Hace un dos semanas un grupo de activistas civiles se reunió para hacer un picnic en un parque de Moscú, en homenaje a su amiga y colega asesinada, Natalia Estemírova, que fue en su día una de las defensoras de los derechos humanos más trabajadoras y valientes. Hace tres años, también un día de verano, Estemírova, de 51 años, fue secuestrada a la entrada de su casa en Chechenia, conducida hasta la cercana frontera con Ingushetia y ejecutada sumariamente. A día de hoy, sus asesinos no han sido localizados.

Los activistas rusos creen que Estemírova fue asesinada por su labor en defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos que las fuerzas del orden cometen en el Cáucaso Norte, por investigar casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales y por ayudar a otros periodistas a difundir casos de torturas y asesinatos. Unos años antes de su asesinato, el Parlamento sueco otorgó a Estemírova el  The Right Livelihood Award ('Premio al Sustento Bien Ganado'), conocido también como el “Nobel alternativo”.

En la actualidad, la labor de Estemírova continúa, pero sus colegas temen que la nueva ley aprobada el mes pasado impida la supervisión de los derechos humanos en Rusia. La ley obliga a que todas las ONGs que reciben financiación extranjera y tengan “intenciones de participar en actividades políticas” que se inscriban nuevamente como “entidad con funciones de agente extranjero”. Las ONGs que no cumplan la ley se arriesgan a ser prohibidas.
 

En el picnic, la mayoría de los activistas reconocieron que sus grupos aceptan financiación extranjera. Temen que el esfuerzo realizado para ponerles la etiqueta de 'agentes extranjeros' tenga como objetivo demonizar a algunos grupos como espías encubiertos. Cientos de organizaciones civiles rusas reciben financiación extranjera, y muchas dependen de ella para sobrevivir.

Yelena Denisenko, una mujer callada con una sonrisa tímida, es una activista pro derechos humanos que trabaja para el centro 'Memorial' en Majachkalá, la capital de Daguestán, donde 824 personas murieron el año pasado en un conflicto apenas conocido.

Denisenko dijo que la nueva ley minaba la idea de una sociedad civil independiente, especialmente en un sitio con una escalada de tensión como Majachkalá, donde las madres y esposas de los musulmanes desaparecidos acuden a su oficina a cualquier hora del día o la noche.

“Creo que mi papel es ayudar a la gente a encontrar justicia, construir un puente entre los que sufren y las autoridades, para que las víctimas desesperadas no corran a los bosques a unirse a los insurgentes”, explicó Denisenko.

Los activistas afirman que la nueva ley los obligará a denominarse 'agentes extranjeros'. Entre estos 'agentes' habrá un gran número de abogados, desde los que trabajan para la integración de personas con discapacidad, hasta los que lo que se dedican a mejorar la situación de los enfermos de sida o reformistas legales.

El miembro del partido Rusia Unida y diputado de la Duma, Rober Shlegel, que apoyó la nueva ley sobre ONGs, afirmó que estaba dirigida originalmente contra organizaciones financiadas por el gobierno de los EE UU, como los grupos de observadores en las elecciones.  “Va principalmente contra grupos como Golos; las ONGs que promueven valores humanitarios y no se mezclan realmente en política no tienen por qué preocuparse. La ley está viva, es un material flexible”, dijo Shlegel.

Algunas organizaciones han decidido centrarse en recaudar fondos en Rusia. Valentina Mélnikova, fundadora de una de las ONGs rusas más antiguas, la 'Unión de Comités de Madres de Soldados', que defiende los derechos de los soldados rasos movilizados en el ejército ruso, dijo que su grupo lucha ahora por sobrevivir y tiene miedo de perder la oficina que ha tenido en alquiler durante 24 años.
 

“Nos hemos quedado sin financiación, recibimos dos ayudas europeas que apenas nos dan para sobrevivir. Todos nuestros intentos por optar a subvenciones de la Cámara Pública de Rusia han fracasado. En Rusia nadie nos daría dinero, porque no le gustamos a Putin: cree que los defensores de los derechos humanos son sus enemigos”, se queja Mélnikova.

Durante dos décadas, las secciones regionales de esta ONG han proporcionado ayuda legal a miles de soldados y oficiales del ejército ruso. “Los activistas del grupo son patriotas y se niegan a registrarse como agentes extranjeros”, añadió.

Marina Pisklakova-Parker es una socióloga que dirige una organización, el Centro Nacional para la Prevención de la Violencia (ANNA), que apoya y defiende a las víctimas de violencia doméstica y lucha por una nueva legislación al respecto.

Durante los primeros tres años, la ONG de Pisklakova-Parker, ANNA, vivió con un presupuesto más que ajustado. Aun así, consiguió ofrecer asistencia a unas 60 víctimas de violencia doméstica al mes. Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos del grupo para ejercer presión por una ley contra la violencia doméstica en Rusia han fracasado. La lucha del grupo por cambios en la legislación los hace más vulnerables en el nuevo marco legal.

La ayuda de organizaciones internacionales y las donaciones han permitido que ANNA vaya concienciando a la población y que pueda ayudar a 700 víctimas al mes en un país donde una de cada tres mujeres sufre violencia doméstica. “Estoy preocupada por la nueva ley, ya que amenaza con arruinar la reputación de nuestro grupo ante la opinión pública”, dijo Pisklakova-Parker.

Tras una larga reunión de personal el mes pasado, Oleg Orlov, el director de 'Memorial. Centro para los Derechos Humanos', decidió que la ONG no recibiría más financiación de la Comisión Europea, Soros ni otras fuentes de financiación en el extranjero. Pero 'Memorial', una organización fundada por Sájarov y otros disidentes soviéticos en 1989, no va a definir sus actividades como 'políticas'. “No somos agitadores políticos, no hacemos campaña por ningún candidato a las elecciones. Solo defendemos los derechos humanos. Los que creen que somos enemigos del pueblo solo tratan de que la gente nos tenga miedo”, afirmó Orlov.