Desde el jueves 21 de junio, la policía boliviana se encuentra amotinada en diferentes cuartales y protestando por las calles de las principales ciudades del país. Entre sus proclamas se encuentran   las exigencias de mejoras salariales y de las condiciones de su trabajo. Unas reivindicaciones que ya se producían desde hace meses y que en un inicio se resumían en cuatro puntos: salario mínimo de 2.000 bolivianos (unos 9.500 rublos), cambios en la ley disciplinaria, una jubilación del 100% del último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías.

 

A lo largo de la jornada del domingo, varios representantes policiales y el Gobierno llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto, pero las bases policiales no lo aceptaron y desde entonces se incrementaron las protestas y acciones policiales.

 

“La mayor parte de la población afirma que la policía gana poco y para tener una buena policía hay que pagar bien. Con salarios de hambre, pues o se resignan a ver morir a sus hijos de hambre o como dicen los mexicanos no les queda otra que aceptar la mordida”, explica a Rusia Hoy Juan Capriles, representante de la Asociación Latinoamerica-Rusa en Bolivia. Esta institución tiene la misión de incentivar la amistad e intercambio cultural entre los países latinoamericanos y entre estos con Rusia.

 

Desde el momento en que las bases policiales no aceptaron el acuerdo al que llegaron el domingo sus representantes con el Gobierno, varios miembros del Ejecutivo de Evo Morales, entre ellos el vicepresidente Alvaro García Linera, denunciaron que detrás del motín existen intereses golpistas, como ya sucedió en septiembre de 2010 en Ecuador.

 

Incluso la embajada boliviana en Rusia ha denunciado que en las próximas horas se produciría un golpe de Estado: “Este es claramente un acto de sedición con intereses políticos que busca la desestabilización del orden institucional del país con el inminente riesgo de la toma del palacio de gobierno en las siguientes horas”, como se puede leer en una nota de prensa de la embajada boliviana dirigida a la prensa moscovita.

 

También desde el domingo, los movimientos sociales afines al Gobierno decidieron salir a la calle en las principales ciudades del país para mostrar su apoyo y fidelidad al proceso de cambio que encabeza Evo Morales.

 

Durante el lunes, las principales ciudades bolivianas vivieron este tipo de movilizaciones que acabaron con agresiones policiales en La Paz, junto al Palacio de Gobierno. Hoy no se han producido movilizaciones afines al Gobierno, pero los movimientos sociales más cercanos no descartan acudir a La Paz para mostrar su apoyo.

 

La rutina continúa 

 

A pesar de todo ello, en las calles de las principales ciudades bolivianas se vive todo con normalidad y la mayoría del comercio y del transporte se encuentran funcionando como es habitual. “Le estamos atendiendo por teléfono, ¿no? Eso es una muestra de que estamos trabajando en nuestras oficinas como cualquier día”, explican desde la ciudad de Santa Cruz trabajadores de Gazprom a este periódico. Eso sí, desde la empresa de hidrocarburos prefieren no hacer ningún tipo de declaraciones, ya que argumentan nunca se inmiscuyen en la actualidad política de ningún país.

 

Por su parte,  Alexéi Sazonov, embajador ruso en Bolivia, no ha realizado ninguna declaración pública desde que empezó el motín policial.

 

El representante en Bolivia de la Asociación Latinomerica-Rusa explica: “En realidad todo sigue igual que cualquier día, simplemente que en la mayoría de calles no se ve ningún policía. En Oruro, vivimos una realidad creo idéntica a la del resto del país. Seguimos a la espera de las negociaciones entre policías y Gobierno”.

 

Unas negociaciones que en la noche del lunes se reanudaron después del bloqueo de las bases policiales tras el primer acuerdo. De momento no se sabe nada de estas conversaciones, ya que a su fin ninguna de las dos partes hizo declaraciones y en torno a las 10 horas de ayer se iban a reanudar.

 

De esta forma, los intereses rusos en Bolivia no se encuentran en entredicho por el motín policial, otra situación diferente se podría producir si estallase un golpe de Estado o una insurrección similar.

 

A pesar de esta tranquilidad que se manifiesta en las calles bolivianas, en la tarde noche del lunes en Santa Cruz hubo rumores sobre la toma de instalaciones petrolíferas por parte de la policía. Por ello, cientos de personas se dirigieron a las gasolineras a rellenar combustible en previsión de un desabastecimiento. Horas después era el ejército boliviano quien tomaba estás instalaciones para garantizar el suministro de gasolina.

 

Otro sector que ha vivido pequeños incidentes es el bancario, ya que al quedarse sin protección policial en algunas entidades han decidido modificar sus servicios habituales. Pero quién más ha modificado su rutina diaria han sido algunas instituciones oficiales, que se encuentran clausaradas en La Paz, como son la Cancillería, el Palacio de Gobierno o la Asamblea Legislativa, como confirmaba esta mañana la ministra boliviana de comunicación, Amanda Dávila. Además Davila denunciaba el atentando sin daños personales que ha sufrido la Asamblea Legislativa en La Paz y Radio Bolivia en Oruro.

 

Los mayores momentos de tensión por el amotinamiento policial se han vivido en La Paz, donde estaba previsto que llegara una marcha de indígenas para denunciar la destrucción de una reserva natural al construir una carretera. Pero, estos han decidido retrasar su entrada para no causar más problemas al Gobierno y no ser acusados de formar parte de la intentona golpista.

 

Incluso, la ministra Dávila llegó a denominar el intento de golpe de Estado que estaría en marcha, según fuentes gubernamentales, como 'Operación Tipnis'. Se trata del nombre del parque que atravesaría la carretera y el conflicto social y medioambiental que más rechazo social ha tenido desde que Evo llegara a la presidencia del Gobierno en 2006, junto al 'gasolinazo' de diciembre de 2010, por el que el Gobierno pretendía subir el precio de la gasolina y el gasoil.