El mes pasado, en Seliguer, 'Patria segura' consiguió el apoyo de Vladímir Putin. Durante un paseo por el campamento el Presidente se acercó al stand de la organización, escuchó la presentación y bromeó diciendo: “Hay que contrataros”.

Llevan medio año con un proyecto llamado 'Control público' y con el dinero que consiguen forman a voluntarios en todo el país.

En ese tiempo han conseguido deshacer 37 operaciones ilegales valoradas en 614,5 millones de rublos (unos 19 millones de dólares) y satisfacer 62 demandas en el Servicio Federal Antimonopolio por un total de 1.900 millones de rublos (cerca de 60 millones de dólares), según aseguran desde la organización del proyecto. Allí trabajan exclusivamente voluntarios (entre los que pueden encontrarse funcionarios) que se dedican al proyecto después de su trabajo, o bien los fines de semana.

La situación social que ocupan los dos dirigentes puede ser una explicación para comprender el deseo por gastar dinero y energía dirigiendo este proyecto. Ambos son hombres de negocios: Dmitri Zhirkov poseía un negocio de vigilancia de seguridad y Vitali Zarudin, una consultoría jurídica. “Entre el 40% y el 50% de las adquisiciones estatales se intentan llevar a cabo violando la ley. Sin embargo, no siempre es por maldad, sino también por ignorancia”, afirmó Zarudin.

Los creadores de 'Patria segura' se distancian de Alexéi Navalni. “Nosotros no nos dedicamos al altruismo. Trabajamos únicamente con nuestro propio dinero. Además, no hacemos propaganda para derrocar el poder del país y tampoco consideramos que Navalni sea un rival”, explica Zarudin.

Ha sido imposible dar con el opositor Alexéi Navalni: su teléfono móvil estaba fuera de servicio. Su secretaria de prensa, Anna Beduta está de vacaciones y se niega a hacer comentarios. La abogada del proyecto, Liubóv Sobol explicó que 'RosPil' no ha oído hablar de 'Patria segura', pero que aún así no lo consideran un competidor. “No tenemos relaciones comerciales, dijo Sobol. Nos alegra saber que existe otra organización que se dedica a lo mismo que nosotros: luchar contra la corrupción. Hay un enorme campo de trabajo”.

Nuevas leyes contra la corrupción

Y es que luchar contra la corrupción sigue siendo necesario. Como mínimo a través de la legislación. Putin dio luz verde para la elaboración de la ley federal 223 (sobre la regulación de la organización de las empresas estatales y sociedades mercantiles con la participación estatal). En la actualidad las empresas estatales establecen sus propias reglas de negociación, mientras que las organizaciones públicas no tienen derecho a controlarlas. “La corrupción en este sector es mucho mayor que en las administraciones. De hecho, hasta que la ley no se reescriba, los voluntarios sólo podrán llevar a cabo un 15% de lo que podrían llegar a hacer”, opina Zarudin.

El proyecto de enmienda ha sido encargado por el Presidente y lo llevarán a cabo “Patria segura” y el Ministerio de Economía, explicaron fuentes del Kremlin a RBC Daily. “Será publicado uno de estos días”, dijo el entrevistado. No obstante, como pudo comprobar RBC Daily, hace poco 'RosPil' se dirigió al Ministerio con una petición similar. La organización de Navalni quiere participar en la redacción de la ley sobre el sistema federal de contratación: una alternativa a la actual ley federal 94 (sobre las adquisiciones para el Estado y la comunidad). El Ministerio de Economía envió una respuesta a los opositores pidiendo que enviasen  sugerencias. Aunque el intento de 'RosPil' por aumentar la capacidad de acción de los que luchan contra la corrupción fracasó.

Los empresarios dan la bienvenida a la competencia en este ámbito. “Es bueno que haya más profesionales de organizaciones que luchan contra la corrupción”, opina el jefe del consejo de expertos de 'Delovaya Rossiya', Alexánder Ósipov.

La ley federal 223 realmente necesita un ajuste importante, dicen los participantes en el mercado. “La formulación actual no permite que exista ningún tipo de control público. Lo primero que debe hacerse es cambiar las condiciones de transparencia y establecer medidas de responsabilidad para los participantes”, afirma el coordinador del proyecto 'RosPil' Konstantín Kalmikóv. “Sólo en esas condiciones podrán introducirse medidas de control provenientes de la sociedad, por ejemplo, la posibilidad de dirigirse a las mismas instancias judiciales. Además, es indispensable cambiar los criterios para determinar quién participa en los negocios. En la actualidad, el Estado está condicionado por la situación interna de las propias empresas, lo que sin duda elimina toda posibilidad de control público”.


Artículo publicado originalmente en RBC-Daily.