La Cámara Baja del Parlamento ruso (Duma) aprobó el viernes 13 de julio una polémica ley que obligará a las ONG que tengan financiación extranjera y algún tipo de actividad política a ponerse la etiqueta de 'agentes extranjeros', un concepto que en la mentalidad rusa se asocia al de espionaje.

 

En una maratoniana sesión, la última antes de las vacaciones, la Duma constituida tras las elecciones legislativas de diciembre aprobó en segunda y tercera lecturas con 374 votos a favor, 3 en contra y una abstención (de un total de 450 diputados) la ley impulsada por el partido oficialista Rusia Unida, y que contaba con el apoyo de comunistas y de los populistas del Partido Liberal Demócrata.

 

En cuanto la ley entre en vigor, que todavía tiene que ser ratificada por la Cámara Alta del Parlamento y posteriormente firmada por el presidente, Vladímir Putin, las organizaciones que cuenten con fondos extranjeros y que realicen alguna actividad que se considere política tendrán que inscribirse en un registro especial del Ministerio de Justicia, cada año tendrán que pasar una auditoría económica y cada seis meses tendrán que presentar un informe detallado sobre su actividad.

Además, cuando estas organizaciones difundan información en la prensa, televisión o internet tendrán que indicar que 'cumplen la función de agente extranjero', un concepto que muchos rusos, influidos por el pasado soviético, asocian con el espionaje y la injerencia exterior. El criterio para considerarlas políticas, según la ley, se basará en si realizan acciones que tengan como objetivo influir de alguna forma en la toma de decisiones del poder o crear opinión pública.

 

Si las organizaciones no cumplen con la nueva normativa del registro podrán ser multadas o incluso recibir penas de trabajos correccionales o de hasta dos años de cárcel. Según la ley, estas penas serán un poco más duras en caso que las organizaciones inciten a la población a 'negarse a cumplir con las obligaciones ciudadanas o a cometer acciones ilegales'.

 

La élite dirigente actual y sobre todo Putin, a menudo recorre en su retórica a la amenaza del enemigo exterior que quiere la desestabilización de Rusia. Por ejemplo, durante las manifestaciones contra el Kremlin que siguieron a las elecciones legislativas de diciembre, Putin, acusó a la Secretaría de Estado norteamericana de incitar las protestas.

 

El Ministerio de Exteriores ruso calificó de “intento totalmente fuera de lugar, de injerencia exterior en la actividad de los organismos estatales rusos” las críticas que representantes del Departamento de Estado de EE UU habían hecho a la nueva ley de ONG así como a las enmiendas a la ley de información.

 

 Diferentes opiniones


Los autores de la ley insisten que ésta es una forma de proteger a los ciudadanos rusos de la actividad de organizaciones que defienden los intereses de estados extranjeros. Alexánder Sidiakin, miembro de la fracción de Rusia Unida en el parlamento y uno de los autores de la ley de ONGs, en una entrevista a la emisora Eco de Moscú relacionó la adopción de la nueva ley con las protestas que han sacudido Rusia.

 

Sidiakin explicó que el país había pasado “un ciclo electoral bastante difícil el año pasado con acciones de protesta donde vimos de qué forma algunas ONG usurpan la opinión pública porque dan su opinión como si fuera de los ciudadanos del país”. El diputado insistió que quieren mostrar que “estas ONG, que actúan con dinero extranjero, no representan todo el espectro de la opinión pública del país”.

 

Antes de la aprobación de la ley Sidiakin ya avanzó que la Asociación de defensa de los derechos de los electores Golos (que en ruso significa voz y voto) sería una de las que se incluiría en la lista de 'agentes extranjeros'. Según el diputado, Golos recibió más fondos extranjeros el año 2011 para desacreditar el proceso electoral ruso. Durante el ciclo electoral 2011-2012 los observadores de Golos elaboraron un completo mapa donde se informaba de las irregularidades electorales registradas a lo largo del país y la organización fue víctima de presiones. Transparency International, organización que combate la corrupción, es otra de las entidades que tendrá que inscribirse en el registro especial.

 

Mijaíl Fedotov, el presidente del Consejo para los derechos humanos y desarrollo de la sociedad civil, una entidad adscrita al presidente de Rusia, se opuso a la adopción de la ley así como numerosos defensores de los derechos humanos que consideran que es una medida anticonstitucional y antidemocrática y que tiene por objetivo silenciar la crítica al Kremlin. Además, los activistas alertan que con su aplicación se terminarán cerrando muchas ONGs.

 

El politólogo y exdiputado de Rusia Unida, Serguéi Márkov, en cambio, calificó la ley de “muy correcta” porque “uno de los objetivos es evitar que haya ONGs politizadas que funcionen con dinero extranjero”. Además, Márkov lamentó que en el Consejo para los derechos humanos “haya tanta gente que se haga llamar defensores de los derechos humanos cuando en realidad ya hace tiempo que se convirtieron en políticos”.

 

Liudmila Alexéyeva, presidenta de la organización de derechos humanos más antigua de Rusia, el Grupo Moscú-Helsinki, anunció el viernes que “el día que la ley entre en vigor, renunciaremos a las becas extranjeras” como forma de protesta contra la nueva medida que califica de “humillante” y que su organización se niega a cumplir. Además, Alexéyeva insiste que el Grupo Moscú-Helsinki, al igual que muchas otras organizaciones que caerán en la lista de “agentes extranjeros”, no se dedican a hacer política sino “sólo defienden los rusos cuando se violan sus derechos”.

 

El jefe del 'Comité contra la tortura', Ígor Kaliapin, también anunció que no registraría su organización porque está en contra de una ley que ve “como un intento de golpear nuestra reputación”. El activista denunció que “es una forma especial de burlarse, al igual que obligaban a los judíos del gueto a ponerse una estrella amarilla, nosotros tendremos que ponernos la marca de agente extranjero, estoy categóricamente en contra”.

 

Durante la sesión de la Duma que aprobó la ley se enumeró qué tipo de organizaciones no serían sometidas a la nueva ley de ONG. Quedarán fuera las que se dediquen actividades relacionadas con la ciencia, cultura y artes; las que tengan que ver con la salud y apoyo social a los ciudadanos; las que se dediquen a la defensa de la maternidad y la infancia así como las que hagan propaganda de un modo de vida saludable y del deporte; las que defiendan el mundo animal y vegetal y las de beneficencia.

 

Además, y tras el debate que la poderosa Iglesia Ortodoxa Rusa podría caer en la lista negra porque recibe dinero de personas extranjeras, también se excluyeron las organizaciones religiosas registradas y las organizaciones que dependan de las corporaciones y compañías estatales.