Una nueva figura pública

“Para ver más allá, hay que estar sentado más alto”, así comenzó Vladímir Putin su intervención en el Foro Rusia 2012. La posición del primer ministro y candidato a la presidencia, parece lo suficientemente alta como para ver el futuro de la economía global y el lugar que Rusia ocupará en ese escenario.

“Rusia es uno de los cinco países con más potencial para atraer inversiones extranjeras y, sin embargo, ocupa el vergonzoso puesto 120 respecto al clima que ofrece para las inversiones”, ha declarado, proponiendo inmediatamente un objetivo concreto: mejorar 100 puestos de golpe, es decir, hasta alcanzar la vigésima posición, en la lista del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional. El principal salto que tendrá que dar Rusia consiste en elevar la eficacia de su industria, para ello es imprescindible aumentar el nivel de seguridad para los emprendedores. La protección del mundo empresarial será confiada a un Defensor del Pueblo especializado, que velará por los derechos de los emprendedores y tendrá un estatus jurídico especial.

A finales de 2010, apareció la figura del Defensor del Pueblo para asuntos financieros, cuyas obligaciones incluían solucionar los conflictos entre los ciudadanos rusos y las estructuras financieras. El ámbito de actividad de la nueva figura propuesta será mucho más amplio. Sus objetivos principales consistirán en defender los intereses de los empresarios ante los tribunales, estudiar sus quejas y formular sugerencias para los organismos públicos. Además, tendrá derecho a introducir moratorias a las actas normativas ministeriales hasta la publicación de la sentencia judicial correspondiente y, como medida de garantía, dirigirse a los tribunales para frenar operativamente las acciones de las autoridades. Es decir, el Defensor del Pueblo defenderá a los emprendedores frente a los funcionarios.

Los expertos todavía no hacen predicciones acerca de la posible escalada de Rusia en la lista de países con las mejores condiciones para la actividad empresarial. Gracias a la figura del Defensor del Pueblo, los pronósticos son más concretos: si las autoridades se muestran ágiles en llevar a cabo esta idea, podría empezar a trabajar en los próximos tres meses.

Tanto el mundo empresarial como los economistas valoran positivamente esta propuesta, lo cierto es que el país necesita un Defensor del Pueblo para los derechos de los emprendedores. Sin embargo, tanto unos como otros muestran dudas respecto a la capacidad de una sola persona para cambiar radicalmente el sistema. “Claro que se necesita una figura de este tipo”, admite Vadim Dímov, propietario de una cadena de plantas cárnicas. Pero inmediatamente añade: “Aunque me parece evidente que en un país donde el porcentaje de pequeñas y medianas empresas es muy bajo en comparación con otros, los derechos y los intereses de los empresarios tienen que defenderlos, en primer lugar, las fuerzas del orden público”.  Según el empresario, el estado ya cuenta con un arsenal de instrumentos suficiente como para defender a los emprendedores, pero su aplicación no es eficiente.

Según el columnista del diario Kommersant para temas económicos Dmitri Butrin, las modificaciones de la práctica judicial podrían mejorar considerablemente las condiciones para la actividad empresarial. Desde su punto de vista, la introducción del cargo del Defensor del Pueblo es un paso útil pero temporal. “Cuando uno no puede andar bien con sus dos piernas, coge un bastón por un tiempo y se apoya en él, pero en esas circunstancias nunca diría: “¡Qué bien, he encontrado un bastón, ya no hace falta que me cure las piernas”, explica Butrin.

Sin embargo, el propio Vladímir Putin no se niega a curar el sistema judicial y de orden público. El primer ministro propone acelerar al máximo los procedimientos judiciales referentes a la actividad empresarial y, al mismo tiempo, aumentar los plazos de presentación de recursos judiciales. Además, Putin propuso eliminar del código penal “todos los rudimentos de la conciencia jurídica soviética, es decir, todos los pretextos que permiten convertir un litigio económico en una causa penal contra uno de los participantes en el conflicto”. Sin embargo, los expertos tienen dificultades para pronosticar hasta qué punto y cuándo podrán hacerse realidad estas propuestas.

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