Recordemos que en marzo de este año, el entonces Presidente de la Federación rusa Dmitri Medvedev, anunció la necesidad de cambiar los incentivos de los trabajadores públicos. El funcionario tiene que entender su responsabilidad y hasta que punto su trabajo es importante y debe hacerlo con calidad. 

Con este objetivo el jefe del estado propuso monetizar los privilegios y utilizar el mecanismo de rotaciones en toda su extensión. "Debería introducirse paulatinamente un sistema único de exámenes y concursos para los trabajadores del Estado . Todos los privilegios y ventajas de los trabajadores estatales, en última instancia, deberían ser monetizados y sumados al sueldo base deberían constituir una motivación laboral propia de su nivel en el mercado", dijo entonces Dmitri Medvedev.

Por cierto que la práctica de realizar exámenes de ingreso para el funcionariado existe en muchos países (tanto occidentales como orientales). En Rusia todavía funciona el mecanismo de concursos, en el que se selecciona a los candidatos a un puesto vacante en base al análisis de sus acreditaciones y una entrevista. Muchos expertos critican este procedimiento arcaico y señalan la posible subjetividad en la selección de los trabajadores.

Según dicen es imprescindible generalizar el mecanismo de rotación así como un método de valoración general de la eficacia de la actividad de los funcionarios a nivel estatal y municipal. Estas medidas ayudarían a cambiar la motivación de muchos de los que trabajan en los órganos del gobierno y estimular que llegue al funcionariado una nueva generación de ejecutivos modernos y escrupulosos.

Pero con la vuelta al Kremlin de Vladimir Putin, se decidió reforzar la motivación y la eficiencia del trabajo de los funcionarios (entre los que se encuentran también el Presidente, el Primer ministro, los ministros y los legisladores a todos los niveles), desde el otro lado. Por iniciativa de una serie de legisladores de la Duma nacional se han presentado dos proyectos de ley sobre las cuentas bancarias y las propiedades de los funcionarios en el extranjero. El primero de ellos fue presentado por el vicepresidente de la Duma, de "Edinaya Rossia", Serguéi Zhelezniak y por Iliá Ponomarev (del partido "Spravedlivaya Rossia"). De aprobarse este proyecto se obligaría a los funcionarios a publicar una declaración de sus activos en el extranjero. El segundo, realizado por diputados de todas los grupos de la Duma, obligaría a todos los funcionarios estatales y municipales, a sus cónyuges e hijos menores de edad a cerrar sus cuentas bancarias y sus propiedades en el extranjero en el plazo de medio año, previendo una multa, en caso de incumplimiento de la norma, de entre 5 y 10 millones de rublos o una condena de cárcel de cinco años. Estos proyectos de ley, según los autores, deberían ayudar a luchar contra la corrupción en los órganos del estado.

Actualmente el Kremlin está más inclinado a apoyarse en la segunda variante de la ley mucho más dura. El resultado es que los desvelos del gobierno por los funcionarios, su "principal apoyo", exigen significativas restricciones de los mismos funcionarios. Si en Corea del Sur, de acuerdo con la legislación, la ocultación de la propiedad de un bien inmueble en el extranjero se considera un delito, pero no la propiedad en sí, en Rusia la situación está cerca de llegar a que los funcionarios puedan perder sus casas y pisos en el extranjero.

Pero algunos diputados han ido aún más lejos: han propuesto prohibir también a los hijos de los trabajadores del estado estudiar en el extranjero. Esta declaración fue objeto de las ironías de una serie de medios de comunicación rusos. Auguran que si se continua por este camino no habrá nadie con menos derechos en Rusia que los trabajadores del estado. Y poca gente desearía ponerse ellos mismos y sus familias en una situación similar. ¿Dónde se encontraría a gente que quisiera trabajar para el estado?

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de un sondeo de población realizado por el fondo "Opinión pública", los habitantes de Rusia apoyan las duras medidas en relación con los funcionarios. Por ejemplo, la prohibición de tener cuentas bancarias y propiedades en el extranjero para los trabajadores del estado es aprobada por un 66 % de los ciudadanos. En opinión de un 26 % de los ciudadanos es necesaria una ley así para terminar con la huída de capitales del país, y el 16 % está convencido de que el dinero que los funcionarios sacan al extranjero ha sido obtenido como resultado de la corrupción.

A pesar de eso hay quienes no aprueban los pasos que está tomando el gobierno y no creen en la efectividad de la ley.  "Sería más justo crear un procedimiento de control de la propiedad declarada que se tiene en el extranjero. Más aún esta ley tendrá agujeros, porque para los trabajadores del estado no va a ser muy difícil traspasar su propiedad a personas de confianza", nos dice el presidente del fondo de investigación "Instituto de modernización de la gestión estatal y municipal", Vladimir Yuzhakov. "La aprobación de la ley se entenderá como una señal de que Rusia no cree en su atractivo para la inversión y obliga a los funcionarios a invertir en la patria".

Sea como sea, el proyecto de la nueva ley está dirigido, ante todo, a un grupo relativamente reducido de altos directivos. El número total de trabajadores del estado al día de hoy en Rusia, por cierto, es de más de medio millón (sobre 143 millones de habitantes).