana de Irak de 2003 la institución perdió nuevamente parte de su eficacia.

Las propuestas de cambio y la posición de Rusia

El principal reto para la ONU es la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, aunque lo complejo es acordar el cómo hacerlo. De entrada, ni uno solo de los miembros permanentes está dispuesto a renunciar a su privilegiado estatus, por lo que el objetivo de un funcionamiento más democrático difícilmente se cumplirá.

Esta cuestión fue abordada en marzo de 2005 por el entonces Secretario General Kofi Annan, que presentó el plan In Larger Freedom con dos alternativas: seis nuevos miembros permanentes (sin derecho a veto) y tres nuevos miembros no-permanentes (que rotarían cada dos años), o bien ocho nuevos miembros por cuatro años (rotatorios), más un nuevo miembro no-permanente, en ambos casos aumentando el número total de miembros de los 15 actuales a 24.

Por supuesto, donde radica la dificultad es en decidir quiénes deberían ocupar, en caso de crearse, esos nuevos puestos permanentes. Los miembros del llamado G4 (Japón, Alemania, India y Brasil), se postulan como candidatos, con el apoyo de Reino Unido y Francia. Se estima también que África debe estar incluida, pero no hay acuerdo sobre qué nación sería la elegida, ya que en caso de ser un país subsahariano 1.200 millones de musulmanes se quedarían sin representación.

Esa opción es también apoyada por Rusia, pero con algunos matices. Así, en diciembre de 2012 el Ministro de Exteriores Lavrov afirmaba que “Estamos rotundamente a favor de la reforma y confiamos en que los países en desarrollo y, en primer término, los nuevos líderes económicos y financieros, tales como India y Brasil, deben tener representación en el Consejo de Seguridad”. Como se comprueba, el respaldo ruso se circunscribe a sus socios de los BRICS, y no alcanza a Alemania o Japón, precisamente los grandes derrotados de la última Guerra Mundial.

Por otra parte, Corea del Sur objeta a Japón como miembro permanente, Italia a Alemania, Pakistán a India, y México y Argentina a Brasil, al que no consideran representativo de la América de habla hispana. Su postura se engloba en la iniciativa Uniting for Consensus, que aboga por un total de 20 miembros no permanentes representativos de todas las regiones, para completar un Consejo con 25 miembros. Esta opción cuenta con el respaldo de China.

Como se comprueba, los intereses de los Estados-nación siguen primando en el mundo globalizado del siglo XXI. Una posible solución sería que la reforma del Consejo se hiciese en términos de organizaciones supranacionales, de modo que todas las regiones del planeta estuviesen representadas.

Así, se podría asignar un puesto permanente a la Unión Europea en lugar de a Alemania, otro para MERCOSUR/UNASUR en lugar de sólo a Brasil, otro para la Unión Africana en lugar de sólo a Sudáfrica o Nigeria, y otro, por ejemplo, a la Liga Árabe en representación de las 22 naciones que la forman.

Los nuevos retos para la seguridad

En todo caso, el marco jurídico en vigor en la comunidad internacional hace muy difícil afrontar las nuevas amenazas, ya que el sistema que consagra la Carta de las Naciones Unidas de 1945, heredero del creado por la Paz de Westfalia de 1648, está basado en las relaciones entre las Estados-nación soberanos, en cuyos asuntos internos nadie debería inmiscuirse.

Sin embargo, desde el fin de la Guerra Fría han proliferado tanto los Estados fallidos, incapaces de controlar su propio territorio (como Somalia o el Afganistán de los talibán), como los regímenes que han causado con sus políticas crisis humanitarias internas o incluso genocidios contra parte de su población (como Ruanda y Sudán).

Ante estos casos, la comunidad internacional se ha debatido entre la responsabilidad de proteger y ese principio de no-injerencia en los asuntos internos, lo que en unas ocasiones ha conducido a iniciativas fuera del marco de la ONU (como la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999), y en otras a una intervención militar respaldada por una Resolución del Consejo de Seguridad (como en el caso de la operación militar de 2011 contra el régimen de Gadafi en Libia).

Conclusiones

El Consejo de Seguridad de la ONU, conforme quedó configurado tras la II Guerra Mundial, no es representativo del mundo actual, en el que las potencias emergentes están jugando un papel cada vez más importante.

Además, su funcionamiento interno padece de un serio déficit democrático y de legitimidad, debido al derecho a veto de unos pocos países, lo que dificulta su capacidad de hacer frente a los nuevos retos para la seguridad internacional.

Por tanto, y aunque es evidente que los cinco miembros permanentes nunca renunciarán a sus prebendas, es necesario acometer una reforma en profundidad del Consejo, dando representación a las diversas organizaciones regionales de seguridad. 

Todos los derechos reservados por Rossíiskaia Gazeta.