La abogada Natela Panomareva cuenta desde su despacho de San Petersburgo, que según el artículo 242.1 de la Constitución de la Federación de Rusia, la ley contempla como delito el abuso en sí, y no especifica más, por lo que , legalmente, el consumo de pornografía infantil está dentro de la ley. También se estipula como delito la explotación comercial de este material, en el caso de que los padres del menor o una organización se lucren con ello. Por ello, teniendo en cuenta que los vídeos de pornografía infantil son expuestos junto a “banners” de publicidad, podría entenderse, según Panomareva, que Vkontakte los utiliza con ánimo de lucro, por lo que “legalmente podría procederse a su cierre, como el gobierno hace con las webs extremistas o terroristas”, asegura. Para esta abogada “la pornografía infantil en Internet tiene el peligro de que estimula a los pedófilos “latentes”, aquellos que nunca se habrían planteado la posibilidad de realizar sus fantasías, y que ven, gracias a Internet, que es posible”.

Según esta abogada peteburguesa, la posibilidad de aplicar la “castración química” para los pedófilos planteada por Pavel Astájov, defensor del menor en Rusia, y Yevugueni Bunimovich, defensor del menor de la región de Moscú y que parece contar con el apoyo del Kremlin, está lejos de poder llevarse a cabo, ya que implicaría profundos cambios constitucionales y legislativos. Por otra parte, Panomareva no termina de dar crédito a los resultados presentados por “Internet Wach Fundation” ( IWF) , según el cual el 20% de los abusos contra menores cometidos en el mundo y publicados en Internet son de origen ruso, aunque para la abogada “es evidente que la pobreza de las áreas rurales del interior de país es un caldo de cultivo para aquellos que pretenden explotar a los menores”. En este punto es fundamental, según Panomareva, que el estado garantice la seguridad de los menores sin padres, sin recursos o con problemas psíquicos, los más vulnerables ante los depredadores sexuales.

Yuri Sobolev es un joven informático ruso especializado en redes sociales: “VK es internacional, y tiene parte de sus servidores localizados en Londres, pero es un secreto el paradero del grueso del servidor”. Para Sobolev está claro : “la publicidad y sus ingresos, hacen responsable a VK de los contenidos que se publican. Si VK no detiene esto es por que hay intereses en que así sea”. Sobolev cree que uno de los motivos de que la pornografía infantil esté tan presente en VK y en la red rusa en general es la barrera idiomática, ya que una persona que no domine, o al menos pueda escribir en ruso, no podrá acceder a los contenidos, por lo que la posibilidad de denunciar esto se reduce a los ruso hablantes y, según Sobolev, “los rusos no quieren tener contacto con la policía. Un ejemplo es que en VK no existe la posibilidad de denunciar contenidos, al contrario que en Facebook, que se rige por normativas internacionales y que podría tener problemas si permitiese contenidos de este tipo”.

Sobolev cree que hay diferentes posibilidades de frenar este fenómeno; no permitir la subida de vídeos al perfil del usuario, tener la opción de denunciar los contenidos y aumentar el número de moderadores (aquellos encargados en filtrar los contenidos) que Sobolev cifra en una treintena, algo insignificante para los millones de usuarios que acceden diariamente a VK y que constantemente suben archivos de audio, foto y video a sus perfiles. Ante la eventualidad de que Moscú cambie la legislación actual y declare ilegal el consumo y la descarga de pornografía infantil, Sobolev asegura que entonces se podrá actuar, ya que los datos de los perfiles, aunque el usuario los borre, no desaparecen, por lo que podría rastrearse su tráfico de información y dar con ellos. Para este joven profesional, en este caso “VK muestra un claro desinterés por lo moralmente correcto”, punto en el que coincide con la opinión de un periodista de Fontanka.ru, que prefiere omitir su nombre : “Este es un problema de responsabilidad social de las empresas”.

Rusia cuenta con un departamento especial para la lucha contra los crímenes cibernéticos, el Grupo-K, con base en Moscú y un pequeño subgrupo en San Petersburgo. Oleg trabaja para estos últimos, es programador de profesión y se encarga de acceder a los ordenadores de los encausados. “El Grupo-K apenas actúa contra la pornografía infantil, no es delito, por lo que no se persigue”. Además, asegura Oleg, el grupo cuenta con escasos medios y se centra en crímenes económicos. Así, recuerda, “una vez encontramos una ingente cantidad de pornografía infantil en los discos duros de un detenido por fraude, todo aquél material fue desestimado, pues no se trataba de un delito”.

Oleg asegura que tendrían problemas en caso de querer bloquear el acceso a la red social, ya que “VK prefiere localizar sus servidores en el extranjero para evitarse problemas con las autoridades rusas”. Para este informático, aún contando con una ley que persiga la pornografía en Internet “los actuales medios son insuficientes, ya que el Grupo –K está saturado, y Rusia no cuenta con informáticos con la experiencia necesaria. Los chinos sabrían hacerlo, nosotros no”.

Según Oleg el 30% de la pornografía infantil en la red lo producen los propios menores, que esperan poder obtener beneficios económicos mediante páginas en Internet donde reciben una suma por cada visionado. También según Oleg, casi el 50% de lo subido a la red rusa proviene de Ucrania. “Todo se reduce a la responsabilidad, en la red rusa tan sólo el buscador Yandex trabaja con responsabilidad, el resto acepta cualquier material que les de acceso a usuarios, a publicidad, por tanto a dinero”.

Desgracidamanente, este material no se reduce a las redes sociales. En los últimos tres años han proliferado las páginas pesudo artísticas, que pretenden camuflar la pornografía entre una amalgama de moda y arte. En estas webs, niñas eslavas son explotadas sexualmente. Para acceder al contenido más explícito el usuario ha de pagar. Contra estas redes países como España, gracias a su legislación, actúan de manera periódica, deteniendo y encarcelando a aquellos que las visitan o bajan los archivos. En cambio, en Rusia, al no tratarse de un delito tipificado, depende tan sólo del criterio moral de los usuarios y de los servidores, los únicos que, a día de hoy, pueden poner coto a esta lacra.