Fuentes próximas a Norníkel indicaron que el conflicto se centra principalmente en el reparto de dividendos y el control de la comercialización de los productos y, por consiguiente, de los ingresos de la empresa, lo cual "dificulta su desarrollo y la solución de los problemas que afronta".

Además de su principales activos en Rusia, Norníkel posee activos productivos en Finlandia, Australia y la República Sudafricana, lo cual también lo sitúa entre los principales productores mundiales de cobalto, cobre y rodio, además de oro, plata, iridio, osmio, selenio, rutenio y teluro.

El presidente ruso también aprovechó la ocasión para reiterar la confianza de que en Norníkel "serán resueltos los problemas ecológicos", que convierten la zona polar donde está situada la empresa en una de las más contaminadas de Rusia.

Los dos principales accionistas de Norníkel son los consorcios de los oligarcas rusos Vladímir Potanin (28 por ciento de las acciones) y Oleg Deripaska (25 por ciento).

"Siempre hemos apostado por el diálogo, se mantienen discrepancias, pero últimamente hemos conseguido consensuar varios puntos", dijeron a Efe en el servicio de prensa de Interros, el consorcio de Potanin.

Portavoces del grupo de Deripaska, por su parte, destacaron que su compañía "Rusal no comenta las palabras del presidente".

Potanin es considerado autor de las subastas hipotecarias en las que a partir de 1995 los oligarcas rusos consiguieron hacerse con importantes propiedades del Estado a cambio de créditos que hoy muchos consideran insuficientes.

Esa fue precisamente la vía por la que fue privatizado Norníkel, una de las principales joyas del consorcio de Potanin.

Hace cuatro años Deripaska, propietario del consorcio Bazel, cuyo principal activo es el grupo Rusal, uno de los mayores productores de aluminio del mundo, compró las acciones de Norníkel a Mijaíl Prójorov, antiguo socio de Potanin y el tercer candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales rusas.

El "zar del aluminio", como llaman a Deripaska, es blanco de una investigación por parte del Ministerio ruso del Interior, que en abril empezó a estudiar los expedientes facilitados por la Justicia española, que le acusa de blanqueo de dinero en España.

Esta investigación surgió a raíz de la "operación Avispa" desarrollada en dos fases en España en 2005 y 2006 y por la que ya fueron condenados seis miembros de la mafia ruso-georgiana.

Esta es la segunda vez que Putin llama a cerrar las discrepancias entre los propietarios y destaca los problemas ecológicos del gigante metalúrgico.

Desde el cargo de primer ministro, que ocupó hasta su nueva elección a la presidencia en marzo pasado, había incluso amenazado con fuertes multas si Norníkel no se modernizaba ni mejoraba la situación ecológica