Pero de momento,  Nadezhda Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich y María Aléjina permanecen detenidas y han terminado la primera semana de su juicio con cargos de 'gamberrismo' que podrían resultar en una sentencia de hasta siete años de cárcel. Lo que empezó como una performance provocadora y profundamente insultante, pero inofensiva, se ha vuelto una “cause célèbre” de resonancia internacional que ha dividido a la sociedad rusa, ha dañado irremediablemente la reputación del Kremlin en Occidente y la de la Iglesia Ortodoxa rusa entre la clase intelectual de Rusia.

Aunque recientemente Vladímir Putin expresó la opinión de que las tres mujeres “no deberían recibir un castigo demasiado severo”, la mayoría cree que, sin una orden directa del Kremlin, no habrían tenido lugar ni el arresto ni la causa penal.

Es interesante constatar que muy poca gente en Rusia, incluso entre los que exigen la liberación de las integrantes de Pussy Riot, cree que lo que hicieron estuvo bien. Actuar en el techo de una cárcel o en medio de la Plaza Roja, como hacían antes, está bien. Tampoco es un pecado tener ideas feministas radicales, aunque es poco probable que esto atraiga a las masas en un país esencialmente conservador como Rusia. Y que no te guste Putin está bien también. Pero irrumpir en una iglesia con una performance punk era innecesariamente ofensivo para el creyente de base.

Aun así, parecía que el caso requería una simple sanción administrativa que se olvidaría rápidamente. Eso parecía, por lo menos hasta finales de febrero, cuando las tres activistas punk fueron puestas en prisión preventiva, lo que, si tenemos en cuenta las características del sistema ruso, significa un periodo de cárcel antes incluso de que el juicio comience.

 

El arresto lo cambió todo

En primer lugar, la intelligentsia rusa y una buena parte del mundo occidental interesado en Rusia consideraban los procedimientos penales que tenían lugar en Moscú como una farsa, una simple demostración del poder del Estado para coaccionar y castigar a su gusto a los activistas de la oposición. El sistema judicial ruso es una mera extensión del poder ejecutivo, por lo que todo el mundo está convencido de que la sentencia no se decidirá en el tribunal, sino en los pasillos del Kremlin. Este es el motivo por el que despertaban tanta atención a las declaraciones de Putin sobre el jucio.

Ahora el Presidente se encuentra en una situación difícil. Si se sentencia a las tres acusadas a penas de cárcel severas, se convertirían en mártires. Además, crearía una situación bochornosa para Rusia a nivel internacional. Lo más probable es que sean declaradas culpables y que se les sentencie a un periodo de cárcel equivalente al que ya han pasado en prisión preventiva. Pero este desenlace solo servirá para avivar más la rabia de la oposición y no disuadirá, ni mucho menos, a los activistas, para los que pasar una temporada en la cárcel es colgarse una medalla. Por tanto, es imposible predecir la sentencia final.

En segundo lugar, el juicio a Pussy Riot ha socavado la autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa, que no pidió a las autoridades la liberación de las tres mujeres de su prisión preventiva. Al contrario, el portavoz de la Iglesia se dedicó a hacer ejercicios de teología creativa. Afirman que el perdón solo puede obtenerse como resultado del arrepentimiento. Y como las integrantes de Pussy Riot nunca han pedido perdón de forma explícita, según afirma, la Iglesia no tiene por qué pedir la clemencia del poder secular. Resulta novedosa esta interpretación del Sermón de la Montaña de Jesucristo, que predica el perdón incondicional de los enemigos.

El caso ha dividido a los creyentes y al clero entre una mayoría que exige venganza contra las punkies que cometieron el sacrilegio y una minoría que defiende la clemencia y el perdón. En los últimos meses, un aluvión de cartas abiertas y llamamientos han exigido al Patriarca Kirill que se decante por una u otra opinión. Aunque el primado de la Iglesia Ortodoxa rusa ha declarado “que no va interferir” en el proceso judicial, su postura se inclina claramente hacia la de la mayoría. Ya tildó a los sacerdotes que abogaban por la clemencia de “traidores con sotanas”. En realidad, existe una profunda fractura en la comunidad ortodoxa rusa.

Desde que el caso Pussy Riot está en el candelero, se ha ido revelando en toda su profundidad la desigual relación de la Iglesia con el Estado ruso. Oficialmente, la Iglesia es independiente del Estado, pero, en realidad, sigue la estela de las decisiones del Kremlin, sean las que sean, hasta el punto que está empezando a ser considerada un departamento más de la administración presidencial. Esto es muy útil para Putin, ya que siempre sospechaba de la Iglesia por ser la única entidad en Rusia cuya base de apoyo independiente, bastante numerosa, podía ser movilizada con relativa rapidez. El caso Pussy Riot le ha dado al Kremlin un pretexto para poner a prueba la lealtad de la jerarquía ortodoxa al régimen político. Los primados han pasado con nota este examen, por así decir, pero a costa de perder el apoyo de la intelligentsia rusa y de ligar estrechamente su futuro al de Putin. Podría parecer una apuesta segura a corto plazo, pero se empiezan a arremolinar nubes en el horizonte del Kremlin y el clima político ruso se presenta cada vez más cambiante.

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Pussy Riot

En tercer y último lugar, el juicio a Pussy Riot muestra que la propia sociedad rusa está dividida. La minoría que quiere cambios en el país es pequeña pero cada vez se organiza mejor. La mayoría prefiere mantener el status quo, pero es pasiva: le costaría mucho más organizarse. Esta grieta no se va a cerrar próximamente, por el contrario, se irá haciendo más y más profunda con los años.

 Konstantin Eggert es comentarista y locutor de radio Kommersant FM, la emisora rusa de noticias 24 horas. En los años 90 fue corresponsal diplomático de “Izvestia” y, posteriormente, editor de la delegación moscovita de BBC Rusia. También ha desempeñado el cargo de vicepresidente de ExxonMobil en Rusia. Fue nombrado Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.